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Notas informativas 30 de julio de 2019

Acabamos de celebrar un aniversario patrio, y como cada año el jefe de estado realiza un balance de su gobierno y plantea las políticas para el siguiente periodo. Así, el reciente discurso presidencial ha puesto el énfasis en ofrecer una salida constitucional a la crisis de gobernabilidad que mantiene el país; una respuesta posible entre el obstruccionismo que impulsan los grupos políticos que tienen mayoría en el Congreso y el ejercicio casi de bisturí que desarrolla el Ejecutivo para que sus propuestas sean aceptadas, con los respectivos avances y retrocesos que ello trae consigo.

Más allá de la salida democrática que tenga lugar en este proceso, lo que se olvida en esta permanente confrontación es que la gobernabilidad se basa en la interacción entre el Estado y la acción de actores no estatales para la toma de decisiones mixtas, públicas y privadas. Es decir, el gobierno no se concreta solo con la elección –o designación-, sino con la representación real y efectiva de los ciudadanos en el ejercicio del poder. Ese ejercicio se concreta en políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población como los planes y programas que desarrollan los sectores.

Uno de los temas olvidados en esta confrontación “política”, son los derechos humanos, que conciernen a toda la ciudadanía, y donde merece especial atención la población vulnerable como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000, entre otros.

El Plan Nacional de DDHH 2018-2021, asumió políticas públicas específicas dirigidas a mejorar la situación de los derechos humanos de tres nuevos grupos de especial protección: trabajadores del hogar, la población LGBTI y defensores de derechos humanos. Ciertamente, en el sector se han dado pasos importantes en relación a los vínculos creados con actores no estatales, sobre todo desde la participación de organizaciones de víctimas en la generación y fortalecimiento de políticas de reparaciones. Las organizaciones de víctimas asumen un papel protagónico en este proceso, donde van aprendiendo y asumiendo una construcción de su ciudadanía, además de una visión política del país. El cambio generacional y el aprendizaje de recursos sociales, políticos y culturales de sus integrantes y líderes, comporta el intercambio de nuevas experiencias y perspectivas diversas sobre el conflicto, su condición de víctimas y el papel del Estado.

Así, cuando celebramos un aniversario patrio y se escucha hablar de diversidad, y de la emoción que produce nuestra peruanidad, toca preguntarse acerca de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que componen esa población diversa y vulnerable. Y cómo aún las políticas públicas de derechos humanos –que debieran constituir un aspecto fundamental de nuestra gobernabilidad- desaparecen de la agenda política. Como si los temas de reforma, participación y elección política no fueran para toda la ciudadanía. La memoria también es política, y eso lo saben bien las organizaciones de víctimas que vienen transitando un proceso en busca de verdad y justicia desde hace más de 30 años.

Iris Jave, responsable de la línea Memoria, democracia y postconflicto.