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1 de diciembre de 2020

Escribe: María Amelia Palacios (*)

La inestabilidad política en el Perú es una constante más que una excepción, siendo una de sus recientes expresiones los cuatro cambios de mando presidencial ocurridos en apenas cuatro años (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti). Es esta inestabilidad política la que hace temer que reformas iniciadas en la educación básica y superior con el fin de mejorar su calidad, no se mantengan ni profundicen sino que por el contrario se paralicen o posterguen,  en un sector en el que  los cambios son siempre complejos y sus efectos en las personas sólo visibles en el largo plazo.

El Consejo Nacional de Educación [1] destacó cuatro políticas que la última crisis puso en riesgo y que el país necesita proteger de posibles retrocesos:

  • La reforma universitaria emprendida con la SUNEDU con el fin de asegurar que todas las universidades del país cuenten con condiciones básicas de calidad.Una política que ha conducido al licenciamiento de 92 universidades públicas y privadas  y dos escuelas de posgrado y a mejoras en la calidad de la enseñanza y la investigación universitaria.  A ella se ha agregado recientemente la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva aprobada por el Ministerio de Educación en agosto pasado, que extiende esta reforma a otras instituciones de educación superior y educación técnico productiva y que pretende: i) reducir las barreras académicas, de información y financieras que limitan el acceso de las personas a la educación superior y técnico-productiva, ii) mejorar la calidad de las instituciones de educación superior tecnológica, pedagógica y artística; y iii) potenciar la educación tecnológica y técnico-productiva  asociándola a la formación de competencias relevantes para las necesidades del mercado laboral y a trayectorias laborales exitosas para los y las jóvenes a lo largo de la vida.
«Es urgente garantizar el fortalecimiento de la competencia digital de los docentes y sus capacidades específicas para promover el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en sus estudiantes.»
  • La continuidad de los estudios de educación básica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Necesitamos asegurar condiciones materiales y pedagógicas para que todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, puedan nivelar sus aprendizajes y no interrumpir sus estudios en lo que queda del año escolar 2020 y el próximo año escolar 2021.

Entre las condiciones materiales por asegurar, ocupan un lugar especial las medidas de seguridad sanitaria (servicios de alimentación, agua y desagüe, limpieza, desinfección y mantenimiento) en aquellas localidades en que el retorno a clases presenciales sea seguro, así como la  protección contra la violencia y la preparación ante desastres. Otra condición que debemos asegurar a las y los estudiantes y docentes, es el acceso a internet y a las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Una condición a asegurar en todos los escenarios de aprendizaje, sean presenciales, semipresenciales o a distancia.

En cuanto a las condiciones pedagógicas es urgente garantizar el fortalecimiento de la competencia digital de los docentes y sus capacidades específicas para promover el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en sus estudiantes.  El trabajo en comunidades virtuales de aprendizaje con docentes, familias y directores para el intercambio de experiencias y de las respuestas que las comunidades educativas han dado a los diferentes desafíos pedagógicos que nos presenta la realidad es otra prioridad. También los es el manejo de una variedad de estrategias pedagógicas que se adapten a las diversas necesidades y características de los estudiantes.  Un enfoque centrado en las personas y su aprendizaje es incompatible con un modelo pedagógico basado en la transmisión de contenidos.

  • El desarrollo de la Carrera Pública Magisterial y la aplicación de medidas que mejoren las condiciones de trabajo de los docentes, apoyando su adaptación a las exigencias de la educación a distancia y la vuelta a la presencialidad.

Para garantizar el buen desempeño docente es necesario proteger el trabajo de los profesores y sus remuneraciones. También es importante reconocer sus esfuerzos, preocuparse por su bienestar y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje de la teoría y práctica pedagógica y de continuo perfeccionamiento de sus competencias docentes. Igualmente, es preciso brindarles apoyo para planificar la enseñanza, para elaborar material didáctico de alta calidad, evaluar y retroalimentar el aprendizaje de sus estudiantes y también garantizarles el acceso a la tecnología y al saber cómo usarla de manera efectiva con sus estudiantes en diversidad de situaciones y entornos.

  • Nada de lo dicho se sostendrá sin disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para el 2021 que eviten posibles retrocesos y aseguren la mitigación de estos riesgos. Es urgente asimismo ponernos de acuerdo sobre los rubros de gasto público en educación que debemos proteger.

(*) Presidenta del Consejo Nacional de Educación
[1] Consejo Nacional de Educación (2020).  La educación y la ciudadanía plena en riesgo [Comunicado de prensa] Recuperado de: http://www.cne.gob.pe/uploads/opinion-institucional/comunicados/2020/comunicado-educacion-ciudadaniaplenaenriesgo.pdf