Dicho documento es firmado conjuntamente con el abogado Oscar Hassenteufel Salazar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y socio principal del estudio de abogados encargado de la defensa del Estado peruano ante la justicia boliviana para la extradición del empresario, cuya solicitud de refugio fue rechazada la semana pasada por las instancias pertinentes del vecino país.
Este informe jurídico muestra los principios y deberes de la administración pública en ambos países, a fin de resaltar la unidad de fines que tiene la regulación constitucional sobre la materia. Posteriormente, el documento se centra en el delito de peculado, que sanciona el uso particular o en beneficio propio de los bienes y presupuesto estatal. Se explica claramente que este tipo penal sanciona la desnaturalización de los fines constitucionales de la gestión del Estado. Se desarrolla en extenso la tipificación de esta conducta en Bolivia y Perú y, en particular, se reseña como se contempla la participación de particulares en este delito en ambos países.
El análisis concluye que, en ambas legislaciones, puede sancionarse la participación de particulares en el delito de peculado, dado que se protegen los principios y deberes de la administración pública, que deben ser respetados por todos los ciudadanos, sean o no funcionarios públicos. Dado que para estos el deber es más fuerte, la sanción es más grave que en el caso de los particulares. En particular, se menciona el Auto Supremo N° 054/2014-RRC de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, donde se indica claramente que existe la participación de particulares en el mencionado tipo penal. Finalmente, se precisa que, aunque el Código Penal peruano establece más supuestos de sanción por peculado que su par boliviano, ello no invalida que la esencia del tipo penal en ambas legislaciones es la misma.
Este documento ha sido incorporado al expediente de extradición que será discutido este martes ante la Corte Suprema de Justicia peruana. En caso sea aprobado dicho cuadernillo, será enviado a la justicia boliviana, para su análisis y posterior resolución.
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