En los últimos meses, algunos políticos en Estados Unidos y en España han comenzado a culpar a las personas migrantes del aumento de casos de COVID 19. En Latinoamérica, se observa un discurso similar.
“Amigos con Derechos”, el podcast del IDEHPUCP, abordó ese tema en el cuarto episodio de la temporada considerando la siguiente pregunta: ¿cuál es el peligro real del discurso de odio en una sociedad que atraviesa por una crisis sanitaria, económica y social de gran envergadura?
En el primer bloque conversamos con Raisa Ortiz, graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo, quien hizo hincapié en la necesidad de dejar de entender a la xenofobia como un fenómeno motivado por la pandemia. Según Ortiz, esta manifestación discriminatoria es usada desde 2017 como estrategia política por ciertos gobiernos.
Sin embargo, aclaró que la actual situación acrecentó la discriminación hacia los y las migrantes. De acuerdo con Ortiz, “la pandemia viene en un contexto donde el otro (el extranjero) es caracterizado como una amenaza”. Esta condición, señala, se evidenció con el cierre de las fronteras, la cual terminó afectando a la clase migrante más vulnerable, pues ante la falta de un permiso de ingreso legal los migrantes tuvieron que optar por la forma irregular y riesgosa.
Siguiendo con Ortiz, el Acuerdo de Mercosur firmado por Argentina y Uruguay, entre otros países, implica la facilidad de los y las ciudadanas de esos países al ingreso sin ninguna explicación. El cierre de fronteras, en contraste, dificulta la cooperación internacional y la articulación de medidas sanitarias conjuntas. La investigadora concluyó su participación señalando que nuestra región nunca pudo erradicar la xenofobia y que esta manifestación discriminatoria terminó institucionalizada en forma de políticas públicas.
En el segundo bloque, conversamos con Joao Casagrande, especialista en migraciones, refugio y apatridia de la Organización de Estados Americanos (OEA). De acuerdo con el especialista, el rol de cooperación internacional resulta fundamental en el contexto de crisis actual.
Si bien entiende que las autoridades de cada país pueden tomar la decisión de cerrar o no sus fronteras, para él eso no es una excusa para establecer medidas de exclusión contra población migrante, refugiada, desplazada, etc. “Cuando vemos que en los discursos se exalta la idea de que «debemos aislarnos» de todo. Hay una desconexión entre las políticas y las acciones que realmente pueden ser efectivas”.
Finalmente, Casagrande indicó que la consecuencia de no aplicar mecanismos para armonizar la realidad será la aparición de barreras documentales que producirán apatridia y falta de acceso al registro civil independientemente de la nacionalidad de las personas migrantes.
