El pasado 31 de diciembre concluyó el plazo para que las personas venezolanas que se encontrasen en el Perú solicitaran su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), figura legal creada ad hoc por el estado peruano para dar respuesta a la llegada de miles de venezolanos a su territorio, a consecuencia de la crisis política y social que atraviesa su país.
Las cuestiones que se plantean ahora son las siguientes: ¿Llegará la misma cantidad de venezolanos al Perú o comenzarán a elegir otros países como destino? ¿Qué sucederá con los miles de venezolanos que continúan entrando cada día a Perú por la frontera con Ecuador o con los que se encuentran en el país en situación irregular?
El Perú fue uno de los primeros Estados de América Latina, junto con Brasil, en crear, en 2017, un mecanismo especial para acoger a los migrantes venezolanos. El PTP, creado mediante el Decreto Supremo Nº002-2017, permite a estas personas permanecer en el territorio de forma regular por un año (prorrogable), acceder al mercado de trabajo y, eventualmente, obtener un permiso de residencia permanente. Después, siguieron el ejemplo del Perú otros países de Latinoamérica, como Colombia (con la creación del Permiso Especial de Permanencia, que, a diferencia del PTP, no permite a los venezolanos optar por la residencia permanente) o Chile (con la Visa de Responsabilidad Democrática, cuya solicitud se debe presentar en Venezuela).
La política migratoria del Perú ha sido considerada como una de las más generosas de Latinoamérica. Sin embargo, se ha ido matizando con el tiempo. Primero, el Estado Peruano comenzó a exigir la presentación pasaporte a las personas venezolanas para entrar en el país. La medida, contenida en la Resolución de Superintendencia Nº 000270-2018 del pasado 24 de agosto, suscitó un intenso debate en el seno del poder judicial que aún continua, por su carácter discriminatorio con respecto de los nacionales de otros países y por la imposibilidad material de los venezolanos de sacar o renovar el pasaporte en su país de origen. Segundo, el pasado mes de octubre, el Decreto Nº007-2018-IN limitó considerablemente el alcance del PTP. La citada disposición adelantó la fecha límite para solicitar el PTP del 30 de junio de 2019 al 31 de diciembre. Además, estableció que solo podrían solicitar el PTP los venezolanos que hubiesen ingresado al país el 31 de octubre de 2018 (y no el 31 de diciembre como recogía la normativa anterior, el Decreto Supremo Nº001-2018-IN).
Estos cambios responden, en parte, a la creciente influencia de la xenofobia en la agenda política. Conforme ha aumentado el número de venezolanos en el país (que ya se acerca al millón), han ido ganando peso una serie de prejuicios que alimentan el rechazo al migrante y que no son, en absoluto, nuevos: el nacional teme que el migrante le “robe” su trabajo y afecte a su seguridad. Este último temor ha sido amplificado en diversas ocasiones por un tratamiento poco responsable de la información de parte de algunos medios de comunicación.
También tiene un impacto en las recientes decisiones tendentes a limitar la llegada de venezolanos, o a lograr una más controlada, la percepción de que la migración venezolana impone una presión adicional sobre unos servicios públicos ya deficientes (pese a que a los beneficiarios del PTP no se les garantizan muchos de ellos, como el acceso al Seguro Integral de Salud) y sobre una economía basada en la informalidad.
Sin embargo debemos cuestionar la efectividad de estas medidas para reducir significativamente los flujos o a garantizar una migración más controlada.
Es cierto que los primeros días de noviembre, tras la adopción de la medida que adelantaba el plazo para entrar en el país a aquellos venezolanos que quisiesen solicitar el PTP, se documentaron menos llegadas. Pero, con el elevado número de personas que se encuentran ya en el Perú, es muy probable que este año muchos familiares de los migrantes que se habían quedado Venezuela acudan ahora al Perú a reencontrarse con ellos, dada la prolongación de la crisis en su país.
Tampoco el requisito del pasaporte resulta totalmente efectivo. Pese a la exigencia formal, los venezolanos pueden seguir entrando a territorio peruano sin su pasaporte si solicitan ser reconocidos como refugiados. Y el Perú es el país del mundo que registra el mayor número de solicitudes por parte de venezolanos: a fecha de 31 de octubre, el ACNUR documentó 156.700 cifra que representa casi el 40% del total de solicitudes de esta nacionalidad en el mundo.
También se desconoce la protección que ofrecerá el Perú a los recién llegados y a los que están por llegar. El país tiene un sistema de refugio muy deficiente. Hasta ahora, del número total de solicitudes que ha recibido, solo ha resuelto 500. Si bien al igual que los otros países de la Región Perú ha incorporado en su legislación el concepto ampliado de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984, extendiéndolo “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” no lo aplica.
Como consecuencia, las personas venezolanas solicitantes se encuentran hoy en el Perú en una situación muy precaria. Aunque la legislación les permite permanecer regularmente en el país y acceder al empleo, en la práctica, los documentos de solicitantes no son admitidos por las empresas. Ello tiene como efecto que ante la imposibilidad de trabajar en el sector formal no acceden a seguros de salud.
Urge, por tanto, que el Estado busque otra alternativa para las personas venezolanas que están en el país en calidad de turista y para las que continúan llegando. Se tienen que articular respuestas políticas respetuosas con los Derechos Humanos para garantizar a esas personas una vida digna en el Perú.
*Escrito por Nieves Fernández Rodríguez, pasante del Área Acádemica y de Investigaciones del Idehpucp.
