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Notas informativas 12 de junio de 2020

El pasado 11 de mayo el Idehpucp celebró la conferencia virtual “Personas privadas de libertad en el Perú: retos y propuestas«, la cual contó con la participación de Silvia Ayalo, coordinadora del programa Justicia Penal Penitenciaria de CEAS; Carlos Rivera, coordinador y abogado del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Carlos Vásquez, Miembro del Comité directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). La conferencia, que estuvo moderada por Elizabeth Salmón directora ejecutiva de Idehpucp, tuvo como objetivo reflexionar sobre la situación de las personas privadas de libertad, los efectos del hacinamiento en los Centros Penitenciarios y la necesidad de evaluar una política penitenciaria que garantice una vida digna y el respeto a los derechos humanos.

Carlos Vásquez señaló que dentro de la historia penitenciaria del Perú la densidad poblacional ha tenido un crecimiento promedio del 5%. Sin embargo, el crecimiento de infraestructura solo alcanzó el 2.8% anualmente, deviniendo en un desbalance y en una brecha de infraestructura en el sector penitenciario. Señaló también, que de los 68 penales con los que cuenta el país a nivel nacional, solo 19 de ellos no están hacinados. En otro momento indicó que la política punitiva, reactiva y populista penal del Estado no ha tenido un efecto en la criminalidad en todas sus dimensiones. Donde sí ha tenido un impacto muy fuerte ha sido en el sistema penitenciario: a la fecha el 73% de la población penitenciaria no cuenta con beneficios. En tiempos de coronavirus, el Estado peruano formuló políticas de deshacinamiento a través del Decreto Legislativo 1459 (omisión de asistencia familiar) y el Decreto Supremo 004-2020 (gracias presidenciales). Sin embargo, y a pesar de haber pasado 80 días desde su publicación, estas medidas solo han beneficiado al 33% y al 1.5% de la población penitenciaria que se encuentra apta para acceder a estos beneficios.

Silvia Alayo, por su parte, se refirió a los efectos diferenciados que se vienen acentuando en las personas privadas de libertad durante la crisis sanitaria actual, con consecuencias terriblemente abrumadoras tanto en la salud física como en la mental. Recordó que el sistema penitenciario es leído por el ciudadano de a pie y la autoridad como un espacio contrario a los derechos humanos, donde se incentiva un sentido de venganza amparado en un falso discurso de justicia. Esto en razón de un populismo penal y una lógica de legislar por emoción violenta. Esto es, cuando ocurre un crimen determinado la emoción violenta está en el incremento de las penas o en la restricción de los beneficios penitenciarios olvidándose por completo del principio de resocialización. En otro momento Alayo hizo mención a la precariedad del sistema de salud penitenciario, a la falta de salubridad e higiene como condiciones pre existentes a la expansión de la COVID-19. Es por eso que en tiempos de coronavirus las cárceles se han convertido lamentablemente en uno de los principales focos de infección.

Por último, Carlos Rivera recordó que existe un problema grave de discriminación en múltiples facetas y que se presenta en múltiples formas cuando se aborda el tema penitenciario no solo en épocas de pandemia, sino de manera general. Rivera señaló que en este contexto se han agravado las vulneraciones a los derechos de protección judicial, derecho a la salud, principalmente de las personas que viven con enfermedades pre existentes, y el derecho a las visitas. Más adelante señaló que, a pesar de encontrarnos en el tercer mes de cuarentena, no se han tomado medidas de impacto que estén siendo decisivas y determinantes en la excarcelación de personas de los establecimientos penitenciarios.

Las y los ponentes concluyeron en que este contexto de crisis nos obliga a repensar algunas limitaciones de régimen penitenciario actual, nunca cuestionadas, desde un enfoque de derechos humanos.

Pueden ver la retransmisión del webinar

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