Escribe: Iris Jave (*)
Este nuevo aniversario patrio nos acerca a los 200 años de nuestra independencia. En esta fecha conmemoramos la lucha por la libertad del dominio colonial y la autonomía de una naciente república, y recordamos también las confrontaciones con que nace la república peruana: se proclamaría la primera carta constitucional con un parlamento formado por una élite que no toma en cuenta a la población indígena y un territorio que aún es escenario de guerras internas entre caudillos y tropas realistas. Esa desarticulación y esa exclusión nos han acompañado en estos 200 años y aún estamos lejos de revertirla. Según el Registro Único de Víctimas del periodo de violencia reciente en el país (1980-2000), cerca de 200 mil personas siguen esperando la reparación de sus derechos a la salud, la educación o la vivienda y, más ampliamente, un reconocimiento de su condición de ciudadanas.
En un país cuyos 100 primeros años de vida republicana se desenvolvieron en medio de conflictos internos y golpes de estado, llegar a los 200 años sin resolver la deuda pendiente con nuestras víctimas del último conflicto interno es un severo llamado de atención a nuestra memoria colectiva.
«Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la mayoría de las víctimas del CAI (75%) era pobre, provenía del campo y tenía como lengua materna el quechua.»
El Santuario de la Memoria La Hoyada (Ayacucho), declarada obra emblemática con miras al Bicentenario de la independencia de la República, constituye un espacio de reconocimiento del Estado a sus ciudadanas y ciudadanos que perdieron algún familiar durante la guerra interna. Este espacio, ubicado al lado del antiguo cuartel Nº 51 BIM, conocido como Los Cabitos, guarda terribles y tristes historias. De acuerdo con las investigaciones judiciales y con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre los años 1983-1985 fueron enterrados en el terreno adyacente a esta instalación militar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada y asesinato. Desde el año 2005, el Ministerio Público ha recuperado los restos óseos de 109 personas aproximadamente, entre hombres, mujeres y niños, de las cuales hasta la fecha se ha identificado solamente a once. En ese terreno se encuentra también el horno que habría servido para la incineración de los cuerpos con el fin de evitar su posterior identificación.
Este lugar constituye una enorme, y certera, representación simbólica de los costos de la exclusión y la confrontación en nuestra sociedad. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la mayoría de las víctimas del CAI (75%) era pobre, provenía del campo y tenía como lengua materna el quechua. Ese factor de exclusión y de agresión hacia nuestra propia población indígena es permanentemente cuestionado y aunque se intenta revertirlo aún prevalece en ciertos sectores. El Santuario pretende ser preservado como un testimonio de la desaparición y asesinato de decenas de personas durante estos años, pero también como un lugar de construcción de identidad y autorreconocimiento de la población. Se trata, en particular, de las socias de la ANFASEP, mujeres que al perder a sus esposos o hijos, asumieron una lucha constante para encontrar a sus seres queridos.
Estas mujeres buscan dar cuenta de su historia, sus demandas y su vínculo con la comunidad y el entorno. Crear un espacio de memoria implica generar una representación de acontecimientos, de historias, de testimonios a través de objetos o de lugares (sitios), y sobre todo conlleva un enorme sentido pedagógico. Así, para la ANFASEP, mirarse en esa historia se convierte en un desafío cuando buscan proyectarla a nuevas generaciones planteando el recuerdo -el hacer memoria- como un diálogo, como un espacio de participación, de interacción y de reconocimiento entre actores diversos a partir de su propia identidad como víctimas y, sobre todo, como ciudadanas.
En ese sentido, la lucha de las mujeres ayacuchanas por su reconocimiento como ciudadanas que han sido víctimas en un conflicto armado tiene un horizonte histórico incluso mayor: aunque la historia no se repite, en el Perú los periodos históricos no se cierran del todo: estas mujeres son la continuación de una lucha por la inclusión, incluso por el reconocimiento de su presencia física, de su imagen, de su voz, dos siglos después de fundado el Perú como Estado independiente.
(*) Investigadora, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos y miembro del comité directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).
