Escribe: Marcela Huaita Alegre [1]
“¿Qué es lo que quieren?, ¿que le baje la pena o que lo declaren inocente?”.
César Hinostroza. Ex Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ofreciendo reducir la pena o absolver a un procesado por violación de una niña. (4 de abril del 2018)
En nuestra sociedad, la violencia contra la mujer es uno de los medios a través de los cuales se perpetúa el sistema de género, reforzando la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre, en las diferentes esferas sociales, económicas y políticas en las que se desarrollan. Frente a ello, los Estados deben actuar con la debida diligencia en la prevención de la violencia, atención a las víctimas incluyendo reparación del daño y sanción a los responsables, esto último a cargo especialmente de la administración de justicia.
Pero ¿qué pasa con los derechos de las mujeres cuando la corrupción afecta el sistema de justicia? Estaremos sin duda ante la violación de un derecho fundamental como es el acceso a la justicia pero que va a tener un impacto mayor y desproporcionado en las mujeres y niñas por su situación de vulnerabilidad o discriminación en nuestra sociedad.
Ello quedó demostrado en la actuación del ex magistrado supremo César Hinostroza, a quien no le importaba negociar con la integridad de una niña de 11 años, que había sido víctima de violación y cuyo agresor (padrastro) hubiera resultado absuelto si la sentencia dictada quedaba firme. El caso había sido resuelto en primera instancia por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, condenando al violador a 30 años de prisión. Dicha sentencia fue revocada por la Sala presidida por Hinostroza –absolviéndolo-, y sólo luego de que se hiciesen públicos los audios de la negociación de la pena, el agresor fue finalmente condenado a cadena perpetua en una nueva sentencia.[2]
«La posición atribuida a hombres y mujeres en el sistema de género es lo que va a explicar que sentencias cargadas de irregularidades sean normalizadas dentro del sistema de justicia.»
La conducta corrupta y venal de Hinostroza, hoy parece evidente. Sin embargo, la pregunta que debemos hacer es cómo consiguió este juez que los demás integrantes de la Sala: Jueces Supremos Aldo Figueroa (ponente), Héctor Núñez Julca, Iris Pacheco y Luis Cevallos, accedieran a semejante aberración, como lo es la absolución de un padrastro violador.
La posición subordinada de la mujer en nuestra sociedad, el poco valor que se otorga a su integridad sexual, la situación de discriminación e indefensión en que pueden encontrarse las niñas y adolescentes, son los elementos que dejan a las mujeres vulnerables ante la corrupción y permiten se dé un espacio para que se negocie con sus derechos. A ello se suma, sin duda, la red de favores que un magistrado corrupto mantiene con su entorno, lo cual encubriría un posible delito de tráfico de influencias, sin embargo esto sólo no explica semejante despropósito.
La posición atribuida a hombres y mujeres en el sistema de género es lo que va a explicar que sentencias cargadas de irregularidades sean normalizadas dentro del sistema de justicia[3], y peor aún dejen abierto el paso a diferentes comportamientos de acoso o agresión sexual de diverso tipo por parte de hombres con prestigio y poder en la administración de justicia, respecto de mujeres que están en roles subordinados, sea como trabajadoras, como operadoras del sistema de justicia, como litigantes o como víctimas[4].
De ahí la importancia de asegurar en nuestro país un sistema judicial libre de estereotipos de género[5], dado que son estos estereotipos los que permiten normalizar la violencia y la agresión contra las mujeres en diferentes dimensiones. En un estado de derecho es necesario que todas podamos obtener justicia sin ser nuevamente victimizadas.
