Un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos es lo que se quiere desarrollar desde el Ministerio Público, y en especial en la Fiscalía. Es lo que nos dice Daniel Jara, Fiscal Coordinador de las Fiscalías Supraprovinciales de Derechos Humanos quien viene asumiendo el encargo de dar resultados concretos en la búsqueda y reparación de las víctimas durante el periodo de violencia.
En esta entrevista, realizada tras el IV Encuentro de actores sociales y organizada por Idehpucp y Epaf, el fiscal resalta el trabajo conjunto con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia, además de solicitar mayor voluntad política para agilizar los procesos, especialmente desde el nuevo Congreso.
¿Qué se podrá lograr ahora con el Convenio entre el Ministerio Público y la Dirección de Búsqueda?
Hemos venido señalando que el convenio entre el Ministerio Público y en Ministerio de Justicia es un instrumento que nos va a ayudar a optimizar nuestro trabajo en todo este proceso de casos de graves violaciones de Derechos Humanos. Fundamentalmente, en casos de desaparición forzada, desde la denuncia, desde el conocimiento de la noticia y el conjunto de pasos subsiguientes que tienen que darse necesariamente. Esto debe tener una mirada no solamente Penal sino un enfoque global y humanitario. La Dirección de búsqueda apoya la gran tarea en dar respuesta a las víctimas, algo que se encuentra postergado, en proceso de hace muchos años.
Uno de los principales retos ha sido el trabajar con presupuestos reducidos.
Nosotros hemos tenido hasta que caminar para ir a las audiencias. Los fiscales en regiones como Ayacucho tienen que buscar apoyo de otras entidades para poder hacer exhumaciones y trabajos de campo para lugares donde supuestamente están los sitios de entierro. Se necesita capital humano y logística. Todo esto no tiene que ver solamente con el Estado sino con la sociedad civil.
Durante el Encuentro hemos escuchado los problemas que han tenido los familiares y distintos órganos del Poder Judicial. ¿Cómo espera que se desarrolle durante esta gestión?
Creo que esta nueva etapa. Los fiscales de Derechos Humanos ya tenemos muy en claro de que los trabajos fundamentales son a favor de las víctimas. Buscamos que nuestros casos, en el marco del debido proceso, tengan acceso a la justicia y que sea algo efectivo, algo real y de esa manera lograr y condenar a los presuntos responsables y que las víctimas sean reparadas adecuadamente.
¿Qué pedidos le haría al nuevo congreso?
Tenemos expectativas que este poder del Estado pueda coadyuvar – en temas de comisiones –fortaleciendo al sistema de los derechos humanos a través de un presupuesto adecuado para ya no tener esta emergencia nacional en Ayacucho donde hay más de mil restos que están pendientes de identificación. Son tareas completas que requieren no un presupuesto tan grande. Nos ayudaría mucho que los nuevos representantes en el congreso puedan apoyarnos.
