14/08/2017

Los Cabitos nos habla: el Perú necesita más documentación

En pocos días se dictará sentencia sobre el múltiple caso de desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados en el cuartel Los Cabitos, en Huamanga. Los hechos ocurrieron desde 1983, cuando las fuerzas armadas fueron encargadas de la lucha contra la organización terrorista Sendero Luminoso. El caso fue documentado en su informe final por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en 2003, pero ya existía una investigación fiscal al menos desde un año antes. Esa referencia es relevante: hablamos de un periodo de 35 años desde que se produjeron los crímenes y de quince años desde que son investigados. Esa es la medida de la inoperancia o de la falta de voluntad de la justicia en el Perú. Es, también, la medida de la espera de las víctimas y de su tenacidad.

El caso Los Cabitos es emblemático en varios sentidos más. Ya se ha hablado en abundancia de la atrocidad de los crímenes que ahí se cometían. Y también de la planificación del ocultamiento. Fue ahí donde se descubrió la existencia de al menos un horno crematorio además de diversas fosas clandestinas. Ese fue el destino de los desaparecidos. La CVR registró noticias de 138 víctimas; el proceso que está por terminar hará justicia -si la hace- a solo 53 de ellas. Sabemos, sin embargo, que incluso la cifra de la CVR es incompleta. Los Cabitos nos habla de que el Perú no necesita negacionismo; necesita más documentación. Y necesita encontrar a sus desaparecidos.

Los acusados del proceso son los jefes militares que tuvieron mando en el cuartel en esa época. Es imposible, al parecer, identificar a los ejecutores directos. Pero, una vez más, cabe afirmar la obligación de responsabilizar a quienes dominan la cadena de mando en un crimen complejo cometido desde una organización vertical.

Los Cabitos nos habla, finalmente, de un asunto más general, pero no menos grave: de la nefasta decisión de las autoridades civiles de la época de colocar a la población bajo el arbitrio de jefes militares y de desechar sus obligaciones constitucionales. Estos crímenes ocurrieron cuando se creó la figura de los comandos político-militares. Pronto empezaron a crecer las noticias de desaparición forzada de personas en las zonas bajo control militar. El presidente de entonces, Fernando Belaunde, decidió ostensiblemente ignorar esas noticias. Su último acto de gobierno fue aumentar el poder discrecional de los jefes militares sobre la vida y la muerte de la población.

Escribe: Félix Reátegui, asesor del IDEHPUCP.

Deja un Comentario:

Nombres:

Correo electrónico:

Mensaje: