Basta repasar las noticias de hoy para saber que uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es la corrupción. Esta se pone de manifiesto en todas las esferas de poder y podríamos decir que conviven entre nosotros desde siempre. Es claro que esta conducta ilegal la identificamos también en todas las actividades cotidianas, desde el momento que alguien quiere pagarle a un policía o agilizar un trámite fuera de la ley.
Si en este sistema de impunidad y poder se le suma un problema social como la violencia de género, nos encontraremos en una situación más grave, la cual vemos retratada diariamente en los medios: pasividad en los procesos, prejuicios constantes e incluso absolución de los acusados.
Unir estos dos problemas es lo que se ha buscado en la publicación de «Género y Corrupción«, observar cómo la corrupción en la administración de justicia impacta de una forma distinta a las mujeres y cómo ellas se encuentran en un espacio de mayor vulnerabilidad solo por el hecho de ser mujeres.
El día de ayer, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), presentó este libro, elaborado por: Marcela Huaita, investigadora asociada del Idehpucp y especialista en temas de género; Rafael Chanjan, abogado e investigador principal en temas de lucha contra la corrupción del Idehpucp y la colaboración de María Alejandra Saravia, politóloga de la PUCP.
La publicación fue comentada por nuestra directora Elizabeth Salmón y la jueza Susana Castañeda. Asistieron además la Dra. Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia; la ex ministra de la Mujer, Ana María Mendieta; Gladys Acosta, vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas; la congresista electa Arlette Contreras y diversas organizaciones afines.
Marcela Huaita inició la presentación del libro a partir de famosos casos donde observó cómo distintas redes de corrupción en el Poder Judicial operaban en las diferentes unidades judiciales, donde jueces supremos, abogados y fiscales ejercen poder por sobre las mujeres y en base a sus prejuicios influyen en las decisiones judiciales.
La investigadora detectó que existe prejuicios donde pocas son las mujeres que lideran las instancias superiores de justicia. Además, se le ha dado una preferencia a que sean las mujeres elegidas para las salas familiares.
Un aspecto con alta relevancia es la situación de vulnerabilidad tanto en mujeres como niñas quienes son las más afectadas en este sistema de justicia patriarcal. Huaita indica que las mujeres tienen un menor conocimiento sobre sus derechos y, lo que es más grave, menor posibilidad de evitar actos de corrupción.
La investigadora enfatizó que la corrupción rompe el vínculo de igualdad, al privilegiar intereses sobre otros. No solo se observa responsabilidad penal por delitos contra la administración pública como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito; sino que esta incidencia es particularmente reiterativa y sensible en los casos de chantaje y acoso sexual cuando el acusado es un servidor público.
Entre los principales hallazgos de la investigación se destacó una fuerte predominancia de roles y estereotipos en el sistema de justicia. Por ejemplo, se observó que, mientras se ve a los hombres como personas influyentes e importantes, la imagen de las mujeres dentro es considerada como las encargadas de seducir a otros hombres para lograr sus objetivos.
Esta idea de que la mujer dentro del aparato de justicia es un objeto conlleva a situaciones donde a las subalternas se le exige favores sexuales o se le chantajea sexualmente a cambio de ser nombradas a cargos superiores. Esto ocurre incluso con las litigantes, donde se les pide tener relaciones sexuales para que su caso “se resuelva rápido” o que salga a su favor.
Es así que a las mujeres se les considera en esta red de corrupción como un medio de pago. Son tratadas como un bien transable. La investigación realizada da cuenta de que estamos dentro de una estructura de discriminación por razones de género.
«El estudio de los casos que se presentan evidencia la grave situación que atraviesan las mujeres ante el sistema de justicia y que marca un punto de partida para realizar más investigaciones.»
¿Qué es lo que se debe hacer? Es la gran pregunta. En realidad, hay varias iniciativas. Primero, hay que aceptar que el machismo está muy arraigado en todo el sistema de justicia. Que la solución no está solo en endurecer y replantear las normas, sino que debe analizarse como un problema social y político.
Una forma de ir resolviendo los casos es tener a priori un marco de Derechos Humanos para mejorar los marcos interpretativos. Cumplir con proteger más a niñas y adolescentes y la necesidad de delimitar los delitos de chantaje y acoso sexual, en especial con la actuación de los funcionarios públicos.
En el evento también se contó con los comentarios del Profesor Rafael Chanjan, coautor de la investigación, quien refirió que el tema de la lucha contra la corrupción debe realizarse utilizando un enfoque de derechos humanos y de género. Conforme lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres -en tanto grupo en especial situación de vulnerabilidad en nuestra sociedad- se ven especialmente afectadas por este flagelo. Señaló que ello es evidente, por ejemplo, en algunos casos de trata de personas en los que está de por medio la operatividad de organizaciones criminales que corrompen a operadores de justicia para perpetuar la situación de violación de derechos fundamentales de las mujeres víctimas.
Por su parte, la Dra. Susana Castañeda desatacó la realización de la publicación, señalando que contribuye al debate académico sobre la intersección de estos dos fenómenos: género y corrupción. De esta manera, señaló que el estudio de los casos que se presentan evidencia la grave situación que atraviesan las mujeres ante el sistema de justicia y que marca un punto de partida para realizar más investigaciones que, entre otros temas, pueda delimitar de mejor manera la aplicación de las figuras penales de corrupción y las de chantaje y acoso sexual con la finalidad de evitar espacios de impunidad.
Tras la presentación del libro, conversamos con la congresista electa Arlette Contreras quien recalcó la importancia de reforzar el enfoque de género en la lucha contra la corrupción. La congresista consideró que muchas de las mujeres sufren la corrupción tanto en el sistema judicial como en otros sectores del Estado. El problema no solo es la burocracia, indicó, sino que en muchos casos y denuncias hay imposibilidad de acceder a la justicia y se debe a que hay corrupción de por medio “Hay que tener una perspectiva diferente y manejar todas estas reformas que estamos avanzando dentro del país también desde una perspectiva de género”.
Contreras enfatizó en la gran cantidad de denuncias que no llegan a atenderse de la manera correcta. El problema de la violencia, no solo se observa en el Poder Judicial sino también en distintos poderes del Estado. “Es importante enfatizar y trabajar con enfoque de género en distintos sectores más aún cuando se habla de la lucha en contra de la corrupción”.
Por su parte, la exministra de la Mujer Ana María Mendieta – quien estuvo en el evento – nos comentó la importancia de este libro que es «para todas y todos» los que deseen comprender más sobre cómo cada acto que realizamos tienen efectos diferenciados tanto para hombres como para mujeres, incluido la corrupción. «[Sobre el libro] es el primero que se hace sobre este tema. el genero en la corrupción en el poder judicial. Es importante porque a partir de este, que es un primer estudio exploratorio, se deben generar otros que nos permitan abordar en un sentido mucho mas amplio lo que esta pasando y permitan generar cambios en la institución».
Agregó además: «Transversalizar el enfoque de género es uno de los mandatos que tiene el estado dentro de la sociedad, y tiene que hacerse en todos los espacios de la vida pública y privada, justamente para ver como afecta de manera distinta y para ver qué podemos hacer para cambiar esta situación».
(En la foto de izq. a der.: Rafael Chanjan, abogado e investigador principal en temas de lucha contra la corrupción del Idehpucp; Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Idehpucp; Marcela Huaita, investigadora asociada del Idehpucp; y María Alejandra Saravia, politóloga de la PUCP)
