18/10/2017

Yván Montoya: “Los corruptos en el sistema de justicia son pocos, pero organizados”

En el marco del “Segundo Conversatorio en Jurisprudencia Interamericana: Estado Democrático de Derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lucha contra la corrupción”, Yván Montoya Vivanco, asesor del Idehpucp, comentó cuáles son los principales factores que inciden en la corrupción del sistema de justicia.

A partir de un enfoque jurídico institucional, Montoya señaló como uno de los problemas locales, la situación actual del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo encargado del nombramiento, control disciplinario, sanción, cese y ratificación de los magistrados. Al respecto, resaltó que en los últimos años se han venido presentando cuestionamientos en la designación, nombramientos y ascensos en la magistratura peruana. Por otro lado, cuestionó el actual modelo de elección de los miembros del CNM, modelo cuyo origen pretendía alejar la incidencia política de los magistrados. Sin embargo, el ex procurador señaló que, luego de algunas modificaciones a la ley orgánica de dicha institución, sus miembros ya no son electos a través del voto universal sino mediante representantes y delegados. De esta manera, existiría el peligro de que algunos nombramientos o ascensos no se conduzcan necesariamente de una manera imparcial.

Otro factor es el nivel ético de jueces y fiscales jueces, es decir, la forma cómo perciben en su actuación y ejercicio profesional. Yván Montoya mencionó un estudio que está desarrollando para la Escuela de Gobierno, junto a un equipo de investigadores del Idehpucp, sobre el tema de ética en la magistratura. En esta investigación se comprobaría que un grupo relevante de magistrados valora la función fiscal o judicial de la misma manera como si accedieran a cualquier centro de trabajo particular, por lo que no distinguirían lo especial y sensible que es trabajar en la función pública. Siendo ello así, acotó el doctor en derecho penal, la función pública solo sería considerada como una labor que les provee de rentas y estabilidad laboral. Esta situación permitiría que, en un posible análisis costo-beneficio, la corrupción sea factible.

Por otro lado, se tendría como factor a ciertos abogados y bufetes de abogados (grandes y pequeños) que servirían como intermediarios para canalizar la influencia privada de los grandes empresarios (o del dinero privado) ante los jueces y fiscales. Con dicho objetivo, se plantean distintos mecanismos como la conformación de centros de estudios (con una estructura paralela a los estudios), el ofrecimiento de becas, espacios de estudio, viajes o capacitaciones. De esta manera, Montoya señaló que debe tomarse cuidado con esta forma subrepticia de incidencia pues ciertos abogados aprovechan esas grietas normativas y espacios de discreción para incidir en la magistratura.

El último factor identificado es la situación de los auxiliares judiciales y fiscales, que serían un sector vulnerable a la corrupción al percibir bajos sueldos.

El asesor del Idehpucp, señaló algunas medidas preliminares que podrían adoptarse. La primera de ellas sería la reforma del CNM y la modificación de su ley orgánica (en relación a la elección de los representantes). Si bien es cierto que existe una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y que ha sido objeto de cuestionamientos, esta serviría como pretexto ideal para preguntarnos cómo debería ser la conformación del CNM.

Así también, hizo hincapié en los ajustes que debían realizarse en la OCMA (órgano de control de la magistratura) y sus órganos descentralizados, así como en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Para el experto, también debería transparentarse la forma de elección de los Presidentes del Poder Judicial y Ministerio Público, a fin de que se informe quiénes son los candidatos y cuáles son los parámetros de elección.

Finalmente, en el tema ético, Montoya señaló que debía incorporarse un programa de cumplimiento con la participación de los magistrados en el diagnóstico de riesgos de corrupción.

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