Educación: más que una reforma

En el gobierno de Alan García el Consejo Nacional de Educación elaboró y presentó el Proyecto Educativo Nacional. Dicho documento es una propuesta profunda y exhaustiva para transformar el sistema de educación. Como lo advirtió el Consejo, frente a las descomunales fallas que aquejan a ese sistema y a las enormes resistencias al cambio, resultaba tímido hablar sólo de una reforma. Lo que la educación necesitaba, necesita aún, es una transformación radical, casi una reconversión, si es que deseamos convertirnos alguna vez en una sociedad justa que busque realizar plenamente a los peruanos. Quien fuera presidenta del Consejo cuando dicha propuesta fue presentada, Patricia Salas, es hoy ministra de Educación. Su nombramiento fue recibido como una buena noticia por todos quienes creemos que, en efecto, la educación peruana necesita ser refundada. En el poco tiempo que tiene en el cargo se ha podido percibir intenciones de cambio en el sentido postulado por aquel proyecto. Mas no es fácil avanzar en esa dirección. Cambiar un aparato burocrático y una cultura institucional como los que limitan a la educación peruana, desde antiguo, es un reto inmenso que exige convicciones, conocimientos y determinación, pero también prudencia y tiento político.Una desgraciada circunstancia –el incendio de un depósito del MINEDU y la pérdida de materiales escolares– ha brindado pretextos para que todos quienes, desde hace décadas, se muestran como enemigos del cambio y de todo esfuerzo serio de inclusión cuestionen a la actual gestión. Son los mismos que obstaculizan y buscan detener los avances en materia de DDHH. No es esperable que ellos atiendan a las explicaciones dadas, aunque sean solventes y pongan en perspectiva lo sucedido dejando en evidencia las negligencias heredadas de la gestión anterior.Ahora bien, más allá de eso, es importante reafirmar la tendencia al cambio que hoy se vislumbra. Sin entrar en detalles de índole administrativa o técnico-pedagógica, resulta ilustrativo citar un hecho como muestra de esa orientación: el anuncio de que se incluirá en los programas escolares una visión reflexiva sobre el pasado periodo de violencia, una mirada respetuosa de la verdad, que tenga un espíritu incluyente y de reconocimiento de las víctimas, que transmita a los estudiantes el valor absoluto de los DDHH y que los incite a reflexionar sobre las fallas históricas que subyacen a la violencia. Esto es significativo pues implica tomar la decisión de pasar del dogma y la repetición mecánica a la consideración analítica de los hechos, supone liberar a los estudiantes de la tiranía de los datos inconexos para invitarlos a pensar en procesos y requiere incorporar una perspectiva moral en la acción educativa que, parece, ha confundido la formación ética con la imposición de una disciplina sorda y con la enseñanza de la obediencia sumisa.No será fácil llevar adelante este propósito. Existe hoy una fuerte corriente, liderada por sectores de interés poderosos, que se manifiesta contraria al reconocimiento crítico del pasado de violencia. Son las mismas voces que desde hace tiempo se oponen a toda decisión pública de envergadura que signifique un cambio real respecto de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y que se hallan convencidas de que el simple crecimiento económico resolverá las deudas históricas del país. Voces que preconizan inmovilismo en la política y congelamiento en el liderazgo requerido para transformar aspectos esenciales de nuestra existencia colectiva.La educación es el espacio más significativo de encuentro entre Estado y sociedad. Es ahí donde se forma la imaginación colectiva, se constituye una conciencia de ciudadanía y, ciertamente, es ahí en donde se vive la primera experiencia de la desigualdad y de la injusticia que en el Perú se reserva, secularmente, para los más pobres. Por eso, efectuar transformaciones reales en ese sector tendría no sólo importancia en lo educativo sino una significación más amplia: sería el signo de que el Estado sí puede cambiar y que la democracia, más allá de su intrínseca importancia institucional, sirve para dignificar la vida de las personas. Así pues, es deseable que las intenciones hoy existentes no sean derrotadas por las voces que, habitualmente, se oponen a cualquier esfuerzo público en favor de los excluidos.
Nota: Artículo publicado este domingo 18 de marzo de 2012 en el diario La República.