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Notas informativas 25 de junio de 2019

Por Andrea Carrasco Gil

El 17 de junio de 1956, miles de mujeres peruanas ejercieron su voto por primera vez en nuestro país, luego de años de debate. La oposición a este reconocimiento de derechos estuvo encabezado por grupos políticos conservadores que esgrimían que las mujeres debían dedicarse exclusivamente a las labores del hogar y de cuidado. Existía en paralelo una fuerte presión del movimiento feminista en Latinoamérica pues ya se había conseguido esa victoria en varios países, y el Perú era uno de los pocos que faltaba sumarse a la revolución social y política que estaba en marcha. Las mujeres de esa época luchaban, sobre todo, por tener visibilidad, por dejar el espacio privado, y abrirse paso en los espacios públicos y de participación.

Hoy, 63 años después de esa conquista social, estamos frente a otra revolución encabezada por personas que también exigen ser visibles: la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, de género no binario, intersexuales, y demás formas de nombrar las distintas manifestaciones de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, que rompen con el binarismo tradicional de lo femenino-masculino.

La lucha regional más latente es la que exige el reconocimiento del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que existe ya en países como Uruguay y Argentina, o la unión civil, en Chile. En nuestro país, dos casos recientes han puesto nuevamente el debate sobre la mesa: en primer lugar, el reconocimiento del matrimonio de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche realizado en México. Actualmente, le corresponde al Tribunal Constitucional decidir si es posible reconocer su matrimonio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a fin de que tenga pleno efecto en nuestra legislación y pueda sentar un precedente para el reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo en el Perú, tal como ha sucedido en el caso de Susel Paredes y Gracia Aljovín, cuya demanda de amparo para lograr la inscripción de su matrimonio fue declarada fundada por un Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima. Este fallo dispuso la no aplicación el artículo 234 del Código Civil-el cual regula que el matrimonio solo es la unión de un varón con una mujer- y exigió que RENIEC registre su unión.

Pero el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo es solo una de las diversas demandas de la población LGTBI+, sobre todo, en un contexto social en el que persiste el machismo, la homofobia, el conservadurismo desde esferas del poder y diversas manifestaciones de violencia basada en las diferencias que nos caracterizan a las personas. Por ello, más allá de luchar por conseguir conquistas sociales y políticas, muchas personas LGTBI+ vienen luchando por sus vidas. A pesar de ello, en el año 2017 hubo un importante retroceso respecto a la sanción de crímenes de odio luego de que el Congreso de la República derogara las referencias a la “orientación sexual” e “identidad de género” del Decreto Legislativo N° 1323, el cual introdujo modificaciones al Código Penal, como la inclusión de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género, y la ampliación de la causal de discriminación por ambos motivos como agravante. Asimismo, luego de 3 años desde que se presentó la propuesta de la Ley de Identidad de Género, hasta la fecha el Congreso no la ha debatido, ni hay visos de que lo hará[1].

En ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática realizó la Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI+. Esta encuesta nos ha confirmado la situación de desprotección e invisibilización en la que se encuentran: el 62.7% de esta población asegura haber sufrido algún tipo de violencia y discriminación, la cual, en más del 60% de los casos, se produjo en espacios públicos o en el ámbito educativo, así como en diversas instituciones del Estado. Asimismo, el 56,5% de la población LGBTI siente temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, señalando como principal motivo el miedo a ser discriminado y/o agredido (72%), así como el temor a perder a la familia (51,5%), perder el trabajo (44,7) y, a no ser aceptado por los amigos (33%). Un porcentaje de alrededor del 14% expresó su temor a perder el lugar donde vive o, a no conseguir lugar donde vivir.[2]

La situación de la atención en salud de las personas LGTBI+ es también alarmante. De acuerdo a un Informe de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo[3], emitido en diciembre del año pasado, el sistema de salud no ofrece los servicios que señala y ordena la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida[4] a pesar de que fue aprobada en diciembre de 2016, poniendo en riesgo la salud y calidad de vida de las personas trans.

En resumen, éstas son algunos de problemas y desafíos actuales de la población LGTBI+, los cuales no se reducen al reconocimiento del matrimonio, sino que encierra una serie de necesidades vinculadas a la salud, calidad de vida, integridad, identidad, y libertad de todas aquellas personas que no calzan dentro de los cánones tradicionales vinculados a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.

Los avances han sido pocos y se han dado a paso lento, al igual como cuando los países de la región reconocían los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres y Perú era uno de los últimos de la fila en hacerlo. Pero la historia nos lo dice una vez más: el cambio es inminente, a nivel social y político; y poco a poco, las personas y organizaciones de personas LGTB+ vienen tomando posición en espacios públicos y de decisión, a través de acciones de incidencia, pero también a través de manifestaciones que incomodan las mentes de las personas conservadoras que niegan sus existencias y derechos. Una de sus tantas manifestaciones es la Marcha del Orgullo[5] que se ha realizado en Lima por 18 años y se ha extendido a numerosas ciudades del país.

En ese sentido, el orgullo -de ser lo que una persona quiera ser- se erige como el arma política de las personas LGBTI+ frente a una sociedad peruana que les ha dado la espalda y las y los ha invisibilizado desde siempre. Y así también, el orgullo debe ser aliciente para ver de manera integral las demandas de cada una de las diversidades, desde el lugar del que hablan, con privilegios y necesidades, a fin de que el orgullo los alcance a todas y todos.


REFERENCIAS

[1] Nota: ¿Cuál es la situación del proyecto de Ley de Identidad de Género en el Perú? https://mividatrans.lamula.pe/2019/03/07/ley-de-identidad/giannacgarcia/
[2] INEI. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI. Primeros Resultados. Lima, abril del 2018. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf
[3] DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº 007-2018-DP/ADHPD, “A dos años del Informe Defensorial Nº 175. Estado actual de los derechos de las personas LGBTI”. Lima, diciembre del 2018. Disponible en: www.pucp.edu.pe/bHrmSy
[4] Es preciso señalar que la prevalencia del VIH es personas trans es de 30%, a diferencias de la población gay y bisexual, cuya prevalencia es de 10 y 15%. Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-poblacion-transexual-es-que-tiene-mas-casos-vih-30-cada-100-533246.aspx
[5] La cual se realizará este sábado 28 de junio en el Campo de Marte desde las 2pm. Fuente: https://www.facebook.com/pg/marchadelorgullolima/about/?ref=page_internal