12/11/2019

Mujeres indígenas esterilizadas en Perú y Canadá: La desigualdad socioeconómica y las relaciones de género como común denominador

De izq. a der.: Victoria Saccsara Quispe (Asociación de Mujeres Afectadas Sumaq Huayta de Ayacucho), Francisca Llantoy Gonzales (Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Angaraes de Huancavelica), María Elena Carbajal (Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Lima), Margarette Macaulay (Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH) y Helen Semaganis (Semaganis Worme Lombard de Canadá).

Por: Andrea Carrasco

Los días 6 y 7 de noviembre se realizó el III Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la ciudad de Quito- Ecuador, en el marco del 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su segundo día, mujeres indígenas víctimas de esterilizaciones forzadas- y las organizaciones que las representan- de Canadá y Perú, pudieron dialogar con las Relatoras de la CIDH, Margarette Macaulay, Flavia Piovesan y Antonia Urrejola. Este diálogo sirvió como espacio para que las mujeres afectadas relataran sus casos y los obstáculos que encuentran en su búsqueda de justicia y reparaciones, así como para entender los puntos en común entre el caso peruano y canadiense.

Para dar cuenta sobre el caso peruano de esterilizaciones forzadas, participaron María Elena Carbajal de la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Lima, Victoria Saccsara Quispe de la Asociación de Mujeres Afectadas Sumaq Huayta de Ayacucho y Francisca Llantoy Gonzales de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Angaraes de Huancavelica. Ellas resaltaron la importancia de la organización de mujeres afectadas, pues es gracias a su incidencia, con apoyo de organizaciones de derechos humanos, que el Estado las escuchó y creó finalmente el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) hace cuatro años. Sin perjuicio de ello, manifestaron también que dicho registro cuenta con muchas carencias y que el Estado aún mantiene una deuda con ellas en el tema de reparaciones. Como representantes de la sociedad civil, participaron DEMUS, SISAY y el Grupo de Seguimiento de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas- GREF.

 “Existe una fuerte relación entre las relaciones de género, la situación socioeconómica y  la práctica generalizada de esterilizaciones forzadas realizadas”.

Respecto al caso canadiense, representantes de las organizaciones Semaganis Worme Lombard de Canadá y el International Justice Resource Center dieron cuenta de los casos de más de 60 mujeres indígenas de varias provincias canadienses, tales como Alberta, Manitoba, Ontario y Saskatchewan, que denuncian haber sido esterilizadas sin su consentimiento expreso, bajo amenazas, engaños y en estado de inconsciencia. En la provincia de Saskatchewan se presentó una demanda colectiva contra profesionales de la salud- no resuelta hasta la fecha- la misma que llegó ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura[1]. Este año, la propia CIDH emitió un comunicado de prensa en el cual expresó su preocupación por los reclamos no atendidos de las víctimas de esterilizaciones. En este diálogo, también se narró la historia de la mujer indígena Morningstar Mercredi, quien fue esterilizada sin su consentimiento en Saskatchewan en los años setenta.

Al respecto, las Comisionadas de la CIDH, Margarette Macaulay, Flavia Piovesan y Antonia Urrejola, manifestaron su preocupación respecto a la situación de impunidad y falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres afectadas. Resaltaron también la existencia de un fuerte componente de género y de la situación socioeconómica de las víctimas al analizar las causas de los casos presentados, pues se trata en su mayoría de mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y en situación de pobreza, por lo que su nivel de vulnerabilidad es alto.

Así pues, existe una fuerte relación entre las relaciones de género, la situación socioeconómica y  la práctica generalizada de esterilizaciones forzadas realizadas. Por ello, nos encontramos frente a casos que constituyen una vulneración de los derechos a la vida, salud, integridad personal, autodeterminación de la persona, pero también estamos frente un caso de violencia basada en el género, de discriminación e instrumentalización del cuerpo de mujeres en situación de vulnerabilidad, enmarcadas en un contexto aún más grande de violencia sistemática y estructural.

Son estos mismos componentes en común los que han generado también el clima de impunidad y falta de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de esterilizaciones presentados. El negacionismo sobre los hechos ocurridos persiste en tanto en el caso canadiense como en el peruano. Y ello viene generando que cientos de mujeres sigan sin denunciar por temor o porque no confían en la justicia, que los procesos judiciales se dilaten injustificadamente y que las víctimas sigan sin ser reparadas como les corresponde. 

“María Ysabel Cedano, directora DEMUS, manifestó su preocupación respecto a las declaraciones públicas de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el cual cuestionó el carácter vinculante de los informes y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concluyendo que si otros Estados incumplen sentencias de la Corte IDH, entonces el Perú no tiene la obligación de cumplir con el Acuerdo de Solución Amistosa del caso de Mamerita Mestanza”

¿Cuál es la situación actual del caso peruano de esterilizaciones forzadas?

El día 11 de noviembre se realizó la Audiencia sobre Reforma Judicial en el Perú, en el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, en la cual participaron Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, COMISEDH, FEDEPAZ Perú, DEMUS, IDL y la Asociación paz y esperanza, como representantes de la sociedad civil.

En esta audiencia se presentó brevemente el estado del caso peruano de esterilizaciones forzadas, el cual actualmente se encuentra en sede constitucional. Esto debido a que uno de los ex ministros de Salud investigados, Marino Costa Bauer, presentó un recurso de amparo contra esta investigación penal que se encuentra en curso, el cual fue desestimado en primera y segunda instancia. Frente a ello, Costa Bauer presentó un Recurso de Agravio Constitucional ante el Tribunal Constitucional, por lo cual el 17 de julio de este año se realizó una audiencia pública y se espera el voto de los magistrados[2].

Respecto a dicha audiencia, María Ysabel Cedano, directora DEMUS, manifestó su preocupación respecto a las declaraciones públicas de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el cual cuestionó el carácter vinculante de los informes y sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concluyendo que si otros Estados incumplen sentencias de la Corte IDH, entonces el Perú no tiene la obligación de cumplir con el Acuerdo de Solución Amistosa del caso de Mamerita Mestanza[3].

Estas declaraciones, así como la continua dilación del proceso penal, han generado malestar en las víctimas y las organizaciones que las representan. Es por ello que, ayer se realizó una reunión entre la CIDH, representantes del Estado peruano, y las organizaciones DEMUS, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos (CDR), CLADEM y APRODEH, copeticionarias del caso Mamérita Mestanza[4], pues aún queda pendiente que el Estado cumpla con garantizar las reparaciones en educación al menor de los hijos de Mamerita, así como otros puntos del Acuerdo de Solución Amistosa que aún no son garantizados por los responsables. A pesar de que han pasado más de 16 años desde su emisión.


[1] El 21 de diciembre del 2018, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió un informe con las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Canadá y se pronunció respecto al caso de esterilizaciones. Informe disponible en:  https://bit.ly/2qIjBvQ
[2] Para más información, revisar la siguiente nota: https://www.demus.org.pe/noticias/exministro-de-fujimori-acude-al-tc-para-anular-caso-esterilizaciones-forzadas/
[3] El caso de Mamérita Mestanza Chávez llegó ante la CIDH y culminó con la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el año 2003, entre los familiares de la víctima y el Estado peruano. En dicho acuerdo, el Estado reconoce su responsabilidad por la esterilización forzada y posterior muerte de Mamérita Mestanza, comprometiéndose a ofrecer medidas de reparación a sus familiares, investigar los hechos del caso concreto y de otros casos que se hayan dado en el marco de la política de esterilizaciones, entre otros compromisos. El Acuerdo se encuentra en el siguiente enlace: https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm

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