Escribe: José Alejandro Godoy (*)
La movilización ciudadana que logró la salida del gobierno ilegítimo de Manuel Merino de Lama y la elección de Francisco Sagasti como nuevo presidente de la República cambia parcialmente algunos de los ejes de la campaña electoral para elegir a nuevas autoridades nacionales en abril de 2021.
Antes de la irrupción de las masas en la calle, la agenda estaba marcada, básicamente, por las consecuencias de la pandemia, es decir, por las políticas de salud pública para afrontar el COVID-19 y también para mejorar la capacidad de respuesta del sistema en general, cuyos defectos se hicieron notorios durante el avance del virus en varias partes del territorio nacional. Ello generó que varios de los membretes electorales que compiten en estos comicios buscaran rápidamente algún médico o experto en salud para ser incorporado a sus filas.
El otro tema que se encontraba en la mesa era la reactivación económica, no solo debido al cierre casi total de actividades por la pandemia, sino también por la necesidad de mejorar los indicadores de inversión, que han tenido problemas durante todo el periodo gubernamental 2016 – 2018. El Ministerio de Economía y Finanzas había perdido peso político y varios de los postulantes se presentaron como los llamados a mejorar las condiciones para las empresas, sobre todo, para las de mayor calado.
«La necesidad de contar con una clase política mucho más saneada en términos éticos y judiciales vuelve a emerger como una demanda fuerte y clara»
Sin embargo, las protestas masivas – en las que estuvo a la cabeza una generación de jóvenes que la socióloga Noelia Chávez ha llamado con acierto la “generación del Bicentenario” – han superpuesto a aquella agenda política una agenda institucional más cercana a las inquietudes de las clases medias, en el sentido más amplio. Como se ha visto, en varios puntos de la capital del Perú y de las ciudades principales del país, el reclamo era por el respeto a la institucionalidad democrática. Es cierto, sin embargo, que este tema ya estaba en el debate desde antes de las protestas debido a la crisis vivida durante todo el periodo 2016 – 2020 y a raíz de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ahora ese tema recobra fuerzas por la forma en que se produjo la crisis que desembocó en la vacancia presidencial.
Asimismo, la lucha contra la corrupción se mantiene como un problema que inquieta a los ciudadanos. La necesidad de contar con una clase política mucho más saneada en términos éticos y judiciales vuelve a emerger como una demanda fuerte y clara, considerando la alta cantidad de políticos procesados y sentenciados por los distintos escándalos de corrupción que han azotado al Perú durante los últimos años.
Otro tema que las protestas han colocado sobre la mesa – y que se encontraba pendiente desde la transición democrática de 2000 – es la reforma de la Policía Nacional del Perú. La brutalidad con la que miembros de esta institución reprimieron las movilizaciones en el centro de Lima ha generado no solo una demanda de justicia ante los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sino también la necesidad de cambios en el tipo de formación de las fuerzas del orden, así como en la mejora de sus protocolos y prácticas en protestas sociales. Este era un problema ya alertado por organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas – como el IDEHPUCP – desde hace varios años, pero que se ha instalado finalmente como una preocupación nacional.
Finalmente, hay sectores que han quedado debilitados en esta crisis. De un lado, el núcleo de políticos conservadores que fueron el solitario respaldo del efímero régimen del señor Merino. De otro lado, los partidos políticos que votaron a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y que, además, demoraron la salida a la crisis. Los ciudadanos se encargarán de recordarles su desempeño en este episodio que ha llenado, a la vez, de dolor y esperanza a los peruanos.
(*) Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP
