Foto: La República.
Por Paola Velarde (*)
El 7 de mayo las y los chilenos acudieron nuevamente a las urnas en el marco del proceso constituyente que sigue el país desde que la ciudadanía decidió cambiar la actual Constitución a finales del año 2020. No obstante, los resultados electorales muestran un panorama político muy distinto al que muchos se imaginaron desde el estallido social de fines de 2019, ya que más de la mitad de las personas elegidas para redactar la nueva Constitución pertenecen a partidos políticos de que desde un inicio se opusieron al proceso constituyente.
Para examinar y discutir estos últimos resultados es necesario contextualizar este evento y la dinámica que ha seguido el proyecto de una nueva Carta Magna [1]. A raíz de los resultados del plebiscito del 4 de setiembre de 2022 en el que la opción de “rechazo” al documento de Nueva Constitución se impuso sobre el “apruebo” por un amplio margen (61,86% y 38,14%, respectivamente), distintas fuerzas políticas y autoridades se reunieron para decidir la nueva estructura y dinámica del nuevo proceso constitucional. Es así que, en diciembre de 2022 se suscribió el “Acuerdo por Chile”, un documento en el que se acordó que sería un Consejo Constituyente el nuevo órgano que reemplazaría a la Convención Constituyente para la redacción de la nueva propuesta de Carta Magna. Este consejo estaría compuesto por 50 ciudadanos y ciudadanas en lugar de los 155 que conformaron la Convención, pero los criterios de paridad y participación de pueblos indígenas.
Además, el Consejo está acompañado de otros dos órganos: una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad, cuyos miembros fueron elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado e iniciaron funciones el 6 de marzo. El primero tiene la función de redactar la base sobre la cual los consejeros discutirán y elaborarán la nueva propuesta de Carta Magna, mientras que el segundo se encargará de revisar las normas que se aprueben de tal manera que no sean contrarias a las bases institucionales. Asimismo, a diferencia del proceso anterior, los periodos se han acortado, ya que el Consejo Constituyente tendrá solo tres meses (en lugar de los doce que tuvo la Convención) para debatir y redactar el nuevo texto, y a partir de ello la difusión y campaña para el apoyo o rechazo de esta nueva propuesta tendrá una duración de menos de 40 días antes de que sea sometida a consulta popular el 17 de diciembre mediante un plebiscito de salida [2].
Como se mencionó al inicio, el 7 de mayo se realizó la elección de los 50 consejeros y consejeras constituyentes, proceso que resultó en un gran triunfo para las listas del Partido Republicano (partido de derecha radical del excandidato presidencial José Antonio Kast), y Chile Seguro (una coalición de partidos tradicionales de derecha), que ganaron 23 y 11 escaños respectivamente. Por otro lado, la lista Unidad para Chile, que agrupa a partidos de izquierda y centroizquierda, conquistó solo 11 escaños. Lo particular de este escenario es que presenta una conformación de fuerzas totalmente opuesta a la del proceso constitucional previo, en el que las coaliciones de grupos políticos y candidaturas independientes que participaron y apoyaron las demandas del estallido social de 2019 representaban una contundente mayoría, al punto de que no requerían negociar con el sector de derecha, ya que este no había alcanzado los escaños necesarios como para aplicar el poder de veto. En este caso, la hegemonía la tiene un sector que es detractor y opositor de la propuesta de una Nueva Constitución, y solo los votos del Partido Republicano bastarían para, eventualmente, vetar cualquier propuesta de norma constitucional.
Algunas de las causas de estos resultados pueden ser una extensión de las razones por las que el “rechazo” ganó en el primer plebiscito de salida, tales como el desprestigio y la polémica que rodearon a la Convención y generaron desconfianza en el texto final, o también el efecto de la desinformación y las fake news durante esta campaña [3]. Por otro lado, luego más de un año de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, el poco apoyo electoral que recibió la lista Unidad para Chile, conformada por partidos que apoyaron su candidatura, puede entenderse como la evaluación ciudadana hacia el desempeño de este gobierno, que ha tenido que afrontar desafíos como el incremento de la inflación, una crisis de seguridad y recientemente la crisis migratoria en el norte del país que también afectó la frontera sur del Perú.
Según la teoría, los cambios institucionales, como lo es un cambio de constitución, siempre son costosos y los beneficios que se esperan de estos son inciertos, por lo que los incentivos para reemplazar o modificar una Carta Magna depende de los factores que disminuyen el valor de las instituciones vigentes, y, por ende, aumentan los beneficios esperados de estructuras constitucionales alternativas (Negretto, 2012). El estallido social de 2019 mostró la desafección de un gran porcentaje de la población chilena hacia su sistema político, social y económico; no obstante, la llegada inesperada de la pandemia, si bien visibilizó las inequidades sociales, pudo llegar a replantear las necesidades de la ciudadanía hacia beneficios más inmediatos, y con ello, incrementar el temor a la incertidumbre o la aversión al riesgo que conlleva todo proceso constitucional. Esto es un escenario distinto al que tuvieron otros países de la región como Ecuador y Bolivia, cuyos cambios de constitución se impulsaron durante el periodo de bonanza por el boom de las materias primas.
Finalmente, el desarrollo que van mostrando este proceso constituyente revela una complejidad e incertidumbre que no fue prevista por sus promotores, y de la cual deberíamos tomar nota para el caso peruano. En los últimos años ha adquirido mayor notoriedad en el debate público la propuesta de una Asamblea Constituyente; no obstante, es indispensable enfocarse no solo en el resultado, que sería una nueva constitución, sino en los mecanismos y procesos previos que permitirían un diálogo entre ciudadanos y políticos, de modo que estos garanticen niveles mínimamente aceptables de representación de los diversos sectores del país, ya sea que estén a favor o en contra del proyecto de cambio constitucional. Asimismo, a la luz de los últimos resultados en Chile, es igual de importante (re)construir una institucionalidad que fomente la capacidad de diálogo, negociación y concertación entre distintas fuerzas políticas cuando los resultados no son los previstos.
(*) Asistente de investigación en el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.
[1] Las referencias de las fechas y el proceso de elaboración de una Nueva Constitución fueron extraídas de las páginas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) y el Servicio Electoral de Chile (SERVEL).
[2] Para mayores detalles sobre el cronograma, el rol y duración de los órganos y sus integrantes, consultar https://www.procesoconstitucional.cl/
[3] Ver Molina, P. (21 de Julio de 2022) “La «brutal» desinformación sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más difundidas)” en BBC News. https://bbc.in/41IjRXg
