Escribe: Yazmine Ruiz (*)
El pasado 15 de septiembre, varias comunidades asháninkas iniciaron una huelga indefinida en Junín en demanda de que se reanude las clases presenciales en esta zona[1]. Este no es un hecho aislado; ya en agosto de este año algunos padres de familia, agrupados en el colectivo “Volvamos a clases Perú”, marcharon solicitando la vuelta a clases en la ciudad de Lima[2].
El cierre abrupto de las escuelas a causa de la pandemia de COVID-19 ha generado importantes desafíos para el Estado peruano. Así, si bien la creación de programas de educación a distancia ha permitido continuar con el acceso a la educación, también ha evidenciado diversas dificultades, como la brecha digital, la inseguridad alimentaria, y la deserción escolar.
En este escenario, el gobierno ha autorizado el retorno a clases semipresenciales en algunas zonas rurales donde no existe acceso a internet y no se han registrado casos de coronavirus[3]. A fin de que esta medida tenga un alcance nacional, se señala a continuación algunas consideraciones sobre cómo realizar este proceso.
En primer lugar, es fundamental, para acelerar la reapertura de las instituciones educativas, reducir la transmisión del virus para controlar los brotes[4]. En esa medida, además de la vacunación a docentes, también debe prestarse atención al proceso de vacunación de los menores en edad escolar. La Resolución Ministerial 809-2021/MINSA, que incorpora a los adolescentes de 12 a 17 años en el plan nacional de vacunación, es un avance positivo al respecto.
«La reapertura tiene que ser inclusiva, esto es, también debe responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, como los migrantes o personas con discapacidad.»
Asimismo, para garantizar el disfrute del derecho a la salud, en consonancia con el principio del interés superior del adolescente, es necesario que el Estado asegure el acceso a vacunas seguras y eficientes en todo el país, especialmente en las zonas rurales y alejadas; priorice a quienes son más vulnerables, como los adolescentes con comorbilidades; y adopte los enfoques pertinentes para evitar situaciones de discriminación por cualquier motivo[5]. Igualmente, para enfrentar la desinformación, temores o rechazo hacia la vacuna, se debe garantizar el acceso a la información sobre su vacunación. A tal efecto, puede servir como referencia la Guía sobre “Vacunación COVID-19 en adolescentes: preguntas y respuestas”[6], elaborada por el Ministerio de Sanidad del gobierno español, en donde se absolvieron las principales dudas que surgían en este grupo etario.
En segundo lugar, para evaluar la reapertura de las escuelas se requiere analizar las condiciones anteriores en las que se brindaban los servicios educativos, las limitaciones actuales para lograr los resultados de aprendizaje esperados, y las medidas sanitarias a implementar. Para asegurar que este proceso sea ordenado y seguro, Naciones Unidas publicó un documento que constituye una pauta orientativa para los Estados en la reapertura de las escuelas[7]. Este se basa en seis dimensiones clave: políticas, financiación, operaciones seguras, aprendizaje, atención a los niños más marginados, y bienestar/protección; las cuales deben ser consideradas en la planificación y son transversales a las medidas que se adopten antes, en el proceso y una vez reabiertas las escuelas.
En general, para garantizar un retorno seguro es indispensable que la infraestructura de las instituciones educativas permita mantener el distanciamiento físico, y que a su vez las instalaciones estén provistas de servicios básicos, como agua y saneamiento, para asegurar la higiene de los estudiantes. Además, la reapertura tiene que ser inclusiva[8], esto es, también debe responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, como los migrantes o personas con discapacidad.
Por último, la articulación de las estrategias de reapertura debe realizarse en un espacio de diálogo e interacción entre los responsables o familiares del menor y los docentes, bajo la coordinación de las autoridades competentes (Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud). De esta manera, si bien recae en las autoridades la decisión de reapertura de las escuelas, es sustancial que los principales actores interesados en el tema sean consultados sobre las medidas a implementar, y se valore su opinión en el proceso de planificación. En especial, se debe tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en virtud de su interés superior, toda vez que dichas estrategias tendrán un impacto directo en el disfrute de sus derechos a la educación y a la salud.
(*) Integrante del área Académica.
