Este viernes concluirá la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP27) que se desarrolla desde el 6 de noviembre en Sharm El Sheij, Egipto. En esta conferencia se ha buscado activar y conciliar voluntades para realizar mayores esfuerzos que permitan cumplir los objetivos trazados en el Acuerdo de París del año 2015 orientado a limitar el calentamiento global. Como se sabe, la meta fundamental es mantener el aumento de la temperatura del planeta en un máximo de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Como se sabe, también, a estas alturas la comunidad científica considera bastante improbable que se logre ese objetivo.
Los auspicios para COP27 eran, en efecto, pesimistas desde el inicio. Ya desde el 2015, año de un acuerdo que fue considerado histórico, ha sido persistente la evidencia de falta de voluntad para cumplir lo acordado. En los últimos tiempos a esa ausencia de voluntad en términos generales –determinada por el costo de implementar políticas de sustitución en las grandes economías industriales—se suman otros factores como la emergencia del autoritarismo y las diversas formas de crisis económica determinadas por la pandemia de COVID19 y la guerra en Ucrania. Ante esas y otras crisis los gobiernos encuentran motivos para relegar los compromisos climáticos, y el cumplimiento de la meta se hace más lejano.
Y, sin embargo, la degradación del entorno natural no se detiene por esas realidades políticas. El calentamiento global es una realidad que tiene visos de catástrofe inminente, y sus efectos ya son sufridos por enormes sectores de la población, principalmente por aquella que históricamente sufre el impacto de la pobreza o de la desigualdad, como, en el caso del Perú, los pueblos indígenas.
Este viernes, 18, cuando concluya la conferencia COP27 se conocerá qué nuevos compromisos concretos se habrá conseguido para enfrentar el calentamiento global. Uno de los temas más discutidos es el apoyo financiero que los países más poderosos han de brindar a las naciones más pobres para ayudarlas a cumplir las metas. Nada de ello es seguro.
En todo caso, si la respuesta global no es la que se requiere, eso no exime –sino todo lo contrario– a cada país en particular de tomar las medidas necesarias para mitigar los daños ineludibles del cambio climático. Las políticas de prevención y adecuación deben pasar a ser una prioridad en las agendas nacionales. En el Perú no encontramos todavía indicios de que ello vaya a ser así, menos aún en un panorama político monopolizado por campañas de destrucción mutua y marcado por la corrupción y el abandono de la gestión pública en favor de los sectores más necesitados.
