El 2 y 3 de mayo, se llevó a cabo en Bogotá la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Derechos Humanos y Empresas. El evento fue organizado por la Rama Latinoamericana de la Global Business and Human Rights Scholars Association (BR2R), junto a la Universidad del Rosario, el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica de Paraná, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo fue generar un encuentro de académicos e investigadores de la región sobre los principales desafíos en materia de empresas y derechos humanos para promover una mirada desde Latinoamérica.
Se realizaron diez paneles sobre temas como la responsabilidad de los Estados respecto del sector empresarial, el acceso a mecanismos de reparación, desarrollo e inversión extranjera, desafíos de las cadenas de suministro y grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina. Uno de los temas abordados fue la implementación de los Planes Nacionales de Acción (PNA), instrumentos de política pública que buscan operativizar en el ámbito nacional los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. En dicho panel, participó Cristina Blanco, investigadora principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), quien además forma parte del Consejo de la Rama Latinoamericana del BR2R. Junto a ella, intervinieron Ana Claudia Ruy Cardia (Universidade Presbyteriana Mackenzie, Brasil), Agustín Asier Tapia (Unicolombo, Colombia), Julián Tole (Universidad del Externado, Colombia) y Federico Chunga (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Perú).
En particular, Blanco se refirió a la falta de articulación entre dos procesos dados en paralelo en el ámbito internacional: de un lado, el marco de empresas y derechos humanos, compuesto principalmente por los Principios Rectores y de otro, la Agenda 2030, el esfuerzo más reciente de la comunidad internacional sobre desarrollo sostenible. Hay consenso en la necesidad de integrar ambos marcos, en tanto hoy en día se reconoce que los derechos humanos son esenciales para el desarrollo sostenible y el rol del sector privado es clave para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. No obstante, la implementación de PNA en la región muestra aun una importante desarticulación. Por ejemplo, el PNA de Colombia contiene únicamente menciones generales al desarrollo sostenible que no se traducen en un plano concreto. Si bien el PNA de Chile evidencia una mayor articulación con la Agenda 2030, las menciones a esta continúan siendo en su mayoría de carácter general. En el caso de México, el borrador de su PNA solo contenía dos menciones al respecto. Mientras tanto, en el caso peruano, la Agenda 2030 no se encuentra en la propuesta de metodología del PNA y hay una necesidad de articular con las instituciones encargadas de la implementación de la Agenda 2030 en Perú (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico e Instituto Nacional de Estadística e Informática). De este modo, los procesos de elaboración y los PNA existentes en la región se caracterizan por contener menciones principalmente discursivas, de carácter general, a la Agenda 2030, pero aún hace falta una mayor articulación en términos concretos, como a nivel de indicadores e instituciones competentes en cada ámbito.
En septiembre de este año, BR2R organiza un evento similar, que reunirá a académicos en el ámbito de empresas y derechos humanos a nivel global, en Essex, Inglaterra.
