26/05/2020

Luchando por VIHsibilidad durante la pandemia del COVID-19: panorama actual de las personas venezolanas seropositivas en nuestro país

Por Augusto RosasAndrea Carrasco [1] 

A través de esta entrevista a Julio Rondinel, Coordinador Regional de Foro Salud, se busca visibilizar la situación de las personas migrantes venezolanas viviendo con VIH en el Perú, en el marco de la crisis sanitaria actual. 

La complejidad del fenómeno migratorio de la población venezolana en el Perú, enmarcado en la crisis política, económica y social que vive el vecino país, ha dejado al descubierto problemáticas que han transformado las dinámicas sociales en los territorios receptores de esta población. Y aunque las condiciones de vulnerabilidad son muchas, existen poblaciones que se han visto especialmente afectadas con un escenario de violencia, discriminación e indiferencia.

Ese el caso de las personas venezolanas que viven con VIH, quienes tuvieron que salir de su país por miedo a morir o sufrir graves daños a su salud debido a la falta de reactivos y medicamentos antirretrovirales, los cuales ayudan a suprimir la multiplicación viral al máximo, conservan la función inmunológica antes de que esta se deteriore irreversiblemente, y prolongan el bienestar y la calidad de vida de estas personas. En una encrucijada entre el avance de la enfermedad y las dificultades de migrar sin permisos, al menos unas 10 mil personas han tenido que abandonar Venezuela, de acuerdo a las cifras de Aid for Aids[2] (AFA, Ayuda para el Sida por sus siglas en inglés).

Si bien la respuesta inicial del gobierno peruano frente a la problemática de los migrantes con VIH fue acertada (…) desde el sector salud no se definieron directivas específicas ni se diseñaron estrategias dirigidas a la población migrante.

En contextos de crisis político-económica, las oportunidades para construir medios de subsistencia se hacen más difíciles cuando se tiene doble condición de vulnerabilidad: migrante y seropositivo. Pero ¿qué sucede con las personas venezolanas viviendo con VIH cuando el sistema de salud del país de recepción se encuentra inmerso en una pandemia?

Antes de la pandemia de Covid-19

De acuerdo con Julio Rondinel, coordinador regional de Foro Salud, en diciembre del 2019, la Dirección de Prevención y Control de VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH) del Ministerio de Salud reportó la inclusión de 3033 ciudadanas y ciudadanos venezolanos en el programa TARGA (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad). Este número sería mayor si se incluyera también a las personas que tuvieron que abandonar el tratamiento por razones socioeconómicas y las que siendo VIH-positivas desconocen su estado serológico.

Si bien la respuesta inicial del gobierno peruano frente a la problemática de los migrantes con VIH fue acertada, traduciéndose en la facilitación del carnet de extranjería para estas personas reconociendo su situación de vulnerabilidad, desde el sector salud, no se definieron directivas específicas ni se diseñaron estrategias dirigidas a la población migrante. Como señala Alfonso Silva Santisteban, la atención a migrantes se vino dando como parte de los servicios usuales de atención[3].

Al respecto, Julio Rondinel señala que tras conseguir los carnets de extranjería para personas migrantes diagnosticadas con VIH, con la esperanza de acceder así al Sistema Integral de Salud (SIS) y a la medicación necesaria, las barreras continuaron. Ahora también debían probar que eran pobres extremos a pesar de que para el sistema no podían serlo pues alquilaban viviendas precarias y se presumía que recibían rentas. En ese sentido, muy pocos lograron acceder de manera efectiva al SIS.

En enero de este año, el gobierno emitió un Decreto Supremo[4] en el que dispone que las personas viviendo con VIH, con tuberculosis y discapacidad severa sean consideradas en condición de vulnerabilidad sanitaria priorizada y pueden acceder al SIS para su tratamiento. Sin embargo, dicha norma no indica si se aplica también a personas no nacionales, lo que genera un vacío legislativo que se traduce en la desprotección de personas migrantes viviendo con VIH. Asimismo, Rondinel afirma que el SIS aplicable a este grupo de personas no toma en cuenta el nivel de atención especializada y compleja que requiere el virus de inmunodeficiencia adquirido.

Otras de las principales barreras identificadas para el acceso al tratamiento de los migrantes se encuentran en “los gastos de bolsillo” que suponen los requisitos previos al inicio del TARGA, desde la reconfirmación del diagnóstico de VIH, pasando por la historia clínica y examen físico, hasta un sinfín de pruebas de laboratorio. Frente a estas problemáticas, organizaciones de la sociedad civil, como Encuentros, Foro Salud, AHF, SIDAVIDA, PROSA, CCEFIRO, entre otras, respondieron y continúan respondiendo a la demanda de los migrantes con VIH, generando redes de información, acompañamiento psicológico, coordinación en centros de salud y apoyo material-económico para facilitar el acceso al tratamiento[5].

Durante la pandemia

ONUSIDA, además de instar a que los servicios de VIH de los países de América Latina y el Caribe continúen estando disponibles para las personas seropositivas o que corren el riesgo de contraerlo, y que la dispensación de medicamentos sea multi-mensual de tres meses o más, recomendó implementar un enfoque específico para llegar a los que se encuentran entre las poblaciones más vulnerables: las personas trans refugiadas y migrantes. ONUSIDA entiende que, tanto el virus como las respuestas gubernamentales pueden conducir a formas indirectas de discriminación[6]. Esto es: que las desigualdades existentes hacen que la pandemia del coronavirus pueda tener un mayor efecto en grupos humanos particulares.

En el Perú, declarado el Estado de Emergencia por el presidente Vizcarra el pasado 15 de marzo, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud promulgó una serie de recomendaciones para garantizar la atención integral de las personas viviendo con VIH frente a la pandemia por COVID-19. Para reducir el riesgo de que se produzcan brotes de coronavirus en personas seropositivas, se recomendó a todas las DIRIS, DIRESA y GERESA: 1) garantizar a nivel nacional la continuidad del acceso al tratamiento antirretroviral, en todos los establecimientos de salud que lo ofrece; 2) realizar la dispensación del tratamiento antirretroviral para un periodo mínimo de tres meses; y 3) realizar la identificación oportuna de infecciones respiratorias agudas y manejo de casos sospechosos de COVID-19 entre las y los usuarios de los servicios TAR. Estas recomendaciones estarán vigentes durante el Estado de Emergencia.

Sin embargo, la realidad supera lo dispuesto en el papel. Rondinel visibiliza algunos de los casos registrados por Foro Salud que dan cuenta del impacto diferenciado de la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno en las personas viviendo con VIH. Casos de personas que solo han recibido el tratamiento para un mes, otras que no lo recibieron, otras que hacen largas colas en establecimiento de salud con temor a exponerse al contagio del COVID-19, otras que ni se atreven a pisar estos lugares.

“La prioridad de las personas migrantes seropositivas, frente a la pandemia y sus repercusiones, es contar con algún ingreso económico que les permita comer y pagar el alquiler, más no acceder a la medicación que requieren”.

Esta situación afecta también a las personas migrantes viviendo con VIH, sobre todo respecto a la medida de confinamiento y aislamiento social obligatorio en contraposición con la necesidad de obtener ingresos diarios para sobrevivir. En ese sentido, se han registrado pérdidas de puestos de trabajo, casos de personas sin ningún tipo de ingreso económico, desalojos frente a la imposibilidad de seguir pagando alquileres, entre otros.

También se han registrado muertes de personas venezolanas seropositivas a causa del COVID-19. Julio describe dos casos que llegaron a conocimiento de Foro Salud y que grafican la situación actual: el caso de un paciente que falleció en el hospital de Chosica y el caso de una persona que falleció en su habitación arrendada en Los Olivos, sin recibir ningún tipo de atención médica, sin ayuda del Estado, pero con el soporte de sus amigos, un grupo de migrantes que tuvieron que hacer una colecta para cubrir los gastos.

Estos casos exponen la situación de las personas viviendo con VIH frente a la crisis sanitaria en las que estamos inmersos. El Estado peruano viene incumpliendo con la obligación de proveer la medicación necesaria para que las personas seropositivas no tengan que exponerse al contagio del COVID-19, al contrario, se reporta el desabastecimiento de la medicación requerida; tampoco está garantizando la atención y consultas ambulatorias, y se ha suspendido la fármaco-vigilancia. Esto sin contar con que la toma de muestras de Carga Viral y CD4, importantes para conocer la progresión de la enfermedad, se han visto interrumpidas debido a que la demanda de diagnósticos por COVID-19 constituyen la prioridad del Instituto Nacional de Salud (INS).

Como ya se adelantó, esta inasistencia por parte del gobierno afecta de manera diferenciada a las personas migrantes viviendo con VIH. Esto sobre todo porque la prioridad de las personas migrantes seropositivas, frente a la pandemia y sus repercusiones, es contar con algún ingreso económico que les permita comer y pagar el alquiler, más no acceder a la medicación que requieren. Y la prioridad del Estado es contrarrestar los efectos del COVID-19 sin tomar en cuenta, por ahora, las particularidades de la población usuaria del sistema de salud.

“En Perú se cuenta con una política en VIH, pero la misma no incluye de manera directa el abordaje de los determinantes sociales de la salud tales como la nacionalidad, el género, la ocupación, la clase social, entre otros, en la adherencia al tratamiento antirretroviral”

De acuerdo a Julio Rondinel, esta desatención del Estado peruano respecto a las personas seropositivas es de larga data y encuentra asidero en la limitada y errónea mirada sanitaria dirigida hacia el VIH, la cual se limita a proveer de la medicación requerida sin tomar en cuenta las situaciones de discriminación y estigma que viven las personas seropositivas en nuestro país. Se cree que dado que el VIH ya no es una enfermedad mortal, las personas que reciben tratamiento farmacológico solo requieren del mismo para ver garantizada su salud, lo cual también incide en que no sean consideradas un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto, según Rondinel, permite que se ahonden las desigualdades sociales pues no se está abordando el asunto desde una mirada integral e interseccional.

Frente a esta situación, la labor de la sociedad civil se erige como un contrapeso que interpela al sistema de salud peruano. Pero, debido a la pandemia, no hay espacios de diálogo activos entre ésta y el Estado porque las prioridades de éste último es la atención al COVID-19. Esto resulta preocupante pues el diálogo permitiría incluir las particularidades y complejidades de las personas migrantes con VIH en las medidas adoptadas por nuestras autoridades. Al respecto, Julio Rondinel reclama: Necesitamos el diálogo político, necesitamos aterrizar en acciones concretas que sean sostenibles. No vamos a poder encontrar soluciones sin la efectiva participación (de la sociedad civil), con enfoque de derechos humanos. A pesar de tener la enfermedad, no hemos perdido los derechos. Sobre todo el derecho a la vida digna, a vivir en medio de esta crisis.”

A modo de conclusión

En Perú se cuenta con una política en VIH, pero la misma no incluye de manera directa el abordaje de los determinantes sociales de la salud tales como la nacionalidad, el género, la ocupación, la clase social, entre otros, en la adherencia al tratamiento antirretroviral. En las personas migrantes, la vulnerabilidad social es mayor y la adherencia se ve amenazada por condiciones socio-económicas; por lo que es fundamental para la protección de sus derechos el determinar de qué manera estas se consideran en las políticas específicas en su atención, así como analizar las acciones y omisiones por parte de los actores sociales responsables.

Las brechas que se encuentran en nuestro sistema de salud actual en materia de VIH pueden deberse a dos razones: por un lado, se mantiene una visión economicista de la salud, esto es, la derivación de mayores recursos hacia la sanidad curativa como única estrategia sectorial y el mero suministro de la medicación requerida; por el otro, persisten graves problemas de gestión de los actores sociales, en medio de desinterés, falta de sensibilidad, el estigma y la poca preocupación en brindar atención integral de calidad. Tales carencias pueden llevar a que las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Salud para asegurar la atención integral de las personas seropositivas durante el Estado de Emergencia sean solo una manifestación de buenas intenciones y no un verdadero instrumento de políticas públicas en salud que pueda garantizar la calidad de vida de las peruanas y peruanos viviendo con VIH y la de las que tuvieron que migrar a nuestro país para no morir.

Es vital que se reemplace la simple caracterización de episodios causales del proceso salud-enfermedad, propios del paradigma biomédico, por una elaboración mucho más compleja, histórica y crítica de la forma como enferman y mueren las personas. El gran reto que plantea el manejo del VIH/SIDA en personas migrantes durante una crisis sanitaria mundial es precisamente eso: invitar a las nuevas generaciones de profesionales que, de una u otra manera son actores de la promoción de la salud, a mirar de manera compleja pero integrada todos los caminos, redes y contextos que puedan interpretar los procesos salud-enfermedad, desde una postura interseccional, e intersectorial. Quizá, en medio de esta pandemia, convenga insistir en que la importancia de vincular el estado de salud de las personas, la visibilización de los y las que no se nombran y el desarrollo comunitario está en el reconocimiento de la salud como un derecho humano y, por tanto, como un asunto de justicia social.


[1] Escriben: Augusto Rosas, miembro de la línea de trabajo Memoria, Democracia y Postconflicto e integrante del Centro de Documentación del IDEHPUCP (CENDOC), y Andrea Carrasco, Asistente e investigadora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[2] Efecto Cocuyo. “Más de 10 mil venezolanos con VIH emigraron en busca de tratamiento, según Aid for Aids”. En: https://efectococuyo.com/salud/mas-de-10-mil-venezolanos-con-vih-emigraron-en-busca-de-tratamiento-segun-aid-for-aids/
[3] Silva, A. (2019). Diagnóstico rápido: situación de los migrantes con VIH en el Perú. Lima, Perú, p. 24.
[4] DECRETO SUPREMO N° 002-2020-SA. Decreto Supremo que reglamenta la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1346 que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud (SIS). En: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-reglamenta-la-primera-disposicion-comple-decreto-supremo-n-002-2020-sa-1847046-1/
[5] ForoSalud (2018). Impacto de la migración forzada de las y los ciudadanos venezolanos que viven con el VIH/SIDA por el desabastecimiento de antirretrovirales. Callao, Perú, p.70.
[6] ONUSIDA (2020). Los derechos humanos en tiempos de Covid-19. Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad, p. 10.

 

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2 Comentarios:

JULIO RONDINELCANO

MUCHAS GRACIAS POR EL ARTICULO ES MUY BUENO Y REFLEJA EL SENTIR DE NUESTRA ASOCIACION QUE ESTA FUNDADA POR PERSONAS QUE VIVIMOS CON EL VIH/SIDA- GRACIAS 990137917

ALEJANDRO VALDERRAMA

SIN DUDA ES UNA FIGURA DISCRIMINATORIA, CARENTE DE RAZONAMIENTO SOCIAL, DADA LA NATURALEZA DE VULNERABILIDAD DE ESTOS PACIENTES DE VIH, SON PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA, SON PERSONAS CONSIDERADAS DENTRO DEL GRUPO DE ALTO RIESGO, ES POR ELLO, QUE SU ATENCIÓN ES ESTRICTAMENTE FUNDAMENTAL. BASTA DE ABUSOS Y DISCRIMINACIÓN, NO PODEMOS PERMITIR QUE DESDE EL GOBIERNO SE DES PROTEJA EL DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD. SO PRETEXTO DE UNA DEFIENDE POLÍTICA DE SALUD EN TIEMPOS DE COVID19. BAJO ESA LÓGICA NUESTRO PAÍS, UNA VEZ MAS A PUNTO DE REVIVIR EL PASADO OSCURO DE HACE MAS 30 AÑOS, DONDE MURIERON MAS DE 60,000 PERSONAS, A MANOS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA CVR. CREO QUE NO HAY SUFICIENTE RAZONES PARA ACEPTAR EL PROCESO SELECTIVO DE LOS ADULTOS MAYORES – POR EL DEFICIENTE SISTEMA DE SALUD, LEGADO DE GOBIERNOS CORRUPTOS-, QUE TIENE QUE BARAJAR SUS VIDAS ENTRE LA MUERTE. ES HORA DE ENFOCAR Y MANIFESTAR ESTAS CONDICIONES DISCRIMINATORIAS, QUE DESDE YA ES VENIDA A MENOS LA DES ATENCIÓN DE LAS PERSONAS VIH, POR SU CONDICIÓN DE EXTRANJEROS o NACIONALES, EL DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD ES UN DERECHO UNIVERSAL. NO MAS MUERTES DE UN PASADO OSCURO.