Escribe Víctor Manuel Quinteros (*)
Como respuesta al incremento de la tasa de homicidios en las principales ciudades de Estados Unidos durante el 2020, el presidente Joe Biden anunció el pasado mes de junio el lanzamiento de una «Estrategia integral para prevenir y responder a los delitos con armas de fuego y garantizar la seguridad pública». Uno de los pilares de esta estrategia es detener el flujo de armas de fuego hacia la delincuencia, considerando el aumento de la violencia armada en tiempos de pandemia[1]. A partir del problema planteado, así como la estrategia propuesta para hacerle frente, puede advertirse el elevado riesgo que implica la proliferación de armas de fuego para la seguridad pública de ese país. En esa línea, resulta oportuno evaluar similares medidas como medio de prevención frente a la delincuencia armada en el Perú.
En contraste con los decrecientes indicadores de victimización, o de personas que fueron víctimas de algún delito, la victimización con arma de fuego a nivel nacional pasó de un 7.2% de encuestados en el 2013 a más del 12% al cierre de 2020 y se mantiene por encima de este porcentaje en el semestre noviembre 2020 a abril de 2021[2]. A nivel de Lima Metropolitana el aumento de este último indicador fue mayor, de 7.6% en el 2013 a 16.3% al mes de abril de 2020[3]. La estadística da cuenta de un incremento sostenido de la violencia armada en nuestro país, lo que explica la elevada percepción de inseguridad, superior al 80%, considerando que el uso de armas de fuego –por su alto nivel de letalidad– termina infundiendo mayor temor y zozobra en la sociedad.
Suman a esta misma percepción el mayoritario uso de armas de fuego en el caso de homicidios calificados (66.4%)[4], o la última encuesta aplicada a internos e internas de tres establecimientos penitenciarios de Lima, donde el 90% de condenados por delito de robo agravado señaló tener amigos que usaban armas de fuego[5], dato preocupante considerando que al mes de abril de 2021, los internos e internas por robo agravado, sólo en Lima, eran 12,182[6]. No menos preocupante resulta el recuerdo de puntuales indagaciones de la SUCAMEC entre 2014 y 2016, donde el cruce del registro oficial de usuarios legales de armas de fuego con los registros del Instituto Nacional Penitenciario y el RENIEC, arrojó como resultado que 2,706 personas con antecedentes judiciales eran propietarios de casi 4,000 armas de fuego, y que 13,382 personas, en algún momento usuarios legales de armas, habían fallecido[7][8][9].
Este último detalle, como consecuencia de la muerte de sus titulares, generó preocupación sobre el destino final de las armas por el riesgo latente de su desvío a la delincuencia, y similar inquietud se originó con respecto al destino final de otras 182,595, cuyas licencias de uso fueron canceladas en el 2017 al no ser renovadas conforme a las nuevas reglas de la Ley Nº 30299[10]. De hecho, sobre este último número de armas, el propio Superintendente de la SUCAMEC manifestó en 2020 que 88 mil aún estaban pendientes de recuperar[11].
Más allá de la percepción de inseguridad que podría originar el uso de armas de fuego, este breve recuento de cifras constituye una alerta sobre la alta circulación y comercio ilegal de armas de fuego en el Perú, ámbito donde el número de armas sin registro se estimaba, allá por el año 2004, entre 250 mil y 750 mil[12]. Es decir, desde aquella época, el desvío de armas de fuego a la delincuencia se ha mantenido a través de diversas formas, y no sólo las indagaciones de la SUCAMEC dieron cuenta de ello, noticias recientes aportan a similar conclusión. Por citar algunos ejemplos, estas noticias dan cuenta de empresas de seguridad privada que abastecen a la delincuencia con armas sin registro o registradas a nombre de terceras personas, incluidos miembros de la PNP[13]; de hechos irregulares como el hallazgo de armas legales en poder de la delincuencia pese a tener la condición de incautadas por las fuerzas del orden[14]; o del uso de armas legales con serie erradicada, previamente robadas a sus tenedores legales[15]. Como señalan especialistas de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos de la PNP – DIVITIAME, estas armas en su mayoría son robadas, adquiridas a sus antiguos propietarios o “confiscadas y entregadas por personal policial corrupto”[16].
Considerando los indicadores de inseguridad ciudadana antes mencionados, reducir la circulación de armas de fuego en el mercado ilegal debe considerarse una prioridad, y ello sólo es posible a través de su destrucción. Y si tomamos como referencia el periodo 2013 a 2020, así como el menor número estimado de armas de fuego en el Perú, proyectado en 250 mil en el año 2004, tenemos que 43,936 armas de fuego destruidas por la SUCAMEC sólo representan el 17% de ese total[17][18]. El porcentaje podría ser menor si se considera el elevado número de licencias de uso canceladas por esta misma entidad en los últimos años, pero cuya ubicación y posesión resulta desconocida con todo el riesgo de desvío al circuito ilegal que ello implica.
El balance final que surge de estas cifras, da cuenta de un serio riesgo a la seguridad pública y la imperiosa necesidad de respuesta por parte del Estado frente a la problemática actual de la proliferación de armas de fuego en el Perú, aspecto que debiera comenzarse a abordar conjuntamente con la investigación sobre el desvío y comercio ilegal de municiones. Así, entre otras posibles medidas, un programa de entrega voluntaria de armas de fuego, entendido como una herramienta dirigida a la recuperación, almacenamiento transitorio y destrucción masiva de armas de fuego, constituiría una respuesta concreta y eficaz para reducir su circulación y prevenir su desvío a la delincuencia, efecto análogo al esperado por el presidente Biden al plantear el primer pilar de su “Estrategia Integral”.
(*) Ex Director General en Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
