La creación de la Procuraduría General Anticorrupción
Por Víctor Manuel Quinteros (*) La presentación del gabinete Lerner ante el Congreso de la República la semana pasada trajo consigo una serie de anuncios dirigidos a combatir la corrupción. Referirse a ellos es necesario, sobre todo cuando dicho flagelo es considerado el principal problema del país por un 51% de peruanos, incluso por encima de otros grandes problemas como la delincuencia (41%) y el desempleo (39%), según la Sexta Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Corrupción en el Perú (Ipsos Apoyo, 2010).Alineadas bajo el título «Ataque frontal contra la corrupción», las medidas anunciadas por el premier, que abordan el tema de modo directo, privilegian una dimensión sancionadora del problema. Entre estas medidas, destacan la reestructuración del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, a través de la unificación de las procuradurías ad hoc y anticorrupción, y la creación de la “Procuraduría General para casos de corrupción y criminalidad para altos funcionarios del Estado”.Luego de iniciativas fallidas como el Consejo Nacional Anticorrupción, creado en tiempos del expresidente Toledo y la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), creada durante la reciente gestión del expresidente García, el anuncio de esta nueva procuraduría reflejaría una intención del nuevo gobierno por jugar un rol más protagónico y decisivo en el plano de la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción al más alto nivel. La poca visibilidad de la labor preventiva y la búsqueda de indicadores de éxito en esta materia, justifican esta disposición, la misma que en el pasado ha resultado positiva sí tomamos en cuenta la experiencia de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori y Montesinos, durante sus primeros años de funcionamiento (2000 – 2006). De hecho, la medida resulta pertinente si consideramos que, según la encuesta citada líneas arriba, un 78% de ciudadanos opina que las denuncias sobre actos de corrupción son poco o nada eficaces.Para ello, el cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría General no solo dependerá de dotarla de recursos económicos y logísticos suficientes, sino también de personal calificado y libre de cualquier cuestionamiento –o mínima incompatibilidad– que ponga en duda su autonomía o pleno compromiso con la función. Del mismo modo, las labores de litigio que le serán propias deberán combinarse con el aporte de un equipo multidisciplinario, cuya experiencia y particulares habilidades le aseguren una actuación estratégica y eficaz frente a las complejidades de los delitos de corrupción que motivan su creación. Al frente de esta procuraduría deberá elegirse a una persona con probados méritos y reconocimientos en la lucha contra la corrupción, un técnico intachable, cuyo sólo nombramiento genere confianza en la labor e independencia de la nueva dependencia a su cargo.La eficacia de este nueva procuraduría también dependerá de las competencias que le sean asignadas, lo que vincula su creación con la unificación de las procuradurías anticorrupción y la procuraduría ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos. Así, siendo su objetivo la corrupción que involucra a los altos funcionarios del Estado, esta procuraduría debería absorber a la procuraduría ad hoc y asumir los casos de las procuradurías anticorrupción relacionados con los altos cargos mencionados en el artículo 99° de la Constitución (ministros, congresistas, etc.), los funcionarios de confianza designados por resolución suprema e incluso algunos de elección popular, como los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Una Procuraduría General constituida de este modo colmaría las expectativas de la opinión pública y sería una expresión inobjetable del compromiso asumido por el gobierno contra la corrupción.(*) Coordinador ejecutivo del IDEHPUCP>> Visita el Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP