En el año 2015, los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta que guiaría el trabajo de los 193 países miembros en aras de la sostenibilidad social, económica y ambiental. De manera concreta, lo que plantea esta agenda son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno con metas específicas para el año 2030. Los ODS reemplazan a los antiguos Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000, los cuales estaban limitados a ciertos temas y dirigidos principalmente a las acciones que podrían adoptar los países en desarrollo. Los ODS resultan un avance al respecto dado que tienen como centro mejorar la calidad de vida y se dirigen a todos los países del mundo.
Si bien los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Cada país tiene la responsabilidad de recopilar la información necesaria para el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de estos objetivos. La Agenda 2030 se supervisará y examinará a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, mientras que los gobiernos también elaborarán sus propios indicadores nacionales para colaborar en el seguimiento.
En el caso del Perú, se presentó un primer Informe Nacional Voluntario del año 2017, en el cual se compartieron los avances iniciales para implementar la Agenda 2030. En el documento, el gobierno se compromete también a la elaboración de informes anuales para dar cuenta de los avances respecto a los ODS desde las experiencias de la sociedad civil y el Estado. El Centro Nacional de Planteamiento Estratégico (CEPLAN) es la entidad punto focal para la Agenda 2030, que colabora en el proceso de incorporarla en el planteamiento estratégico del Estado y en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).
Desde la sociedad civil, el pasado 17 de julio se realizó un evento organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras plataformas para conocer más sobre la Agenda 2030. En este espacio, resaltó la necesidad de difundirla adecuadamente a nivel nacional para que en todas las regiones se conozcan sus implicancias. Asimismo, se evidenció que se debían fortalecer los mecanismos y/o plataformas estatales para incorporar efectivamente las experiencias de la sociedad civil, el sector privado y la academia.
Los ODS tienen una relación estrecha en materia de empresas y derechos humanos. Aquellos más relacionados con el tema son el Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), el Objetivo 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) y el Objetivo 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles).
Actualmente, un problema común a los tres es la aún insuficiente cantidad de indicadores que permitan al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) medir, a través de su Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los ODS (Sistema de Monitoreo y Seguimiento), los avances en esta materia. En efecto, muchos de los indicadores que evalúan a las empresas se encuentran en construcción o simplemente no tienen datos. Por ejemplo, en el Objetivo 9, el indicador relativo a modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, todavía se encuentra en construcción.
A pesar de esta dificultad, se cuenta con algunos datos. El SDG Index and Dashboards Report 2018 es un estudio elaborado por Bertelsmann Sitfung y the Sustainable Development Solutions Network, que evalúa el desempeño los países en la implementación de los ODS. Perú se encuentra en la posición 64 de 156 en el índice. Según este estudio, en el Perú persisten desafíos significativos en relación a los Objetivos 8 y 12, y permanecen los principales retos respecto del Objetivo 9.
Sobre el Objetivo 8, el Sistema de Monitoreo y Seguimiento evidencia que uno de los principales problemas continúa siendo la informalidad en el empleo. Al 2016, el porcentaje de empleo informal no agrícola era de 63.8%. En relación al Objetivo 12, destaca como un primer paso hacia el cumplimiento de una de sus metas, la publicación por parte de algunas empresas de Reportes de Sostenibilidad Corporativa. Cabe señalar que desde diciembre de 2015, la Superintendencia de Mercado de Valores solicita este tipo de informes a todas las empresas con valores inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores.
En suma, se están dando los primeros pasos hacia la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, resulta necesario reforzar los esfuerzos para lograr su efectivo cumplimiento. En materia de empresas y derechos humanos, una de las principales dificultades es la ausencia de información que permita conocer el estado de la cuestión para poder plantear las acciones que se deben tomar en adelante.
