Por: Rolando Ames (*)
La situación del país, hoy, luego de las primeras denuncias por el uso irregular de vacunas contra el COVID-19 por funcionarios de alto nivel, incluido el expresidente Vizcarra, muestra que un megaevento como la pandemia afecta no sólo el contexto del proceso electoral. Es la política por dentro la que vive expuesta a las múltiples situaciones que la pandemia ha generado o agravado.
Avanzar por las vías institucionales y seguir con firmeza la senda que mejor responda a las necesidades de los que más sufren, es la clase de consigna que los partidos políticos debieran seguir. Pero no la que conviene en vísperas electorales a los que, sintiéndose en minoría, quieren desesperadamente llamar la atención. Esta es la imagen sintética que encuentro para dar una imagen clara de lo principal que pasa en la política peruana y lo que debe entonces reformarse.
Sin pandemia sería aún más evidente que no contamos con candidatos presidenciales con arrastre popular sólido; la falta de capacidad de representación de los partidos es una noticia ya vieja en la política peruana. Y, sin embargo, una sociedad tan diversa y desigual como la nuestra se ha movilizado por razones políticas en los últimos dos años con un interés imprevisto después de décadas de despolitización. Recuerdo este referente central en nuestro tema.
El interés de la gente en la política reapareció por la coincidencia de dos factores de peso. Uno, las señales económicas de menor crecimiento y de calidad de empleo para las mayorías. Dos, la visibilidad de una gran corrupción, en la relación de cúpula entre consorcios financieros privados y jefes políticos de la mayor parte de tendencias. Eso ha abierto la discusión sobre asuntos que por años no se quiso y no se supo presentar y enfrentar adecuadamente.
«El interés de la gente en la política reapareció por la coincidencia de dos factores de peso. Uno, las señales económicas de menor crecimiento y de calidad de empleo para las mayorías. Dos, la visibilidad de una gran corrupción»
Desde el 2018, la gente pudo dirigir su indignación hacia los grupos y personas directamente acusadas. El rol de fiscales honestos fue para eso decisivo. Y fue así que un vicepresidente desconocido como Vizcarra generó un respaldo activo para un referéndum en el que la participaron fue muy alta. Esa tendencia de opinión continuó y la gente apoyó el cierre del Congreso el 2019 y la convocatoria a elecciones por uno nuevo, por parte del mismo gobierno. El factor ético anticorrupción era el movilizador, pero tenía un enlace con la gran política vía el apoyo o el rechazo a un presidente sin partido.
La movilización de la sociedad civil y de jóvenes volvió a estallar, como sabemos, en noviembre último cuando Vizcarra fue vacado por una mayoría congresista que sólo existía en ese ámbito. Recordamos bien eso como una decisión forzada porque un proceso de acusación contra él estaba ya abierto, Vizcarra dejaba de ser presidente en 8 meses y, sobre todo, la población más débil y el país como conjunto vivían con la amenaza de la pandemia.
La vorágine de una política que gira en torno a sus propios conflictos se mostró pues en toda su dolorosa elocuencia. Hace falta recordar este proceso porque los peruanos debemos lograr que la política sea representativa para que lo que se debata sea lo que toca a los intereses reales de la sociedad. En vísperas electorales aún impredecible a menos de dos meses, este aviso encierra un criterio para votar e inducir a hacerlo proporcionando la información que falta.
La falsa idea que el crecimiento económico era autosuficiente debe ya superarse; la vida humana en sociedad tiene mucho más valor y complejidad. Ella nunca será manejada por técnicos solamente. De allí la importancia de las elecciones y los derechos humanos que Idehpucp estudia y promueve.
(*) Miembro de la Asamblea IDEHPUCP. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor principal del Departamento de de Ciencias Sociales y presidente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP y coordinador de la especialidad de Ciencia, Política y Gobierno de la misma casa de estudios. Ha sido senador y comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
