Cécile Blouin y Cristina Zamora (*)
En los últimos años hemos sido partícipes de la construcción global de un discurso de excepcionalidad en torno a la migración del cual surge el término de «crisis migratoria». Tomaremos aquí el ejemplo de la crisis migratoria en Europa de 2015 y la crisis migratoria venezolana iniciada en 2017 en América Latina.
La denominada «crisis migratoria europea», que se agudizó en 2015 con la llegada de personas que huían del conflicto sirio, se instauró y sigue extendiéndose en los principales medios de comunicación de los 28 países. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifró en 2015 en 999.343 personas llegadas a Europa. Aunque el principal país de origen de estas personas fue Siria, debido a su conflicto armado, la violencia en Afganistán e Iraq, y los abusos y la pobreza en Kosovo, fueron y siguen siendo impulsores de los desplazamientos hacia Europa.
Pero, ¿quién sufre la crisis?, ¿por qué hablamos de crisis?, ¿se puede realmente describir como una «crisis»? Manejando los números y ampliando la mirada comparativa, la referencia a una «crisis migratoria» puede ser reprobada. Por ejemplo si contrastamos los datos de las personas en movimiento hacia Europa con su propia población: 513,481,690 millones (con los 28). También si atendemos al número de turistas que anualmente llegan a países costeros como España, Portugal, Italia, Grecia. El Ministerio de Turismo Español cifró a principios de 2019 en 82,9 millones el número de turistas en el año anterior[1]. Sólo en el mes de agosto del 2019 entraron 10.121.985 personas en España como turistas[2].
Es hoy más que nunca necesario mirar de forma crítica a la experiencia europea para no reproducir modelos securitistas y buscar desde nuestra realidad respuestas migratorias ancladas en derechos y principios alcanzados.
Resulta ofensivo hablar de «crisis migratoria europea» si nos adentramos en la comparativa de población refugiada que acogen países vecinos a Europa: Turquía (por quinto año consecutivo acogió al mayor grupo de refugiados en el mundo, con 3,7 millones de personas), Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,2 millones). En contraposición, el primer país de la UE en acogida, Alemania tuvo 1,1 millones[3]. En el contexto mundial, son los países del sur global quienes acogen al 83% de población refugiada, siendo 10 países (de ese sur) acogedores del 50% total.
En el caso de la migración venezolana, frente a los números[4], la palabra crisis surgió casi naturalmente en distintos espacios intergubernamentales y, en los discursos mediáticos y oficiales. Aquí nuevamente pareciera ser que la crisis la viven los países receptores dejando de lado a la propia población migrante que huye de otras “crisis”: política, social, económica y humanitaria en su país de origen. Más allá de lo números y las características particulares de este movimiento migratorio, hablar de una migración sin precedente en la Región ha permitido justificar medidas excepcionales, temporales y ad hoc en un número considerable de países de América Latina[5]. Estos mecanismos han opacado la posibilidad de respuestas más integrales y protectoras como por ejemplo aplicar la definición ampliada de Cartagena bajo un procedimiento prima facie[6].
Además, la excepcionalidad en esos dos contextos migratorios hace inevitable que se decidan tomar medidas de «urgencia» donde la securitización (**) es la vía más factible. En Europa, la respuesta militar en el mediterráneo puede ser el ejemplo más ilustrativo mientras que en América Latina las medidas de control reforzado adoptados en distintos países de esta región durante el 2019 caracterizan la necesidad de responder a la urgencia de la crisis. Teniendo en cuenta que América del Sur ha sido considerada como una región modelo con normativas progresistas mediante el reconocimiento del derecho a la libre circulación de personas y el derecho a migrar, las medidas adoptadas frente a la “crisis” traducen un real retroceso justificado por el discurso de la excepcionalidad.
Es hoy más que nunca necesario mirar de forma crítica a la experiencia europea para no reproducir modelos securitistas y buscar desde nuestra realidad respuestas migratorias ancladas en derechos y principios alcanzados. Y ello no es alcanzable sin discutir la retórica alrededor del hecho migratorio.
[1] Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/Balance-de-Turismo-2018.aspx
[2] Datos de FRONTUR y del Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
[3] Datos de ACNUR en su Informe sobre Tendencias Globales de 2018.
[4] De acuerdo a la plataforma de OIM y ACNUR el número oficial de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos es 4,769, 498. https://r4v.info/es/situations/platform
[5] Acosta, Diego, Cécile, Blouin y Freier Feline 2019 La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/04/DT_FC_03.pdf
[6] Brasil ha reconocido recientemente a un grupo de personas venezolanas bajo esta definición: https://elpais.com/internacional/2019/12/06/actualidad/1575637793_935971.html
(*) Cursa estudios de Doctorado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla (España) y actualmente viene desarrollando su estancia de investigación en el Idehpucp.
(**) La securitización, impulsada por la narrativa del miedo a la amenaza a la seguridad supone el cierre de los canales legales migratorios, la militarización de las fronteras, e incluso la externalización del control migratorio, así como el incremento de centros de internamiento.
