04/05/2021

Elecciones 2021: dos propuestas peligrosas para la lucha contra la corrupción

Escribe Iván Meini (*)

Pedro Castillo, de Perú Libre, o Keiko Fujimori, de Fuerza Popular: uno de los dos gobernará el Perú los próximos cinco años. Con el respaldo del 18.92% y 13.40% de los votos válidamente emitidos en la primera vuelta respectivamente, ninguno de los dos reflejó las expectativas de dos tercios de electorado. A pesar de que sus planteamientos económicos y políticos podrían ubicarse en orillas opuestas, comparten sin embargo algunos rasgos. En lo que se refiere a las libertades individuales, ambos son conservadores y ambos provocan, por méritos propios, sólidas resistencias. A pesar de que los reparos a cada uno de los candidatos se focalizan en segmentos socioeconómicos distintos, se originan por igual en la poca confianza que aquellos ofrecen sobre el mantenimiento de la democracia y la separación de poderes y sobre la lucha contra la corrupción. Es probable que la elección la gane quien suscite menos antipatía y no quien más confianza genere.

Pedro Castillo postula por Perú Libre, cuyo presidente, Vladimir Cerrón fue condenado por negociación incompatible a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/ 850,000.00 por actos realizados cuando ocupó el cargo de presidente regional de Junín. Más allá de lo insólito que resulta que el Estado de derecho permita que una persona con una condena vigente por corrupción pueda ser líder de un partido político, que el candidato Castillo lo avale solo puede significar connivencia con lo hecho por Cerrón. Hasta la fecha no ha presentado a los miembros de su equipo técnico o entorno, y los pocos a quienes se conoce, más cercanos a Cerrón que a él, despiertan fundadas sospechas.

Sobre Castillo no pesan investigaciones ni sentencias. Pero sus propuestas de desactivar la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, de restringir la libertad de expresión, así como la de convocar una asamblea constituyente -que implicaría el cierre de un Congreso elegido democráticamente- son, de llegar a prosperar, caldo de cultivo para la corrupción. Significarían un atentado a la institucionalidad democrática y, peor aún, aniquilarían instituciones que con sus virtudes y defectos han protegido a las personas cuando se ha violado o amenazado sus libertades y derechos. Se sabe que los países con los niveles más altos de corrupción son aquellos cuya institucionalidad democrática, separación de poderes, sistema de pesos y contrapesos y libertad de expresión son débiles. Dicho en otras palabras, cuanta más institucionalidad democrática exista, menos corrupción habrá y se tendrá más posibilidades de prevenirla y combatirla.

“(…) cabe recordar que un indicio de corrupción es prometer en campaña lo que no se podrá cumplir cuando se ocupe el cargo público”.

Si bien Keiko Fujimori no ha sido condenada por corrupción, sí afronta investigaciones fiscales por lavado de activos por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a su campaña electoral previa. El fujimorismo representa la etapa más oscura de la vida republicana del Perú en términos de corrupción, dictadura y violación de derechos humanos. Que Keiko Fujimori arrastre el porcentaje de antivoto más elevado indica que su credibilidad democrática y credenciales anticorrupción no son su fuerte.

Es poco probable que las propuestas de los candidatos cambien sustancialmente en las pocas semanas que quedan para la elección. Y si lo hacen habrá que desconfiar, pues se tratará -como ya hemos escuchado en el debate en Chota- de ofertas populistas y demagógicas. A este respecto cabe recordar que un indicio de corrupción es prometer en campaña lo que no se podrá cumplir cuando se ocupe el cargo público.

En un escenario como el descrito, gane quien gane, la democracia y el Estado de Derecho estarán en riesgo. Se debe sin embargo seguir reivindicando la separación de poderes y su plena autonomía. En este sentido, el Poder Judicial y el Congreso, así como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, desempeñarán un rol estelar. Lo mismo cabe decir de la ciudadanía. Los votantes no deberíamos olvidar que, entre otras secuelas, la corrupción encarece los costos de transacción y reduce la calidad de los servicios públicos, y de ese modo impide que las personas, en particular las más pobres, satisfagan sus necesidades.


(*) Doctor en Derecho. Especialista en Derecho Penal. Miembro de la Asamblea IDEHPUCP.

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