Escribe: Irene Palla (*)
Frente al cambio radical en la forma de vivir que el COVID-19 ha impuesto en todo el mundo y que ha conllevado la obligación del distanciamiento físico y la consiguiente imposibilidad de reunirse, las organizaciones de víctimas y familiares de la época de la violencia armada en Perú han dado prueba de adaptación en la manera de participar y hacer escuchar su voz en los nuevos espacios públicos virtuales. Dadas estas condiciones, emerge la necesidad de una reflexión para identificar los beneficios y los retos surgidos.
En primer lugar, el mundo digital ha permitido que haya, bajo la pandemia, un espacio de encuentro, construcción y reivindicación, que no habría podido existir de otra manera, entre los distintos actores sociales y las y los participantes de las organizaciones de víctimas y familiares. Ellos han demostrado la voluntad de vincularse aprendiendo a utilizar las herramientas digitales, con las que han logrado participar, cuestionar, fortalecer y reforzar los vínculos entre sus integrantes. Son herramientas útiles y provechosas que los enfrentan a una nueva realidad y a nuevas competencias, por la exigencia de conectarse, y les permiten saludarse, verse y expresar sus opiniones. Múltiples han sido estas ocasiones, desde las celebraciones de aniversarios, pasando por consultas con instituciones del Estado, colaboraciones con universidades, invitaciones a debates públicos, reuniones internas, hasta promociones de sus microempresas online, demostrando la capacidad de las organizaciones de renovarse y crear nuevas soluciones.
«Nosotros estamos acostumbrados a protestar al estilo antiguo, tenemos que adecuarnos a esta realidad»
Aun así, los familiares siguen vigilantes y en alerta con respecto al Pleno de la Sentencia 540/2020 sobre el caso emblemático del Plan Cóndor del Tribunal Constitucional. Adelina García Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), denuncia que “no podemos salir a la calle, donde llegan los medios de comunicación que nos visibilizan y por esta razón están aprovechando”. La respalda la presidenta de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Desapariciones Forzadas del Perú (CN-FAVIDEFO), Doris Caqui Calixto, que afirma “tenemos que seguir reaccionando, no podemos quedar con las manos cruzadas a través de estos medios virtuales, podría ser con un ‘twittazo’ o una forma de protestar desde nuestras casas. Nosotros estamos acostumbrados a protestar al estilo antiguo, tenemos que adecuarnos a esta realidad. Sobre todo ahora que el Estado nos convoca en reuniones puntuales por cada organización, lo cual de una u otra forma nos limita y es una debilidad y una dificultad en el avance de nuestras demandas, porque no hay un pronunciamiento conjunto, no hay una participación conjunta”.
En segundo lugar, una de las ventajas de las mesas de trabajo, las conferencias y las consultas virtuales ha sido la facilitación de acceso en estos eventos a las y los integrantes de las asociaciones desde cualquier lugar donde se encuentren. Doris Caqui Calixto, considera que “esto de las redes sociales es una alternativa, habrá que ir acostumbrándose, habrá que ir haciendo uso cada vez más de estas, de modo tal de manejarlas correctamente y utilizarlas para también ahorrar el tiempo, el gasto económico y el desgaste físico de los viajes, porque trasladarse ida y vuelta de los lugares donde tenemos las reuniones con las autoridades no es fácil. Tenemos que ir sorteando estos medios, actualizándolos y aprendiendo. Todo se aprende.”
Pese a las provechosas mejoras, es importante operar para que esta posibilidad sea realmente inclusiva y no discrimine a quien tiene bajos recursos económicos, vive en sitios sin acceso a internet, no habla castellano o no maneja bien la tecnología. Luyeva Yangali, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET), invita a recordar que “no todos pueden participar, porque no todos tienen su celular, su conexión, su crédito y por esto no se enteran y no se expresan” y, al mismo tiempo, Maria del Rosario Narváez Vargas, Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), considera que “hay muchas personas que son mayores y no tienen cómo acceder a estas reuniones. Hay que tomarse el tiempo de capacitar en el manejo del celular y de plataformas virtuales”. Cabe señalar que si no se toman medidas inmediatas para favorecer la participación de todas estas personas se corre el riesgo de re-victimizarlas y de seguir marginando y discriminando, a los principales grupos categorías de víctimas del CAI, como indicó en su momento la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)[1].
«Finalmente estás solo, no hay alguien que te da soporte allí, no hay alguien que te acompaña, te da la mano, te demanda, te ayuda y así que no sabes como la persona se está manejando.»
Otro reto analizado es la necesidad por parte del Estado de brindar un adecuado servicio integral de atención psico-emocional intercultural. Aun en espacios virtuales se pueden vivir situaciones con un fuerte impacto psicológico, donde no se permite reaccionar o intervenir por los micrófonos silenciados, la imposibilidad de encender las videocámaras, etc, y en estos momentos, como denuncia Maria del Rosario Narváez Vargas, “finalmente estás solo, no hay alguien que te da soporte allí, no hay alguien que te acompaña, te da la mano, te demanda, te ayuda y así que no sabes como la persona se está manejando”.
La virtualización del espacio de acción ha permitido a las organizaciones de víctimas y familiares del CAI seguir existiendo, manteniendo el vínculo entre sus integrantes, y participando en antiguos y nuevos foros, llegando hasta nuevos públicos, como las personas en el extranjero, que por muchas décadas habían sido excluidas.
Por todos los beneficios mencionados, será importante, una vez acabada la emergencia sanitaria, incorporar el espacio virtual a los encuentros reales, para no perder la ventaja que se ha abierto durante la pandemia. Así que, desde este mismo momento, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de integrar las prácticas exitosas de participación digital de las organizaciones en sus estrategias de reparación, con el objetivo de asegurar el pleno acceso de todas y todos los familiares y víctimas de la época de la violencia, a la justicia.
(*) Antropóloga italiana e investigadora del IDEHPUCP.
[1] Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, tomo VIII, p. 354
