Por: Raisa Ortiz Cetra (*) y María Inés Pacecca (**)
La vida cotidiana de las personas migrantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay muestra cómo la irregularidad migratoria profundiza desigualdades económicas y sociales. Trabajar de manera registrada, alquilar una vivienda o un comercio, acceder a la seguridad social, al sistema de salud y a la educación (entre otras cuestiones) rara vez es posible para quienes no cuentan con los papeles. Y regularizarse suele ser más difícil para las poblaciones marginalizadas, que carecen de los recursos materiales y simbólicos para salvar las vallas burocráticas y culminar los trámites administrativos.
En las últimas dos décadas, numerosos países de América del Sur han modificado sus leyes migratorias, reconociendo el derecho a migrar y obligando a los Estados a promover la regularización. Sin embargo, el aumento exponencial de la migración venezolana en los últimos cinco años tensionó las normas y las prácticas de los sistemas migratorios y de asilo, y los países de la región implementaron políticas diversas y cambiantes. El informe Laberintos de papel. Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) analiza los procedimientos de regularización vigentes en siete países de la región, todos ellos firmantes del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Asociados (2002).
«Los mecanismos de regularización extraordinarios deben implementarse solamente en situaciones extraordinarias o de emergencia»
Se relevó especialmente la existencia de mecanismos de regularización ordinarios o de excepción, los criterios o vías por los cuales es posible solicitar la residencia, los requisitos y costos, y las singularidades del procedimiento administrativo en cada país, que pueden simplificar u obstaculizar el trámite. En conjunto, las experiencias analizadas muestran que la regularización (general o de una nacionalidad específica) queda comprometida si los procedimientos ad hoc se vuelven la regla y se implementan por períodos cortos. Una política migratoria orientada a la inclusión, protección y no discriminación debe fortalecer los procedimientos ordinarios y permanentes de regularización, accesibles sobre la base de la igualdad a todas las personas migrantes. Ello incluye criterios amplios, tasas asequibles y medios accesibles. Los mecanismos de regularización extraordinarios deben implementarse solamente en situaciones extraordinarias o de emergencia, y enlazar sin fisuras hacia procedimientos ordinarios y soluciones duraderas.
El informe resultó del trabajo colaborativo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) – (Argentina); Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Conectas Direitos Humanos y Missão Paz – (Brasil); Observatorio Ciudadano y Movimiento Acción Migrante (MAM) – (Chile); DeJusticia y Corporación Opción Legal – (Colombia); Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El próximo 5 de noviembre se realizará la conferencia virtual “Regularización migratoria en América del Sur: laberintos de papel», en el que especialistas de la región abordarán el estudio mencionado. La participación es gratuita, solo es necesario llenar un breve formulario.
(*) Miembro del equipo internacional de CELS.
(**) Coordinadora del Área de Investigación de CAREF.
