07/07/2020

[Amigos con Derechos] La reactivación económica debe respetar los derechos de empleados y comunidades

Tras el final de la cuarentena, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras comienzan a retornar a sus puestos laborales. En este contexto, es importante que las empresas sigan cumpliendo la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y que a su vez mantengan el respeto por los derechos humanos. ¿Qué debemos exigirles a las empresas en este aspecto?

En el décimo programa de la temporada de Amigos con Derechos se analizó la relación entre las empresas y los derechos fundamentales de sus trabajadores.

En el primer bloque, Estefania Rubio Zea, consultora para la Implementación del Programa de Negocios Competitivos en Global Reporting Initiative (GRI) indicó que mientras el Estado se encarga de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas es respetarlos.

Enumeró además los tres niveles en que las empresas deben actuar.  El primer nivel – el más básico – es respetar la ley, sin lo cual no podrían operar. Esto también debe incluir la no violación de derechos fundamentales de sus empleados ni de las comunidades a su alrededor.

Un segundo nivel es mantener la política de no hacer daño, buscando ir más allá de la ley. Se trata de comprender que el objetivo es no solo hacer lo mínimo exigido por la ley sino hacer lo máximo posible para asegurar el respeto de los derechos humanos.

PARA LEER: IDEHPUCP presente en el webinar “Avanzar en la agenda de derechos humanos y Empresa: Conducta Empresarial Responsable en el marco de la epidemia”

Un tercer paso es que las empresas deben promover los derechos humanos, en especial entre las comunidades, buscando asegurar que todos conozcan qué derechos tienen, pero sobre todo qué derechos deben exigir.

Finalmente, la entrevistada opinó que desde cierto punto de vista el Estado puede ser considerado como una empresa, al menos en el sentido de que es la mayor entidad contratante en el país. Y, desde enfoque, es un problema adicional que en América Latina se tenga estados débiles. Ante esa insuficiencia del papel estatal, indicó la especialista, las empresas deben crear coaliciones o alianzas para promover de forma voluntaria el respeto a los derechos humanos.

En el segundo bloque, se comentó sobre la situación actual en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Bruce Barnaby, investigador y coordinador académico del IDEHPUCP, reveló que la llegada de la cuarentena retrasó la agenda durante varias semanas.

Sin embargo, indicó que ya se ha realizado una primera reunión virtual y se ha comenzado la etapa de adaptación del Plan.

Ante la propuesta del Ejecutivo de realizar sesiones virtuales para las consultas previas, Barnaby explicó que estas son procesos políticos de diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades, donde primero se debe generar un espacio de confianza; por ello las plataformas de comunicación virtual pueden ayudar en algunas etapas, como mecanismos de información, pero no pueden reemplazar a todo el proceso.

En el caso de los proyectos extractivos mineros, consideró importante reflexionar sobre qué tan urgente es acelerar los procesos de consulta en etapas que son muy prematuras o si la reactivación debería estar más enfocada en las actividades donde se contrate un mayor número de trabajadores.

Consideró también que, si el gobierno busca activar de forma inmediata los proyectos extractivos por su interés en la recaudación de tributos, se debería analizar caso por caso y examinar el consentimiento de los miembros de las comunidades y federaciones. Asimismo, subrayó la importancia de asegurar la salud de los miembros de las comunidades buscando mecanismos de seguridad durante la generación de diálogo.

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