Fuente de la imagen: Minedu.
Por Noemí Ancí Paredes (*)
El pasado 24 de enero se celebró el día mundial de la educación, fecha en la que, según precisa la ONU, se rememora “el papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo” como “derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva”[1]. Así, es un momento de reflexión, para el Estado y la sociedad en general, sobre la necesidad de seguir trabajando para garantizar una “educación de calidad, inclusiva y equitativa” sin la cual, en términos de la UNESCO, “los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”.
En este contexto, uno de los puntos clave de reevaluación sobre la situación actual de la educación en el país, es el tema de la inclusividad. Sobre esta cualidad, en primer lugar, resulta fundamental apuntar que el concepto de educación inclusiva hace referencia no solo al proceso o enfoque que demanda adaptar el sistema educativo a las necesidades diferentes de las personas con discapacidad. El derecho a la educación inclusiva reclama también, como enfatiza UNICEF, el “reconocimiento y respeto de todas las diferencias en función de la edad, el género, el origen étnico, el idioma, la salud, la situación económica, las creencias religiosas, (…) el estilo de vida y otras características”[2] de las y los estudiantes.
Sobre la situación en la que nos encontramos en concreto, pueden mencionarse algunas cifras relevantes en relación, en particular, con el contexto de vulnerabilidad generado por dos factores que agravan las barreras de exclusión para miles de estudiantes en Perú: vivir en el ámbito rural y encontrarse en situación de pobreza. Como señala el informe Ruralidad y educación en el Perú (2020), “el rezago en el área rural es significativo”, pues se reporta, por ejemplo, que apenas el 54.8% logra terminar la educación secundaria, solo 13% de estudiantes evaluados en el 2018 en comprensión lectora tuvo un logro satisfactorio, y nada más que 9.3% lo obtuvo en matemática[3]. Más grave aún es el caso de los jóvenes que viven en pobreza extrema, quienes solo un 41.7% logra terminar la secundaria[4], situación que la pandemia del Covid-19 ha empeorado drásticamente. Según se evidencia en la Encuesta Nacional de Hogares aplicada en el segundo semestre del 2020, el 76% de estudiantes que abandonaron la escuela lo hizo por problemas económicos.
Es importante resaltar que, en los últimos años, a nivel de reconocimiento jurídico-político, hemos tenido importantes avances como la declaración, en el año 2017, del estado de cosas inconstitucional de la accesibilidad a la educación de personas en extrema pobreza del ámbito rural por parte del Tribunal Constitucional en el conocido Caso de las Hermanas Cieza (sentencia recaída en el Exp. N° 00853-2015-PA/TC), y la posterior (en el 2020) supervisión de cumplimiento de lo ordenado; así como la elaboración de la Política de Atención Educativa para la Población en Ámbitos Rurales (2018). No obstante, aún los retos son enormes.
En un contexto como el actual en el que el país se encuentra convulsionado no solo por las masivas manifestaciones y la obstinación y ceguera del poder político, sino, sobre todo, por el odio, desprecio e incomprensión evidenciado entre conciudadanos de un mismo territorio, la pregunta sobre en qué hemos fallado durante los cada vez más distantes años de bonanza macroeconómica, repiquetea en la conciencia colectiva de forma persistente.
En el caso de los problemas que enfrenta la garantía efectiva del derecho a una educación inclusiva, esa pregunta aterriza con un tenor particular. Así, puede afirmarse con toda seguridad que es en la educación y formación de los primeros años donde debe penetrar la idea de que la empatía, la comprensión del otro y sus diferencias, y la aceptación de la convivencia inclusiva entre peruanos y peruanos de diversas latitudes y con distintas necesidades, son vitales para la supervivencia de la nación, tal cual y como la hemos imaginado hasta ahora, sobre todo, en un país con una historia y una estructura social tan marcadas por diferencias profundas y desafíos complejos.
Uno de los puntos focales para el logro de la educación inclusiva se ha detectado, de forma acertada, en la “dimensión de la gobernanza y financiamiento”, la cual “hace referencia al tema de la gestión pública y al modo como se estructura actualmente la toma de decisiones, la distribución de responsabilidades y los recursos para poner en funcionamiento una educación inclusiva y de calidad”[5]. Como es claro, el trabajo pendiente es vasto, y, asimismo, es urgente repensar prioritariamente las dinámicas de la gestión pública en la materia y, sobre todo, el alcance la de responsabilidad y voluntad políticas.
(*) Abogada y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú
[3] Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2018) en el 2o grado de primaria.
[5] Informe Ruralidad y educación en el Perú. Ruralidad y lejanía en el Perú, elaborado por Carmen María Montero Checa y Francesca Uccelli Labarthe. Unesco, 2020. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374789
