La magistrada solicitó la detención de estas tres personas por torturas cometidas en los últimos años de la dictadura franquista, sobre la base del principio de justicia universal, esgrimido por el magistrado Baltasar Garzón en 1998 para ordenar la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet.
Una vez que Interpol ejecute la orden, los procesados serían puestos a disposición de la Asamblea Nacional, que decidirá sobre el proceso judicial de extradición. La última palabra la tendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobará en instancia final el pedido.
Sin embargo, el gobierno español no se ha mostrado dispuesto a colaborar con las investigaciones. En mayo pasado, se suspendió una diligencia judicial para interrogar vía videoconferencia a los tres exmiembros de la policía española.
