07/04/2020

Dificultades y respuestas de los y las familiares de víctimas del conflicto armado interno en el contexto del COVID-19 (Parte I)

Grace Mendoza, politóloga y miembro de la Línea Memoria, Democracia y Posconflicto del IDEHPUCP

Desde que se anunció el primer caso confirmado de COVID-19 en el Perú [1], el gobierno ha implementado medidas multisectoriales para su contención y la reactivación económica. Entre ellas, resalta el subsidio estatal “Bono 380”, destinado a las familias más vulnerables del país con la finalidad de aliviar el impacto económico causado por el aislamiento y la inmovilización social obligatorios [2]. Esta medida nos plantea cuestionar qué se está entendiendo por vulnerabilidad y los diversos factores que determinan dicha situación; más aún cuando gremios de trabajadores, asociaciones sociales y colectivos culturales, por ejemplo, han empezado a visibilizar sus necesidades en esta coyuntura. Un ejemplo de ello son las organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno (CAI), quienes están promoviendo iniciativas de apoyo y acompañamiento para afrontar las dificultades que atraviesan en esta coyuntura; al mismo tiempo están demandando respuestas específicas del Estado sobre su situación.

En esta nota, en primer lugar, se explican las dificultades por las que atraviesan los familiares de víctimas en este contexto; en una nota posterior se expondrán las iniciativas que están promoviendo y las respuestas específicas del Estado hacia ellos y ellas; finalmente se presentan algunas reflexiones.

Dificultades de los y las familiares de víctimas del conflicto armado interno en el contexto del COVID-19

En el Perú, se encuentran registradas 249 535 personas y comunidades que fueron afectadas por el periodo de violencia que vivió el país entre los años 1980 al 2000, según el Registro Único de Víctimas (RUV) [3][i]. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el perfil de las víctimas, correspondía a personas provenientes de regiones con altos niveles de pobreza, que vivían en las zonas rurales, y que en su mayoría era quechuahablante. Si bien este perfil se ha transformado a lo largo de estos 20 años de posconflicto y, actualmente, se está discutiendo acerca de la categoría de víctima[ii]; los factores de exclusión que generaron el conflicto armado interno aún se mantienen como la desigualdad y la inequidad social.

Actualmente, los y las familiares de víctimas están atravesando por dificultades específicas en el contexto de la pandemia del COVID-19 que son necesarias visibilizar para que el Estado tome acciones focalizadas y que, posteriormente, se adopten medidas para que su situación mejore. Estas dificultades pueden ser individuales, las cuales se relacionan con la falta de ingresos económicos y con la interrupción del acceso a espacios de acompañamiento emocional; o colectiva respecto de su capacidad para dar continuidad a sus demandas y actividades.

Por un lado, las dificultades individuales se pueden dividir en dos. En primer lugar, la mayoría de las víctimas se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayor considerando que no cuentan con recursos económicos suficientes como para afrontar las medidas de aislamiento social obligatorio o de inamovilidad. Varias de ellas se mantienen realizando actividades diarias que les permitía obtener ingresos o reciben el apoyo de las organizaciones de familiares a las que pertenecen para su subsistencia, especialmente quienes por su edad ya no pueden movilizarse. Esto se agrava considerando que estamos hablando de personas adultas mayores, principalmente mujeres que se han hecho cargo de sus familiares ante la pérdida de sus padres, esposos e hijos.

En segundo lugar, otra dificultad por las que atraviesan las víctimas – otra vez hago énfasis en las personas adultas mayores – es que se encuentran solas, ya sea por la pérdida de sus familiares, por el desplazamiento de estos a otras regiones o, porque ellos ya han formado sus propias familias y en este contexto se les dificulta asistirles. En estos casos, las organizaciones de familiares han funcionado como espacios de acompañamiento en los que, a través de actividades propias o promovidas por el Estado u organizaciones no gubernamentales (ONG), participaban compartiendo sus experiencias y recibiendo nuevos aprendizajes.

Por otro lado, a nivel colectivo, el COVID-19 ha hecho visible las dificultades que pueden tener las organizaciones de familiares en contextos de crisis. En primer lugar, existe una brecha de acceso a herramientas virtuales para la continuación de sus actividades, así como a dispositivos que permitan ello. Las organizaciones de familiares tienen una dinámica de asamblea, en la cual las y los miembros se reúnen físicamente para coordinar sus actividades y tomar decisiones. Ante las medidas del estado de emergencia, ello se interrumpe deteniendo cualquier acción durante ese periodo. Otro medio de comunicación que manejan es el celular, principal vía no presencial de comunicación. Sin embargo, dependiendo de la zona no siempre cuentan con señal, así como las dificultades económicas no permiten su uso continuo.

En segundo lugar, este distanciamiento social podría estar impidiendo que cumplan con los compromisos asumidos en proyectos o actividades, así como detiene las iniciativas promovidas por las organizaciones con instancias del gobierno nacional y local. Anteriormente, ello ya ha generado que el Estado cambie sus prioridades abandonando su compromiso con las organizaciones, por lo cual tienen que volver a iniciar el proceso de incidencia. Por ello, es necesario que las ONG, la cooperación internacional, instituciones académicas y las instancias del Estado que trabajamos con organizaciones de familiares tomemos medidas al respecto para que no se vean perjudicadas tras esta coyuntura.

En síntesis, durante el COVID-19 se han visibilizado multiplicidad de situaciones que afectan a poblaciones vulnerables. En esta nota hemos analizado el caso de los y las familiares de víctimas del conflicto armado interno en el Perú, quienes se han visto afectados por una serie de dificultades a nivel individual y colectivo que merman su economía y su salud emocional, así como su capacidad de organización y la continuidad de sus actividades. Es importante poner en relieve que las organizaciones de familiares cumplen un rol importante, no solo para demandar la acción del Estado, sino como espacios de acompañamiento emocional y de apoyo para socios y socias que se encuentran solas o en una situación de pobreza. Finalmente, las dificultades que se han presentado invitan a las instituciones que trabajamos con los y las familiares a repensar nuestras intervenciones, intentando, en la medida de lo posible, que en situaciones de crisis como esta no se vean afectados sustancialmente.

Ahora bien, los y las familiares de víctimas no son actores pasivos, sino que a lo largo de estos años han demostrado ser propositivos y han alcanzado actoría propia a través de la promoción de sus iniciativas realizadas en consenso con distintos actores de la sociedad civil y el Estado[4]. Ello veremos en la siguiente nota.


[1](Lima, 6 de marzo de 2020). Presidente Vizcarra confirma primer caso de coronavirus en Perú. Agencia Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-confirma-primer-caso-coronavirus-peru-787293.aspx
[2]Decreto de Urgencia N° 027-2020.que dicta medidas complementarias destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y la reducción de su impacto en la economía peruana. Diario el Peruano, 16 de marzo de 2020. Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566916/DU027_2020.pdf
[3](Lima, 9 de abril de 2019). Registro Único de Víctimas acredita más de 249 mil víctimas del periodo de violencia. Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN. Recuperado de  https://cman.minjus.gob.pe/registro-unico-de-victimas-acredita-mas-de-249-mil-victimas-del-periodo-de-violencia/
[4] Jave, I. (Coord.). (2018). Organizaciones de víctimas y políticas de justicia: construyendo un enfoque humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas. Lima, Perú: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/10/25164640/ford-anfasep_1pagina-final-isbn.pdf
[i] Esta cifra sería mayor considerando que aún persiste el miedo por denunciar o brindar información, así como los casos perpetrados por los remanentes de Sendero Luminoso en la selva central ocurridos posteriormente a dicho periodo, los cuales no han sido incluidos.
[ii] Me refiero a que durante dicho periodo los y las familiares han construido capacidades que les ha permitido posicionarse frente al Estado, obteniendo su actoría propia. Asimismo, esos cambios han generado la categoría de víctima sea discutida a nivel teórico y en las políticas públicas.

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