Por: Ana Neyra (*)
En el marco del Día Internacional de la Mujer, a casi un mes de las elecciones, es importante analizar la presencia de las mujeres en los principales cargos políticos.
No hemos tenido Presidenta de la República hasta ahora, pero hoy sí hay avances importantes con mujeres liderando la Presidencia del Consejo de Ministros (y otros cinco ministerios), el Congreso (con un total de 34 congresistas), el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Instituto Nacional Penitenciario o la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Sin embargo, aunque se avanza en ir rompiendo el llamado techo de cristal (ese tope que se pone a las mujeres para que no lleguen a las más altas posiciones), este, más bien, “parece ser de elástico”, ya que habilita el espacio solo para una mujer en particular, y luego se cierra por el machismo institucionalizado (Urrutia 2021)[1].
Analicemos el Congreso con un poco más de detalle. Primero recordemos que solo podemos elegir y ser elegidas desde 1955. Según datos del JNE[2], en el Congreso electo en 1956, solo tuvimos una mujer senadora (de 53) y 8 diputadas (de 182). Tras la elección anulada de 1962, ello se redujo en 1963 (solo 2 diputadas, de 140 diputados y 45 senadores), cantidad que se mantuvo en la Asamblea Constituyente de 1978 (con 100 representantes). Con el sufragio universal (instaurado en la Constitución de 1979), en Congresos bicamerales de 60 senadores y 180 diputados, 2 senadoras y 13 diputadas ingresaron al Parlamento en 1980, mientras que se tuvo 3 senadoras y 10 diputadas en el periodo 1985-1990 y 4 senadoras y 12 diputadas en el quinquenio que inició en 1990, pero que se vio interrumpido por el golpe de Estado de 1992.
«Al margen del diseño de las listas y el sistema electoral, la pregunta que puede hacerse es ¿la ciudadanía quiere votar por mujeres? Aún mantenemos una serie prejuicios y de ideas preconcebidas sobre roles y tareas consideradas ‘femeninas’»
Para aprobar la nueva Constitución se tuvo a 7 mujeres integrantes del Congreso Constituyente Democrático (de 80) y se tuvo por primera vez una presencia mayor a 10% en el Congreso unicameral de 1995-2000 (13 mujeres, con un 10.83%). Con la cuota de género, que exigía tener 25% (1997) y luego 30% (2000) de mujeres en las listas de candidatos, los números fueron mejorando. Sin contar el breve periodo entre 2000 y 2001 (luego del intento de re-reelección y la convocatoria a elecciones al año siguiente), y con 120 congresistas en única Cámara, en el 2001 se tuvo 22 mujeres electas congresistas (18.33%), cantidad que se incrementó a 35 durante el periodo 2006-2011, con el mayor porcentaje de congresistas mujeres hasta ahora (29.17%). Luego del incremento a 130 congresistas, en el periodo 2011-2016, se tuvo 28 mujeres como representantes (21.54%); 36 entre 2016 y 2020 (27.69%) y 34 en este Congreso electo en 2020 (26.15%). Con ello, el Perú se ubica un poco más arriba del porcentaje de presencia de mujeres en los Parlamentos a nivel mundial (25%), el más alto en la historia, con cifras más altas en América (32%), y dentro del promedio sudamericano (26%)[3].
Ahora bien, no se ha conseguido que el porcentaje de mujeres en el Congreso sea al menos igual a la cuota electoral prevista (30%). Ello se debe en parte a la ubicación de las mujeres en las listas, generalmente en el tercio inferior (42% en las tres últimas Elecciones Generales[4]), con solo un 23% en la primera parte de lista, pese a que quienes tienen más posibilidades de ser elegidos son justamente los que se ubican en ese primer tercio[5].
Para las Elecciones 2021 hubo un cambio de reglas. No solo se introduce la cuota, sino que se aplicará por primera vez la paridad y alternancia: listas de candidaturas conformadas por igual número de mujeres y hombres, ubicados de manera intercalada. Habrá que analizar si se incrementa la representación, incluso manteniendo el voto preferencial.
Ahora, al margen del diseño de las listas y el sistema electoral, la pregunta que puede hacerse es ¿la ciudadanía quiere votar por mujeres? Aún mantenemos una serie de prejuicios y de ideas preconcebidas sobre roles y tareas consideradas femeninas. Se atribuye a las mujeres las tareas de cuidado o asistenciales y a los hombres las de dirección, decisión o liderazgo. Según la ONU, en el mundo, el 43% de mujeres y el 53% de hombres cree que los hombres son mejores líderes políticos[6]. Tal vez eso explique también por qué en el Perú, pese a que casi la mitad de las afiliaciones a los partidos son de mujeres (48%)[7], estas ejercen menos del 30% (29.48%) de cargos directivos[8], o por qué, de 16 candidaturas a la Presidencia, solo 2 sean de mujeres, o por qué, incluso con la exigencia de paridad y alternancia, solo el 22% de las listas al Congreso estén encabezadas por mujeres[9]. T que sigamos aceptando que las mujeres se dediquen el doble de horas que los hombres al cuidado de personas adultas mayores o hijos, a más del triple de horas a las actividades culinarias y a tres horas más por semana al aseo y limpieza del hogar[10]. Todo ello se ha agravado en la pandemia, pues en estas circunstancias las mujeres asumen mayores roles, incluido el apoyo educativo y el cuidado de las personas enfermas[11]. Y, ello, sin contar el impacto diferenciado, que puede afectar las posibilidades de participación para mujeres que además sufren otros tipos de discriminación (por identidad étnica, nivel educativo, identidad de género, orientación sexual, entre otras razones), lo que nos exige una mirada interseccional[12].
En el Perú, además, mantenemos nuestra tolerancia a la violencia. Aun cuando más del 94% señala que es inaceptable y debe ser castigada por ley, también más del 30% estima que una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por su pareja y que una mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. No se puede ignorar ese 52.7% de personas que cree que las mujeres debemos primero cumplir el rol de madre y esposa y, solo luego de ello, nuestros sueños[13]. En ese contexto, se encuentra también otro factor que desincentiva la participación: el acoso político contra mujeres candidatas y autoridades. Según datos del JNE, en las elecciones de 2018, el 22% de las candidatas señalaba haber sufrido acoso político[14]. El Congreso aprobó en el marco del Día Internacional de la Mujer una ley para su prevención y sanción, siguiendo experiencia de países como México, Bolivia o Ecuador.
En este contexto, puede entenderse por qué aún estamos lejos de lograr una participación equitativa de las mujeres en política. No se trata solo de diseño electoral, sino también de la estructura de la sociedad. Aunque son procesos que se vislumbran largos, es importante renovar nuestro compromiso con la toma de conciencia y sobre todo con la acción para seguir luchando por la igualdad, y por más derechos, de nosotras y de las que vienen.
