10/11/2020

Igualdad, paridad y no discriminación de género en el financiamiento de los partidos políticos

Por: Patricia Stockton*

La nueva ley de financiamiento público promulgada por el pleno del Congreso a fines de septiembre complementa la ley de paridad y alternancia lograda cinco meses antes, en mayo de este mismo año. Ya varias especialistas habían afirmado que las medidas de acción afirmativa ligadas a las famosas cuotas de participación de mujeres, en el Perú, habían llegado a un “punto muerto” o a un desenlace “irregular” en relación con los resultados esperados. Así, a mayor participación de las mujeres en las listas congresales, no necesariamente éstas salían elegidas en igual proporción. En parte, esto se debe a un diseño normativo insuficiente del cual no nos hemos librado del todo, como el del voto preferencial. Pero también es producto de fuertes corrientes de opinión que creían que garantizar la participación en igualdad de condiciones por parte de las mujeres debía ser el resultado de un proceso gradual.

La mejor calidad de vida de las mujeres peruanas pasa por asegurar su participación política en igualdad de condiciones en todo espacio de decisión política. Son más los argumentos lógicos que aprueban y validan dicho curso en la historia de nuestro país: el más conocido es que constituimos más del 50% de la ciudadanía y por lo tanto requerimos un tipo de representación que obedezca a dicha realidad. Hoy, gracias a la presión de muchísimas mujeres lideresas, políticas y feministas nuestra representación en igualdad de condiciones es un hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Asegurar que la inversión o gasto que el Estado le provee a los partidos políticos también responda a un criterio de proporcionalidad igualitaria de los gastos bajo un criterio de igualdad, paridad y no discriminación.

“Las mujeres han sido y siguen siendo cosificadas en estereotipos limitantes incluso al interior de los partidos políticos y en la base social de simpatizantes que frente a éstos se forma”

El papel sigiloso pero firme que ha jugado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la promulgación de la nueva ley de financiamiento público a los partidos políticos es digno de mencionar. Haciendo eco de su rol político y ético ha logrado con el devenir de los meses que, a través de la investigación y el diálogo interinstitucional, muchos aliados y aliadas se unan en relación a una única meta: garantizar los derechos políticos de las mujeres desde el preciso instante en que se invierte en ellas. No es lo mismo una ley de alternancia y paridad que haga caso omiso al rol de las mujeres al interior del partido que una ley que sí lo considere importante. No porque en un evento partidario acudan mujeres dicho evento estará promoviendo la igualdad social. Desde luego, se requiere adecuar los criterios de prioridad del gasto según índices claros de inclusión del enfoque de género en el gasto partidario durante etapas electorales y no electorales. Y ello debe reglamentarse.

Las mujeres han sido y siguen siendo cosificadas en estereotipos limitantes incluso al interior de los partidos políticos y en la base social de simpatizantes que frente a éstos se forma. La investigación que me tocó realizar de agosto a septiembre del presente año me permitió constatar –previa promulgación de la nueva ley de financiamiento público- la grave ausencia de una línea de formación, capacitación e investigación que promueva liderazgos políticos de mujeres, no sólo en Lima sino también a nivel regional. De todos los partidos con representación congresal, sólo tres, desde el 2018 al 2020, han dedicado eventos y dinero para investigar y promover a las mujeres lideresas y, en contadas ocasiones. Hoy, por ejemplo, gracias a la nueva ley, sería imposible esa omisión de parte de la mayoría de partidos.

Por lo pronto, en la etapa electoral que viene, bajo el principio de igualdad y no discriminación, queda fuera cualquier contenido de campaña sexista, racista o que deslegitime a una candidata mujer por el solo hecho de serlo, ya que podría constituir una falta a la ley. 

* Investigadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Deja un Comentario:

Nombres:

Correo electrónico:

Mensaje: