Hace dos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) felicitaba al Estado Peruano por la implementación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a las personas venezolanas migrantes. Hoy día, nos enfrentamos a un escenario sumamente distinto con el anuncio de la imposición de una visa humanitaria a las personas venezolanas a partir del 15 de junio por parte de Martín Vizcarra, Presidente de la República y, la ola de expulsiones masivas a personas venezolanas en las últimas semanas. El mensaje está claro: la solidaridad tiene un fin y el Perú no puede recibir a más personas venezolanas.
Esta nueva política de brazos cerrados tiene serios impactos en el ejercicio de los derechos de las personas venezolanas que se movilizan y, en ese sentido puede y debe ser cuestionada.
Primero, el Estado peruano tiene que respetar y garantizar el derecho a pedir el asilo. Garantizar este derecho implica permitir que las personas en necesidad de protección internacional acceden al territorio para justamente solicitar la protección internacional. Ello, está puesto en peligro, con la imposición del pasaporte y de la visa. En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el día de ayer se explica que las personas venezolanas deberán contar con una visa (laboral, humanitaria, turista o cualquier otra calidad migratoria) para ingresar al país. ¿Qué pasará en los puestos fronterizos de Perú para las personas que llegan sin visa? ¿Podrán solicitar el asilo? Cabe recordar que Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas solicitantes de la condición de refugiado reuniendo a más del 50% de los solicitantes de nacionalidad venezolana.
Segundo, como consecuencia a esta exigencia de visa, sabemos que una parte de los y las caminantes y migrantes que ya emprendieron el viaje buscarán llegar cuanto antes a Perú. Ello generará como se ha visto en otras oportunidades, por ejemplo con el fin anticipado del PTP y la exigencia del pasaporte, una presión en la frontera norte con llegadas mayores de personas con necesidades básicas urgentes. Para hacernos una idea, el Gobernador regional de Tumbes declaró que con un ingreso promedio de 2000 personas venezolanas se veían desbordados por las necesidades de salud de muchos y muchas migrantes. En los próximos días, esta situación se intensificará. Y luego del 15 de junio, las personas venezolanas que emprenden el viaje hacia Perú y, que no podrán por razones obvias, como la imposibilidad de conseguir un pasaporte en Venezuela, contar con la visa se expondrán a una serie de riesgos en el trayecto. Entre otros posibles riesgos se pueden mencionar robos, asaltos, coimas, violaciones etc.
Tercero, el Estado con esta medida decide producir “ilegalidad migratoria”[1]. Esta medida claramente no impedirá las personas de migrar solo creará más precariedad y estigma para los y las migrantes. Sin regularización las personas venezolanas estarán aún más expuestas a abusos de todo tipo y en especial laboral. Ello tendrá entonces impactos en todos los procesos de adaptación e inclusión en el país.
Finalmente, no hay que desestimar la importancia del mensaje en sí: expulsamos a los “indeseados” y limitamos la venida de otros “indeseados”. Usando esta retórica, el Estado peruano se acerca a las políticas restrictivas del Norte Global y, se aleja cada vez más de una política migratoria basada en los derechos humanos. Y con ello ya no tenemos nada que celebrar.
*Cécile Blouin es investigadora y responsable de la línea Movilidad Humana del IDEHPUCP
[1] Sobre el concepto de producción de la ilegalidad ver De Genova Nicholas 2002 in Annual Review of Anthropology #31 419-447 https://docs.wixstatic.com/ugd/4fd32d_bb040a2262b64b94a43d4c8923531a5f.pdf
