El pasado 25 de abril, Perú fue examinado en Ginebra por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) durante su 95° periodo de sesiones, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La evaluación se dio en base a los informes periódicos del Estado, el informe de la Defensoría del Pueblo y los 12 informes alternativos presentados por distintas organizaciones de la sociedad civil, dentro de los cuales se encuentran dos informes elaborados por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).
En efecto, el 30 de marzo, el Idehpucp presentó, por una parte, un informe que abordó las temáticas de lucha contra el racismo y la discriminación racial, los desafíos que enfrentan los y las migrantes para acceder a la salud y educación, y la respuesta estatal frente al trabajo forzoso. De otro lado, como parte del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó otro informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Este abordó como aspectos preocupantes al derecho a la identidad de los pueblos indígenas, sus derechos sobre la tierra y el territorio, el derecho a la consulta previa, la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, el acceso y administración de justicia, y su derecho a la educación.
Durante la sesión de CERD, la delegación del Estado peruano, encabezada por el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Miguel Ángel Soria, presentó sus informes periódicos. Posteriormente, algunos de los expertos independientes que componen el CERD realizaron preguntas al Estado. Entre dichas intervenciones, destaca la del experto independiente de España, Nicolás Marugán, quien para formular sus preguntas al Estado sobre migrantes y trabajo forzoso, hizo referencia a datos contenidos en uno de los informes presentados por el Idehpucp.
Así, Marugán destacó que a pesar de la existencia de una nueva ley de migraciones que garantiza en igualdad de condiciones el goce y ejercicio de derechos a los extranjeros, había recibido información que indicaba que existían “varios desafíos en el acceso a la educación y sanidad por parte de refugiados, solicitantes a la condición de refugiado y otras poblaciones migrantes”, como la de origen venezolano. Mostró particular preocupación por las restricciones que enfrentan los migrantes en el acceso al Seguro Integral de Salud y en la matrícula en centros educativos, debido a la exigencia de presentar documentos de identidad con los que no cuentan.
En cuanto al trabajo forzoso, subrayó la ausencia de estadísticas en la materia y la falta de cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para la Lucha Contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 en relación a las inspecciones laborales. Asimismo, notó la ausencia de un informe de cierre de dicho plan y algunas carencias en el trabajo de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso. Por último, destacó que se haya tipificado el delito de trabajo forzoso y consideró que se debía hacer seguimiento a este tema.
Dada la cantidad de preguntas formuladas por los expertos, el Estado recién dio respuesta a las mismas en otra audiencia llevada a cabo el 26 de abril. Con ello, concluyó la examinación de Perú ante CERD. Se espera que en las próximas semanas, CERD emita sus observaciones finales sobre nuestro país, las cuales incluirán recomendaciones para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de la eliminación de la discriminación racial.
