El pasado 23 de abril el Idehpucp llevó a cabo el webinar online “Respuestas legales ante el coronavirus: salud pública y derechos fundamentales”, donde expertos y expertas de diversas disciplinas discutieron sobre el origen de la pandemia del COVID-19, el marco legal internacional del derecho a la salud y sus restricciones, las medidas adoptadas para dar respuesta a la crisis sanitaria global y la protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Este evento, coorganizado con el Instituto O’Neill para la Salud y el Derecho Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, contó con la participación de Óscar Cabrera, Rebecca Reingold y Silvia Serrano, miembros del Instituto O’Neill; Miguel Giusti y Pedro Francke, docentes de la PUCP; y Elizabeth Salmón, directora ejecutiva del Idehpucp.
La organización del webinar refleja la apuesta del Idehpucp y del Instituto O’Neill en ofrecer actualizaciones de temas relacionados con las dimensiones de derechos humanos en la respuesta al COVID-19 con el objetivo de favorecer un mejor conocimiento en esta materia.
Rebecca Reingold habló sobre las diferentes fuentes de contagio de la enfermedad, la sintomatología, los ensayos médicos en curso y la cronología de la evaluación de la pandemia desde los primeros casos reportados en Wuhan, China. Comentó además de las medidas de salud relevantes que se vienen tomando en este contexto tales como la detección y vigilancia de casos, identificación de los contactos, la cuarentena y otras medidas de aislamiento, el distanciamiento social y físico, las medidas aplicables a viajeros nacionales e internacionales, la protección especial para profesionales de salud, el tratamiento de la enfermedad y vacunación contra el virus y, como una medida transversal, el racionamiento de recursos de salud escasos.
Elizabeth Salmón, por su parte, subrayó que al ser el COVID-19 una problemática global la respuesta debe coordinarse también con la cooperación internacional, en el marco de un enfoque de derechos humanos, y un enfoque que visibilice vulnerabilidades preexistentes. Esta necesidad de un enfoque global ha sido resaltada por una serie de instituciones de derechos humanos de nuestro continente (la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la OEA), del continente europeo (Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa), y del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
«Sobre la respuesta peruana frente a la crisis sanitara, Salmón identificó características que podrían ser eventualmente problemáticas en temas de derechos humanos, en el marco de una híper producción normativa.»
Para Salmón, en todos estos instrumentos los derechos humanos no son vistos como un impedimento o como un obstáculo al momento de luchar contra una pandemia tan grave como la del COVID-19, sino que dan cuenta que su correcta aplicación lleva a que las respuestas de los gobiernos sean más eficaces y legítimas, fortaleciendo así los Estados de Derecho. Sobre la respuesta peruana frente a la crisis sanitara, Salmón identificó características que podrían ser eventualmente problemáticas en temas de derechos humanos, en el marco de una híper producción normativa: la predisposición a la militarización de la respuesta del gobierno; la creación del grupo “Te cuido Perú” para vigilar y monitorear a personas infectadas a través de su geolocalización, el cual podría poner en peligro la protección de datos personales; y la promulgación de medidas excepcionales para mitigar efectos económicos en empleadores y trabajadores.
Óscar Cabrera resaltó que no existe un conflicto inherente entre la necesidad de interponer medidas de salud pública y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. En el marco de las declaratorias nacionales de estados de emergencia, Cabrera se preguntó si la inacción por parte del Estado sería tan violatoria de obligaciones constitucionales y de obligaciones en derecho internacional como el exceso en el uso del poder. En otro momento resaltó que, en 2005, durante la epidemia del SARS en Canadá, se discutió el concepto de “preparación legal para la salud pública”, el cual podría darnos luces sobre el quehacer estatal frente a la epidemia del COVID-19. Dicha discusión concluyó en que se hacía imprescindible tener un ordenamiento jurídico que le dé al Estado las herramientas para poder actuar frente a crisis sanitarias; claridad en las competencias para una respuesta coordinada y coherente; canales de información actualizados y de acceso público; finalmente, la necesidad de crear procesos participativos entre el gobierno y la sociedad civil para el diseño de las medidas excepcionales.
La exposición de Silvia Serrano Guzmán, Directora Adjunta de Iniciativa Familias Saludables del Instituto O’Neill, subrayó la desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Sobre ese punto, comentó que la desproporción en la prevalencia de contagio y muertes por coronavirus en ciertos grupos puede obedecer a diversos factores: en primer lugar, en general coinciden con grupos tradicionalmente en desventaja respecto a los factores determinantes de la salud y que además tienen altas tasas de enfermedades crónicas por ese motivo.
«En muchos países, ante la falta de información sobre la situación por ejemplo en lenguas indígenas o con los ajustes necesarios para personas con discapacidad, ha sido la sociedad civil la que ha reemplazado al Estado en ese deber.»
Otro factor que incide en la desproporción de la prevalencia de contagios y muertes es el hecho de que coincide con grupos que enfrentan más barreras de acceso a bienes y servicios de salud que, en el contexto del COVID-19, se expresa en disparidades tanto en diagnóstico como acceso a atención. Estos dos factores que, en general caminan juntos, en su conjunto hace a ciertos grupos más vulnerables frente a la enfermedad. Para Serrano, estos factores pueden ser las explicaciones para las cifras que muestran mayor prevalencia en la población afro en algunos lugares en Estados Unidos y alertas que se están empezando a hacer sobre el impacto que puede tener en pueblos indígenas, en zonas rurales o en situación de pobreza y pobreza extrema. Otro factor que explica la mayor prevalencia en ciertos grupos es que no se adoptaron a tiempo medidas para compensar el riesgo diferenciado de contagio, lo que puede explicar las cifras alarmantes de contagios y muertes en centros de detención o en instituciones de cuidado de personas mayores.
El segundo tema que abordó Serrano respecto al derecho a la salud tiene que ver con la disparidad en el acceso a la información, tanto a la información sobre la situación de salud pública en general, sobre las medidas de prevención de contagio y sobre qué hacer en casos de tener síntomas. En muchos países, ante la falta de información sobre la situación por ejemplo en lenguas indígenas o con los ajustes necesarios para personas con discapacidad, ha sido la sociedad civil la que ha reemplazado al Estado en ese deber.
Un tercer tema en cuanto el derecho a la salud giró en torno al posible uso discriminatorio del contexto. Esto tiene que ver con la determinación de cuáles son los servicios esenciales de salud que se deben mantener en cualquier circunstancia al momento de tomar decisiones de transferencia de recursos y la relevancia de que estas determinaciones estén basadas en criterios objetivos. Un ejemplo de esto, indicó Serrano, es la consideración de que los abortos legales no son servicios esenciales y el aprovechamiento de este contexto para limitar estos servicios sin que haya una relación clara de causalidad. En algunos Estados como Argentina y Uruguay, se han adoptado medidas concretar para que esto no ocurra; sin embargo, esto viene ocurriendo en algunos estados de los Estados Unidos que incluso han sido judicializados ante jueces federales.
«Esta crisis debería hacernos pensar en que hay que hacer un cambio radical en la jerarquía de valores de la sociedad.»
Desde una perspectiva ética Miguel Giusti reflexionó sobre los desafíos a la jerarquía de valores que enfrentamos durante la pandemia del COVID-19. Para Giusti, estos desafíos tienen una dimensión individual (desde gestos de solidaridad hasta el aprovisionamiento de recursos sin pensar en el otro); una dimensión sanitaria (a qué pacientes priorizamos para la entrega de camas o respiradores artificiales o a qué llamamos una muerte digna), una dimensión política y social (el que normalicemos vivir en estados de emergencia o el peligro de que la distribución de las cargas de los costos de la crisis no sea equitativa, como sucede con la suspensión perfecta de labores). Tienen también una dimensión lingüística y metafórica (estamos ante una guerra o ante una pérdida de normalidad de la vida). Para Giusti, esta crisis debería hacernos pensar en que hay que hacer un cambio radical en la jerarquía de valores de la sociedad o un nuevo contrato social en el que se consideren aspectos prioritarios que hoy se encuentran en un estado de precariedad: la educación, la salud y la inversión en ciencia de la salud.
Pedro Francke, por su parte, señaló que el gasto de salud pública en nuestro país equivale al 3.3% del PBI, una de las menores inversiones en el sector de todo el continente. Añadió que el Perú cuenta con 8.2 médicos por cada cien mil habitantes, cifra bastante baja de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La situación se agrava si se presta atención a la cantidad sumamente baja de ventiladores mecánicos y de unidades de cuidados intensivos distribuidas a nivel nacional. Indicó, por otro lado, que el porcentaje de personas adultas mayores en nuestro país no es tan grande, es menor que incluso otros países de América Latina, como Uruguay o Argentina que tuvieron una transición demográfica previa.
Francke subrayó que nuestro sistema de salud es segmentado y que, a pesar que contamos recientemente con un seguro integral de salud, existe un alto componente de “gasto de bolsillo” debido a las deficiencias del sector público en proveer medicinas, exámenes diagnósticos y algunos tratamientos. Sobre las medidas del gobierno, Francke señaló que la cuarentena ha favorecido al cambio de la tendencia de número de contagios, pero no a la detención de la curva. Calificó de rápidas y fuertes las medidas del gobierno, pero estas encuentran sus limitantes en la anomia social, en la alta informalidad, al débil control territorial por parte del Estado. Para Francke la pandemia del COVID-19 pone en evidencia nuestra incapacidad de producir insumos médicos y de aplicar pruebas moleculares. Finalmente, se pregunta cuán eficaz será el gobierno en el seguimiento de casos sospechosos, confirmados y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
Las y los expositores concluyeron en que el gobierno peruano debería tomar medidas para garantizar que todas las personas tengan opciones de tratamiento y atención médica asequibles y accesibles. Pueden ver el video
