[Editorial] Cuesta arriba

El aniversario 198vo de la Independencia ha encontrado al país en una situación de incertidumbre política. Si bien no se ha producido un colapso institucional, sí es claro que el país está en un atolladero. El Presidente y su equipo no dan la impresión de tener una ruta clara para sus políticas de gobierno. El Congreso se muestra dispuesto a sabotear la reforma política o rebajarla a un cambio epidérmico y trivial. El único aspecto sustantivo del quehacer político es el esfuerzo de diversos sectores de la sociedad, y de algunas entidades estatales, para impedir que los agentes del autoritarismo, la intolerancia y la corrupción, enquistados principalmente en el Congreso, pero no solamente ahí, tomen control del país.

En este contexto, la causa de los derechos humanos —esto es, la protección de esos derechos, así como la ampliación de su reconocimiento y la promoción de su ejercicio efectivo— es una carrera cuesta arriba. Conspiran contra ella, del modo más visible, sectores intolerantes de la sociedad que han conseguido el apoyo de representantes en el Congreso, no siempre por convicción sino, a veces, por cálculos de oportunidad. En ningún ámbito es esto más visible que en los derechos asociados al género, ya se trate de los derechos de las mujeres o del reconocimiento de la diversidad.

Otro obstáculo considerable es que prácticamente no existen organizaciones políticas que actúen motivadas por una agenda pública. Por consiguiente, es difícil hallar en la política oficial a quienes se comprometan a ser representantes y gestores de demandas asociadas a derechos humanos. Estas demandas, para cobrar respuesta efectiva, requieren legislación, reglamentación, formulación de políticas públicas, asignaciones presupuestales, equipos de funcionarios comprometidos e instancias de fiscalización, además de un trabajo coordinado y sostenido con la sociedad. Requieren, por eso mismo, de organizaciones políticas representativas y, sobre todo, compenetradas con ideas básicas de servicio público.

La disfuncionalidad de la política peruana, además de la corrupción endémica evidenciada en sus niveles más altos, se expresa así, en última instancia, en una virtual imposibilidad para la generación de decisiones públicas importantes. Hasta el debate sobre esas cuestiones resulta corrompido por sectores sociales y políticos que se han convertido en auténticas máquinas de propagar falsedades. Pero ello, obviamente, no debe conducirnos al desaliento ni a dimitir de la tarea de impulsar la agenda de derechos humanos.

Desde hace años, la política en el Perú –entendiendo por ello la gobernabilidad en algún sentido constructivo— avanza principalmente gracias a la capacidad de demanda, presión, propuesta o fiscalización de la sociedad. En materia de derechos humanos se ha podido registrar algunos avances, y ellos habitualmente se deben a una convergencia o alianza entre sectores sociales y algunas autoridades o funcionarios del Estado que sí entienden su misión y sus obligaciones en el marco del Estado de Derecho. Es necesario persistir en esa ruta.

Pero eso no es todo. En un plano más amplio y duradero, es preciso reconstruir el sistema de la política, es decir, el ámbito en el cual se puede tomar y ejecutar decisiones públicas. En ese campo, también, cabe que la ciudadanía imagine iniciativas, formas de presión, intervención y participación, y también maneras de recuperar un debate público de relevancia. Ello va desde una discusión seria de las alternativas de reforma política y la demanda de que ellas cobren realidad, hasta la recuperación de instancias de diálogo y participación en las diversas instancias que permitan una conexión directa con el Estado. Igual que en el campo de los derechos humanos, el avance de una agenda de reforma política no puede ser confiado únicamente a la voluntad de quienes hoy tienen la capacidad de decisión en el Congreso o en el Ejecutivo. La vigilancia, la presión y la propuesta ciudadana han demostrado ser, en los últimos años, factores insustituibles para cualquier avance significativo.