Por: Génesis Vargas, asistente de investigación.
Ser mujer y ser migrante implica ser doblemente vulnerable: no solo se enfrentan a discriminación en razón de su condición migratoria, sino también en base a su género. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un reciente informe sobre violencia ejercida contra trabajadoras migratorias, ha acotado que las mujeres migrantes sufren “formas múltiples e interseccionales de discriminación […] por numerosas características interrelacionadas, como la edad, los ingresos, la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, el estado civil, la situación familiar, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el estado de salud, el estado serológico respecto del VIH, el embarazo, el lugar de residencia y la situación económica y social” (párr. 10).
La convergencia de estas condiciones de vulnerabilidad exige a los Estados la adopción de medidas específicas para atender las necesidades de la población migrante femenina bajo su jurisdicción. En el caso de Perú, ello cobra relevancia de cara al incremento del número de personas venezolanas en el país desde 2017. Según la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento N° 6 (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mujeres venezolanas han pasado a representar el 58% de los migrantes de esta nacionalidad que llegan al país. Ello significa que su porcentaje de representatividad sobre las 863,613 personas venezolanas en Perú continúa en aumento.
Informalidad laboral y exposición al hostigamiento diario
Algunos diagnósticos, como el “Estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión” realizado por el IDEHPUCP con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), dan cuenta sobre el perfil de las migrantes venezolanas en el Perú y los problemas específicos que enfrentan. Se trata de mujeres jóvenes, en su mayoría entre los 18 y 29 años (59%), sin acceso a educación superior (68%). Aunque un alto porcentaje cuenta con trabajo (88%), estos serían puestos en el sector informal (como vendedoras ambulantes, vendedoras en establecimientos comerciales, brindando atención en centros de belleza, o mozas en restaurantes).
«En el caso de las mujeres venezolanas, el temor a acudir a las instancias correspondientes puede haberse visto incrementado por los constantes cambios en la política migratoria peruana»
La informalidad de sus trabajos las expone no solo a bajos sueldos, no recibir pagos o trabajar horas extras, sino también a ser víctimas de hostigamiento sexual en el ambiente laboral. Los estereotipos formados en torno a la mujer venezolana en Perú y su hipersexualización lleva, además, a que sufran acoso sexual en las calles, e incluso condiciona su acceso a servicios públicos, como los del sector salud, a tratos diferenciados, tocamientos innecesarios e insinuaciones sexuales.
Estas situaciones de violencia se ven agravadas por la falta de acceso a la justicia en Perú, y la poca efectividad de los recursos judiciales existentes para atender estas problemáticas. Si bien es posible reconocer que las situaciones a las que se enfrentan las mujeres venezolanas son estructurales en el país, dado que la cultura machista y patriarcal ha normalizado la violencia de género en todos los espacios de la sociedad, representa un problema en especial en su condición de migrantes por las siguientes razones:
i) el desconocimiento de los sistemas jurídicos de sus países de acogida;
ii) el rechazo de denuncias por parte de las autoridades encargadas;
iii) el temor a acudir ante las instancias correspondientes por repercusiones en su contra relacionadas con su estatus migratorio; y
iv) la falta de redes de apoyo en los países en los que se encuentran.
Estos factores afectan en menor o mayor medida a todas las mujeres migrantes en Perú. En el caso de las mujeres venezolanas, el temor a acudir a las instancias correspondientes puede haberse visto incrementado por los constantes cambios en la política migratoria peruana, que aumenta cada vez más requisitos documentarios para la permanencia regular de personas de esta nacionalidad en Perú[1].
Por otro lado, en cuanto a los sistemas de atención a víctimas, debe señalarse que en el caso peruano ya se han identificado deficiencias claras. Tal como ha señalado la Defensoría del Pueblo en su informe sobre la Segunda Supervisión a nivel nacional de los Centros de Emergencia Mujer, en 2018 se constató que 52 de estos Centros no atendían casos de feminicidio, y 87 no atendían a personas migrantes.
Aunque que se registró que en 2018 se atendió a través de los CEM a 800 personas migrantes, de las cuales 420 eran mujeres venezolanas, los datos del informe generan preocupación sobre la capacidad de los sistemas de respuesta ante casos de violencia de género contra víctimas migrantes. Si tomamos en cuenta que a lo largo del 2019 ya se han registrado tres feminicidios contra mujeres venezolanas, dos de ellas asesinadas por sus parejas (Angery Pinto en febrero, y Michelle Flores en junio), y la otra por una persona de su entorno laboral (Desireé Crespo en mayo), el incorporar un enfoque de derechos humanos y de género en el tratamiento de los casos de violencia de género contra mujeres migrantes se hace urgente.
[1] Debe recordarse que en agosto de 2018, se impuso la exigencia de pasaporte para el ingreso de personas venezolanas. Poco después, en octubre del mismo año, culminó el plazo para que las personas venezolanas que ingresaran pudieran aplicar al régimen del Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Por otro lado, durante la primera mitad del 2019, se crearon la visa humanitaria y la visa de turista para personas venezolanas (las cuales solo pueden ser solicitadas desde el exterior).
