En julio del 2016 se inició un juicio histórico en nuestro país: ex miembros de las fuerzas del orden serían juzgados por cometer actos de violencia sexual que a su vez configuraban delitos de lesa humanidad, en el marco del conflicto armado interno que azotó al país entre los años 1980 y 2000. Dichas violaciones a los derechos humanos de las víctimas fueron cometidas permanentemente en las bases militares de los distritos de Manta y Vilca en Huancavelica, entre los años 1985 y 1995. A pesar de la llegada de la ansiada judicialización del caso, un paso más en la búsqueda de justicia, han pasado casi 3 años y dicho juicio se ha visto empañado por una serie de irregularidades que desencadenó en su anulación y la apertura de un nuevo juicio oral que dará inicio este 13 de marzo, ante la expectativa de las víctimas.
Antes de conocer el estado actual del caso, es preciso recordar algunos datos sobre el mismo. En el año 1984, a fin de contrarrestar la violencia ejercida por Sendero Luminoso en los distritos de Manta y Vilca en Huancavelica, el Estado erigió dos bases militares en esas zonas. Si bien su función era brindar seguridad a la población, los miembros de las fuerzas del orden también cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos de los pobladores[1], tales como: detenciones arbitrarias, torturas, robos y saqueos. La violencia sexual también fue un problema permanente en dichas bases militares, sumándose la violencia doméstica y embarazos forzosos como consecuencia de las violaciones sexuales. Dichas manifestaciones de violencia contra las mujeres dan cuenta de la existencia de un impacto diferenciado del conflicto armado en sus vidas.
La violencia ejercida contra las mujeres a través de la cosificación de sus cuerpos como ejercicio de poder, en el marco de una situación de desigualdad estructural tanto por género como por condición social, tuvo como perpetradores a los miembros de las fuerzas del orden y de los grupos armados subversivos. Sin embargo, de acuerdo con los datos recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), de los 527 casos de violencia sexual cometidos contra mujeres, el 83.46%[2] de los perpetradores eran miembros de las fuerzas del orden.
En el 2003, 24 mujeres víctimas de violación sexual en las bases militares de Manta y Vilca decidieron hacer una denuncia penal contra sus agresores: 19 casos fueron investigados en sede fiscal, y solo 5 fueron judicializados, los cuales incluyen a 9 mujeres víctimas.[3] Sobre estos últimos, en el año 2009 se abrió instrucción fiscal contra los 14 militares denunciados. Finalmente, en el año 2015, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional formuló Acusación Fiscal (Expediente N°899-2007) por violación sexual considerada como un delito de lesa humanidad. El colegiado “B” de la Sala Penal Nacional inició el juicio oral en julio del 2016.
Sin embargo, dicho proceso judicial se ha visto marcado por una serie de irregularidades. En setiembre del 2017, las organizaciones que patrocinan a las víctimas, IDL y DEMUS, presentaron un pedido de recusación de los tres magistrados del colegiado, por considerar que no habrían garantizado la imparcialidad del proceso al rechazar la actuación de pruebas por parte de la defensa de las víctimas, y por no permitir que las mismas reciban apoyo psicológico durante sus declaraciones.[4] En setiembre del 2018, la Corte Suprema de Justicia dispuso apartar del caso a los tres magistrados a cargo del caso por falta de imparcialidad, revictimización y limitar el derecho a la prueba y la verdad de las víctimas.[5] Debido a ello, se programó que el 13 de marzo del 2019 se dará inicio a un nuevo juicio oral, a cargo de un nuevo Colegiado.
Frente a este nuevo inicio del juicio oral, las víctimas esperan ansiosas que se desarrolle en condiciones tales que garanticen el respeto y garantía de sus derechos de acceso a la justicia y reparaciones. Al respecto, Cynthia Silva, abogada de 3 de las víctimas del caso, manifiesta que:
Las mujeres víctimas de violaciones sexuales en el contexto del conflicto armado en las comunidades de Manta y Vilca, luego de 30 años de espera por justicia, buscan que se les reconozca su derecho de acceso a la justicia y reparación integral con criterios que no validen los estereotipos de género que han sido usados por la defensa de los imputados, que no sean revictimizadas, que no se les condicione el acceso a justicia en este juicio que ha sido hostil con ellas, que las somete a maltratos y estigmatización. Las situaciones que han vivido estas mujeres ya han sido prohibidas de acuerdo con estándares internacionales sobre trato de víctimas de violencia sexual que a su vez también son considerados crímenes contra la humanidad.
En ese sentido, el caso Manta y Vilca supone una serie de retos. En primer lugar, estamos frente al primer caso de judicialización de actos de violencia sexual cometida por agentes del Estado consideradas como delitos de lesa humanidad, enmarcados en un contexto sistemático y generalizado de violencia. A su vez, estamos frente a un caso de violencia de género, por lo que se deben garantizar medidas de no revictimización y el acompañamiento integral de las víctimas. Por último, y tal como nos manifestó la abogada Cynthia Silva, porque las mujeres víctimas del caso no solo buscan que se les reivindique de manera personal, sino que también están luchando por la conservación de la memoria histórica como país, y por la construcción de una sociedad más justa y democrática. A pesar de su importancia, el Estado, a través de su sistema de justicia, no ha respondido otorgando las garantías necesarias para que las víctimas puedan acceder a justicia sin la dilación e impunidad que ha empañado el caso. Esperamos y exigimos que, en este nuevo inicio, el sistema de justicia esté a la altura de dicho reto.
* Andrea Carrasco es investigadora del área Académica y de Investigaciones. Su tesis de licenciatura estuvo dedicada a un caso, que al igual que Manta y Vilca, resulta clave para la agenda de Memoria y género, como lo es el caso de esterilizaciones forzadas, y esta se titula: El derecho a la reparación integral en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú : análisis desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos.
[1] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final. TOMO VIII. SEGUNDA PARTE: LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE LA VIOLENCIA (2003). Capítulo 2: El impacto diferenciado de la violencia. Pág. 85.
[2] Ibidem. CVR. Pág. 66.
[3] Para conocer más sobre el caso a nivel jurídico: CLÍNICA JURÍDICA DE ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO DE LA FACULTAD DE DERECHO PUCP-SECCIÓN PENAL. informe en derecho sobre el caso de violación sexual de mujeres del distrito de Manta por parte de miembros del ejército peruano durante los años 1984 y 1994 (2015). Disponible en: www.pucp.edu.pe/I4sI6e
