Escribe: Paola Velarde (*)
Cada 22 de marzo se celebra el Día internacional del Agua, una fecha instituida para recordar la importancia de este recurso y la necesidad de generar esfuerzos en conjunto para adoptar medidas y condiciones necesarias que garanticen su preservación y el acceso de la población a él[1]. Este día también da la oportunidad de hablar del derecho al agua, reconocido explícitamente desde el año 2010 como derecho humano[2]. En base a los principios de no discriminación e igualdad, estos derechos establecen que los Estados tienen la obligación crear un entorno propicio para su realización para todas las personas, mandato que está lejos de cumplirse en nuestro país.
Según datos del INEI[3], el 90,8% de la población accede al agua para consumo humano por medio de una red pública. Sin embargo, esta cifra, por ser de carácter nacional, esconde distintas brechas que afectan directamente el desarrollo de las personas. Por ejemplo, este porcentaje se reduce en zonas rurales a un 75% y también se pueden observar disparidades en cuanto a cobertura por departamentos. En cuanto a regularidad, solo un 57% (18 millones de personas) tienen acceso al agua las 24 horas de día. Otro aspecto importante por considerar es la calidad del agua, ya que se determinó que un 38, 6% consume agua con los estándares adecuados para consumo humano. Solo un 3.2% de las personas que viven en zonas rurales forman parte de este grupo.
En relación a esto último salen a la luz datos preocupantes: el informe del INEI, además de mostrar datos sobre la calidad del agua a partir de mediciones realizadas en hogares, toma en cuenta la opinión de los usuarios del servicio por red pública sobre la potabilidad del agua que reciben. Se puede constatar que más personas creen que consumen agua potable (68,2 %) de los que realmente la consumen (38,6%). Además, en contraste con las tendencias a nivel nacional y en zonas urbanas, por lo menos desde el año 2013 se puede apreciar un aumento en áreas rurales sobre la percepción de que el agua que consumen no es potable. Este indicador ha subido de 52,5% en el año de referencia a 68,4% en el año 2019. Esto último se explica por el contexto de conflictos socioambientales que suceden en distintas partes del país, en los cuales la preservación del agua es una demanda constante por parte de las comunidades adyacentes a proyectos extractivos.
Este panorama desigual se agudizó y evidenció más con el inicio de la pandemia. En una investigación del portal Ojo Público[4] se describen las dificultades de miles de familias en Lima que no tienen acceso a una red pública de agua, por lo cual dependen de camiones cisterna que revenden el agua, estos pueden provenir de un servicio tercerizado por Sedapal o por alguna red informal. Estos camiones aparecen solo algunos días de la semana y establecen precios que varían según el mercado, los cuales son mucho más altos que los que pagan quienes acceden a agua por red pública. Así, se devela una paradoja desoladora: el grupo que ha sido más golpeado económicamente por la pandemia es el que más gasta para poder tener agua, un recurso básico y más que indispensable en estos tiempos, cuando una de las principales recomendaciones para evitar el contagio es el lavado de manos. A ello se suma que tampoco existe garantía de que esta agua sea salubre y cumpla con las condiciones de potabilidad, algo que podría producir problemas estomacales y digestivos para este grupo vulnerable.
«El grupo que ha sido más golpeado económicamente por la pandemia es el que más gasta para poder tener agua, un recurso básico y más que indispensable en estos tiempos, cuando una de las principales recomendaciones para evitar el contagio es el lavado de manos.»
La respuesta por parte del Estado para afrontar este aspecto de la crisis es insuficiente. A corto plazo, si bien se movilizó camiones cisterna que distribuyeran agua gratuitamente, esto no ha cubierto la demanda real de la población que carece de una red pública. Además, a diferencia de la electricidad[5], no se plantearon subsidios para aliviar los gastos de las personas que compran agua, lo que se explica, en parte, porque el servicio no está totalmente regulado. A largo plazo, el problema se torna más complejo. Si bien el escenario desigual está marcado por factores estructurales de antigua data, también nos encontramos con una gran fragmentación del manejo estatal de este recurso. Los actores involucrados se encuentran en varias entidades, lo cual dificulta el desarrollo de reformas y proyectos relacionados con un acceso universal al agua de calidad.
| Entidad | Organismo/función |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Autoridad Nacional del Agua (ANA) |
| Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Formulación de políticas nacionales y sectoriales de saneamiento y articulación con otras instancias competentes en el tema |
| Presidencia del Consejo de Ministros | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) |
| Gobiernos regionales y locales | Administración y/o coordinación de Empresas prestadoras de servicios (EPS) encargadas del saneamiento y la distribución del agua en todo el país |
Nos encontramos en un proceso de elecciones donde se ponen en agenda propuestas innovadoras que buscan atraer a la población. En este contexto, no se debe olvidar la presentación de propuestas sobre problemas que condicionan el desarrollo de un gran parte de la población, como es el acceso a recursos básicos. La realización del derecho al agua es una tarea urgente. Que la importancia indiscutible de este recurso no nos haga asumir erróneamente que todos tienen un acceso garantizado a él.
