Según el investigador del Laboratorio de Criminología Social de la PUCP, Jaris Mujica, metodológicamente no es posible hacer un estudio epidemiológico ni de victimización de la corrupción, por lo que solo podemos recurrir a indicadores de aproximación de riesgos de corrupción, con los cuales podría medirse si existe mayor o menor riesgo de incidencia de dicho fenómeno. Así inició Mujica su participación en el II Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana: Estado Democrático de Derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lucha contra la corrupción, llevado a cabo el 12 y 13 de octubre.
Asimismo, Mujica señala que debemos tomar en cuenta que el concepto de corrupción es una “bolsa conceptual” que integra fenómenos diversos no vinculados necesariamente entre sí. De esta manera, pueden apreciarse diferencias notorias, por ejemplo, entre los fenómenos del soborno y el tráfico de influencias ante funcionarios públicos. Si el fenómeno de la corrupción no se puede medir y se expresa en diferentes prácticas, luego se presenta el reto de definir qué tipo de corrupción es la que se pretende enfrentar. A partir de ello, se podrá medir si impactan las acciones adoptadas o si estas son efectivas. En una propuesta intermedia, Mujica señala que podría elaborarse un inventario de prácticas de corrupción, de tal manera que se estudie la lógica específica de cada forma de aparición del fenómeno en cada tipo de institución.
Ya en el marco del aparato de justicia, Mujica hizo referencia a la baja burocracia y las dinámicas cotidianas de la pequeña y mediana corrupción. Según Mujica, incluso los mejores sistemas policiales y judiciales del mundo tienen una capacidad real de detección y sanción efectiva que no supera el 25% de los casos. Ello quiere decir que el aumento de la capacidad operativa y de sanción no reduce el número de casos y que, además, nunca se podría abarcar la totalidad de delitos existentes dentro del sistema.
Por otro lado, señaló que existe un problema relacionado con la transparencia y el acceso a la información pública. Si bien existe la premisa de que más transparencia implica menos corrupción, la liberación de información (publicación de documentos en portales) no incrementa la capacidad de análisis de los ciudadanos. Siendo ello así, habrá que preocuparse en la capacidad de análisis y no en la cantidad de información colgada en los portales de internet.
En otro momento de su exposición, Mujica señala que existiría una relación entre la ineficiencia y precariedad de los servicios públicos y los indicadores de riesgo de corrupción. Desde esta lógica, parecería ser más rentable no luchar contra la corrupción y enfocarse en mejorar la calidad de atención y del servicio (en términos de calidez y disposición y disponibilidad del servicio). Como ejemplo, Mujica menciona el caso de RENIEC, que no luchó directamente contra la corrupción, sino que informatizó su servicio, reduciendo así los riesgos de corrupción. De igual manera, mencionó el caso del Poder Judicial, institución que ha venido incorporando los expedientes electrónicos en un par de distritos judiciales. Dicha experiencia demostraría una reducción de la desconfianza institucional en el sistema de justicia. Sería por tanto más barato y rentable incrementar la calidad y eficiencia del servicio, además de la lucha frontal contra la corrupción.
Así también, Mujica indicó que existen riesgos de corrupción por la precariedad del sistema y la incapacidad de que un funcionario inferior pueda construir un proyecto de vida en dichas condiciones. Ante ello, Mujica propone que se refuerce el sistema de incentivos, como ha sucedido con el caso de los carabineros de Chile. A estos últimos se les garantizó becas para sus hijos, así como un seguro de salud, beneficios que perderían ante actos de corrupción. Siendo ello así, y al tener el funcionario algo que perder, se redujeron los riesgos de corrupción.
En relación al control de las instituciones del sistema de justicia, Mujica resaltó la importancia de tener carreras paralelas: carrera judicial, administrativa y una carrera de asuntos internos. Con ello se incrementaría el accontability horizontal, y se reducen riesgos de interferencia entre cada una de las líneas.
Así también, Mujica señaló que existe un problema relacionado con el managerialismo punitivo, es decir, con aquellos indicadores que son estrictamente declarativos y que fingen que son mecanismos para reducir la corrupción. En opinión de Mujica, un claro ejemplo son los talleres de capacitación en temas de lucha contra la corrupción, sobre los cuales no se tendría una idea clara sobre su real efectividad.
En otro momento, Mujica hizo mención a la demanda de conceptos éticos, ante lo cual indicó que las medidas que buscan el fortalecimiento de la ética solo funcionan en sistemas que no son precarios. La conducta ética, por tanto, estaría relacionada con sistemas en donde existen incentivos positivos y en donde se garantice la efectividad de una sanción.
Finalmente, Mujica mencionó la infiltración de otros agentes en el sistema de justicia, como el caso de estudios de abogados, entre otros. Según Mujica, existirá mayor permeabilidad a la infiltración de terceros mientras los factores anteriores sean más intensos (precariedad, escaso control, iniciativas manageriales, etc.). Mujica cerró su participación reiterando que sería más razonable aumentar los controles para la reducción de riesgos, mejorando la calidad y eficiencia del sistema que aumentando controles y la persecución focalizada.
