Escribe: Marcela Huaita Alegre [1]
En vísperas del Bicentenario de la Independencia las mujeres del Perú estamos en riesgo. No sólo por la pandemia Covid-19 sino también por la falta de compromiso que han demostrado ambos candidatos a la presidencia del Perú en garantizar nuestros derechos y luchar contra la discriminación estructural que nos afecta. Esa falta de compromiso se refleja tanto en sus planes de gobierno como, y quizás especialmente, en sus declaraciones.
En efecto, cuando una agrupación política desea asumir la conducción de un país es importante que explique cuáles van a ser sus prioridades de gobierno y sus compromisos para conseguirlo. Lamentablemente, como quedó demostrado en los diferentes análisis de los planes de gobierno que se hicieron en la primera vuelta[2] los planes presentados por ambas agrupaciones políticas tenían pocos compromisos orientados a garantizar los derechos de las mujeres y casi nulo desarrollo con planteamientos técnicos sobre cómo lograrlo. Peores aún han sido las declaraciones de ambos candidatos[3], quienes parecen no haberse informado de que en nuestro país existe una política de igualdad de género, aprobada con un horizonte proyectado hasta el 2030.
Por ello nos parece de suma urgencia e importancia evidenciar por qué resulta urgente que ambos candidatos se comprometan con los objetivos de esta política, pues el no hacerlo significa poner en riesgo no sólo los derechos de las mujeres, sino incluso sus vidas.
La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG, D.S.N° 008 -2019-MIMP) parte de reconocer la discriminación estructural que sufrimos las mujeres peruanas y que se refleja en vulneraciones de nuestros derechos fundamentales. Al respecto, es importante que ambos candidatos se pronuncien sobre las medidas que van a tomar para garantizar como mínimo los derechos a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, así como los derechos económicos y sociales. Todos esos derechos han sido golpeados sobremanera durante la pandemia, como lo acreditan el aumento en un 130% de denuncias por violencia de género[4], las más de siete mil denuncias por violación sexual durante los meses de confinamiento en el país[5], el incremento de un 12% de los embarazos no deseados[6], especialmente en adolescentes, el dramático aumento en un 26.5% de la razón de mortalidad materna en el último año,[7] y la disminución de la tasa de actividad femenina en 12.7%. Sobre esto último, se calcula a mediano plazo la pérdida de empleo para 3 millones de mujeres peruanas, aproximadamente[8].
«Las mujeres peruanas exigimos que la promesa de igualdad en derechos se haga realidad, y que no se hipoteque nuestro futuro y el del país ad portas del Bicentenario.»
Sin embargo, lo más importante para enfrentar los efectos de esta discriminación estructural es atacar sus causas, es decir, el conjunto de patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, refuerzan la asignación desigual de roles entre hombres y mujeres, e infravaloran y postergan lo femenino. Esto exige también la reducción de las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. Es por ello que se requiere un compromiso serio y profundo para un cambio cultural que se refleje en las políticas de gobierno y de una vez por todas se deje de reforzar la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres en nuestra sociedad pluricultural y diversa.
Si no se logra ese compromiso, lamentablemente, ello se traducirá en los próximos años en mayores tasas de embarazo adolescente por la falta de educación sexual integral; en más pérdida de años escolares y futura pobreza para estas jóvenes, debido a la deserción por embarazo; en más muertes maternas porque las parejas no les permiten uso de anticonceptivos modernos y se penaliza las interrupciones de embarazos forzados; en menor capacidad de producir ingresos, por la necesidad de dedicarse al cuidado de personas dependientes; en suma, en menor autonomía y mayor desigualdad para las mujeres. Más aún, si ellas no aceptan ese destino, mayor violencia será ejercida para disciplinarlas. Allí están, en efecto, las cifras (INEI 2019[9]) para recordarnos que el mayor número de feminicidios se produce en mujeres jóvenes amas de casa y con hijos/as.
La igualdad que exigimos significa una defensa del proyecto de vida al que todas las mujeres tenemos derecho, de nuestro desarrollo individual, familiar y también del desarrollo de nuestro país. Las mujeres peruanas exigimos que la promesa de igualdad en derechos se haga realidad, y que no se hipoteque nuestro futuro y el del país ad portas del Bicentenario.
Desde aquí hacemos un llamado a los gremios y organizaciones sociales para que se sumen a la demanda por el respeto a la política de igualdad de género, como política de obligatorio cumplimiento por quien gobierne los destinos del Perú en los próximos cinco años.
