Escribe: Iris Jave (*)
Uno de los espacios más valorados para elaborar el recuerdo doloroso de un pasado violento, son los denominados lugares de memoria. Se trata de una representación física o simbólica del pasado en el espacio público y busca ofrecer un homenaje a las víctimas de ese periodo de violencia (Brett et al., 2007)[2]. Estos espacios cobran importancia tanto a nivel social —colectivo— como a nivel personal, dado que permiten mecanismos de duelo y reparación simbólica para las personas que sufrieron la violencia directamente o perdieron a un familiar y nunca recuperaron su cuerpo.
Los lugares de memoria o memoriales no solo representan lo que pasó, sino que buscan recuperar la memoria de los que no están, permitiendo así recomponer –o iniciar- un diálogo en la sociedad que muchas veces deja de intervenir en estos procesos (Collins, 2011). Con su dolor y sus posibilidades, la memoria se compone de un proceso activo, vivo que convoca diversos sentidos, tanto de quienes asumen el proceso como un camino de paz como de quienes pretenden el olvido.
Una expresión de ello es la reciente apertura de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación Nuevo Amanecer de Huachipa, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica, una propuesta impulsada por los propios familiares y víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Un nuevo lugar de memoria que permite recordar desde la propia historia de sus familiares, desde su propia identidad. Como ha señalado Gonzalo Quispe, presidente de la Asociación: “Nuestros padres -con sus propias manos- dieron forma a este basural, tuvieron que dormir en este descampado y resistir múltiples intentos de invasión…Ahora los hijos seguimos adelante: Somos memoria viva, aquí pueden encontrar la historia narrada por los propios familiares sin filtro, desde nuestra propia identidad”.
La Asociación Nuevo Amanecer forma parte de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET – Casos CIDH), que junto a otras instituciones ha emprendido un camino de búsqueda de derechos y reparación. En ese proceso no están solos, surgen nuevos actores desde el sector privado, como la Universidad de Ciencias y Artes de Lima (UCAL) y la ONG CESAL, que buscan aportar a entender nuestro pasado y enriquecer nuestro presente; recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha anunciado un proceso para elaborar una política nacional de memoria, que tome en cuenta no solo a las víctimas de todos los sectores involucrados sino a toda la sociedad. Según una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP (IOP-PUCP)[3], solo el 16.8% de la población (encuestada) afirma conocer alguna iniciativa de conmemoración del conflicto armado interno (CAI). Al mismo tiempo, el 71.8% de los/as participantes considera como muy importante los programas educativos sobre el conflicto armado interno como una forma de conmemoración.
Urge entonces que esa política nacional de memoria se construya a partir de una articulación con los ministerios de Educación, Defensa e Interior y otros sectores del estado; que recoja las diversas iniciativas –privadas, mixtas o estatales- y que sobre todo involucre la participación activa de las víctimas, como un elemento clave de las reparaciones del estado y la sociedad.
(*) Investigadora IDEHPUCP y miembro del Grupo Interdisciplinario Memoria y Democracia de la PUCP.
