La cuestión de las empresas y los derechos es un tema que aún no ha sido desarrollado de manera exhaustiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó algunas consideraciones al respecto en la sentencia recaída en el caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Se refirió, por primera vez, a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos – principal instrumento de soft law en la materia – y señaló que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las personas frente a terceros, como las empresas (párr. 224). Asimismo, una mención a este instrumento fue hecha en su reciente Opinión Consultiva No. 23 sobre medio ambiente y derechos humanos (párr. 155).
A nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el panorama es similar. Esta cuenta con un informe temático sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas que aborda el tema específicamente en el ámbito de las actividades de naturaleza extractiva. Actualmente su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se encuentra elaborando un informe temático sobre estándares interamericanos en la materia.
En este contexto, el 26 de abril se llevó a cabo en la sede de la Corte IDH el seminario “Políticas de Regulación de las Empresas Transnacionales en materia de derechos humanos en América Latina”. El espacio fue organizado por el Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos, con apoyo de la Fundación Ford. Estuvieron presentes la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Federal de Paraíba de Brasil y la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP). En representación del IDEHPUCP, asistió la investigadora principal y responsable de la línea de empresas y derechos humanos, Cristina Blanco.
El evento consistió en un intercambio de ideas sobre los principales avances y retos en materia de empresas y derechos humanos en Colombia, Brasil y Perú. Uno de los puntos centrales fue la implementación de Planes Nacionales de Acción (PNA). Estos son entendidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos como estrategias políticas desarrolladas por los Estados “para proteger contra las consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores” (p. 3). En el caso de Perú, el Estado se comprometió a elaborar un PNA a través del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Según ha anunciado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se espera contar con este instrumento de política pública para fines de 2019. Al respecto, Blanco se refirió a los principales antecedentes del proceso de elaboración del PNA en Perú, y sus avances y desafíos más importantes.
Otro de los ámbitos en la relación de empresas y derechos humanos que tiene mayor relevancia en la región, se refiere a las actividades extractivas. En tal sentido, un asunto que también se abordó en el seminario fueron las normas y políticas públicas más importantes de los Estados en la materia. Se identificó como especialmente relevantes en tales contextos los derechos a la consulta previa, la participación ciudadana, el medio ambiente sano, la propiedad y el acceso a la información pública, todos ellos reconocidos en instrumentos interamericanos y/o en jurisprudencia de la Corte IDH. Asimismo, se advirtió una vinculación entre escenarios de conflictividad socio ambiental, y deficiencias en marcos normativos e institucionales para garantizar tales derechos.
