De izquierda a derecha: María Isabel Remy (ponente), Félix Reátegui (moderador) y Victor Caballero (ponente).
El miércoles 19 de abril se realizó de manera presencial el segundo conversatorio del ciclo Crisis política, violencia y polarización en el Perú. Esta segunda fecha estuvo dedicada a analizar el tejido de la protesta social en nuestro país, no solo a partir de las más recientes protestas iniciadas en diciembre del 2022, sino también de los conflictos sociales de las últimas dos décadas.
El conversatorio tuvo como ponentes a María Isabel Remy, socióloga PUCP e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y a Víctor Caballero, sociólogo e investigador especialista en conflictos sociales, exjefe de la Oficina de Diálogo y Resolución de Conflictos de la PCM. Moderó Félix Reátegui, asesor e investigador especialista en memoria y justicia transicional del IDEHPUCP.
Volviendo a algunos puntos centrales tratados en el primer conversatorio del ciclo, a saber, el uso de violencia o fuerza pública y el empleo de los estados de emergencia en el país como práctica sistemática, Félix Reátegui recordó la necesidad de pensar la vida democrática en nuestro país. Mencionó la suerte de paradoja que se ha presentado tras la caída del régimen de Fujimori y la recuperación de la democracia, pero acompañada de un uso recurrente de estados de excepción, los cuales ponen en una situación de vulnerabilidad el respeto a los derechos fundamentales.
En esta ocasión, el análisis crítico giró la mirada hacia la naturaleza, estructura y características de la movilización social en sí. Algunas cuestiones que guiaron la conversación fueron la posible unicidad o dispersión del fenómeno de protestas; las demandas o agenda discernibles; los sectores o grupos movilizados, los liderazgos, sus horizontes y lo que significan para las organizaciones de representación política a nivel nacional y regional; y, por último, el recurso a la violencia en el marco de la movilización social.
Víctor Caballero inició el diálogo refiriéndose a la complejidad de los conflictos desde el 2001 al 2023. Una primera precisión que hizo fue que la reflexión en torno a los conflictos sociales, como categoría política y sociológica, se inicia en 2004, con la muerte del alcalde de Ilave Cirilo Robles, a manos de la propia población por presuntos actos de corrupción. A partir de ahí, menciona, existe una diversidad de conflictos con distintas causas y particularidades, tales como la contaminación ambiental en los enfrentamientos contra la minería, las disputas de terrenos, etc., por lo que es complicado articular una relación entre ellos. Sin embargo, reconoce que la particularidad de este periodo ha sido que el conflicto ha sido determinante para generar espacios de diálogo; es decir, la violencia ha dinamizado los conflictos.
Caballero precisó que las víctimas que se producen durante las protestas no solo obedecen al conflicto entre Estado, policía y población movilizada, sino también a los enfrentamientos entre comunidades. Menciona que este punto clave, el número de víctimas, hace que los conflictos sean inmanejables, generan barreras que impiden el tratamiento de las causas de conflicto, disminuye la posibilidad de llegar a acuerdos y no permite encontrar reconciliación. Adicionalmente, se encuentra el problema de la impunidad, pues los responsables de las víctimas no suelen ser debidamente sancionados.
Otro elemento que considera fundamental es que las zonas que ven un incremento en la conflictividad suelen ser destino de inversiones económicas altas, con diversos proyectos de desarrollo. Esto le hace dudar de que la pobreza sea una de las causas de disputa y, más bien, piensa que se deben a disputas por la renta que generan los proyectos de inversión o los terrenos. Sin embargo, Caballero resalta que la diferencia entre los ciclos de violencia que hubo desde el 2001 y los más recientes que empezaron en diciembre del 2022, es la connotación política de disputa del poder de los últimos. Es decir, mientras que, en el periodo anterior, se generaban por disputas de rentas o para apropiar recursos, la particularidad de la última movilización fue que se evidenciaban demandas por el cierre del congreso, la salida de Boluarte, nuevas elecciones y el planteamiento de una asamblea Constituyente.
El expositor sugiere que este carácter político de la movilización fue una de 4 razones que revelaron cambios fundamentales en este último ciclo de conflictos. En primer lugar, el carácter político explica que, por primera vez, 18 regiones se hayan movilizado al mismo tiempo bajo una misma razón unificadora en busca de cambio; eso le dio sostenibilidad y permitió que la población mantenga la intensidad del conflicto. Una segunda razón se refiere a quiénes sostenían las movilizaciones. Por primera vez se evidenció un acuerdo de bases, no de dirigencias, sino de asambleas comunales que decidían movilizarse y enviar delegados a Lima. Un tercer elemento clave fue la revaloración de las autoridades originarias, como ejemplo el resurgimiento de los líderes tradicionales “jilacatas” en Puno. Por último, otro elemento determinante para sostener el conflicto con esa intensidad fue la solidaridad en regiones y en Lima.
Después de este panorama, María Isabel Remy continúa con la reflexión sobre lo que son las protestas o movilizaciones sociales, este momento en que las personas interrumpen su vida cotidiana y se convierten en actores colectivos, alterando la vida del resto en defensa de sus propuestas. Un primer punto que ocupa su exposición es el último ciclo de protestas, mencionando el panorama de eventos que siguió al anuncio del autogolpe de Castillo, su posterior vacancia y la consiguiente reacción popular manifestada en casi todo el país y casi todas las carreteras. Este movimiento, principalmente protagonizado por ciudadanos de comunidades rurales, generó solidaridad, en un principio.
Frente a ello, se pregunta por las razones que estuvieron detrás de esta respuesta política tan extendida. Siguiendo a Eduardo Ballón, cree que lo que se expresa en esta protesta es la crisis simultánea de procesos que se desarrollan en tres temporalidades diferentes. Primero, se encuentra la crisis de la construcción del Estado-nación y el fracaso, tras veinte años, de la idea de igualdad. Se hace evidente e insostenible la diferencia de dotación de servicios, desde la pandemia, así como el racismo y clasismo frente a lo indígena, en el contexto de las elecciones. Como respuesta a la desigualdad, surge una reacción popular identitaria que consiste en una autoidentificación con el maestro pobre asediado por la élite política y una autoafirmación étnica.
Un segundo punto clave es que entra en crisis la vigencia del modelo neoliberal y su promesa de progreso por el dinamismo de la empresa y el esfuerzo de todos. Esto se evidencia no solo en familias rurales, sino en familias urbanas que, a pesar de intentar introducirse en economías legales o ilegales, no ven el progreso y bienestar. Castillo recogió las demandas de esta población, por lo que su caída genera una reacción popular, ya no solo identitaria, sino también territorial con alta concentración en las zonas rurales y un fuerte componente antilimeño. Un tercer elemento, afirma Remy, es la crisis en la representación política que inicia con la derecha que no reconoce su derrota y deviene en una serie de intentos de interpelación de ministros, de vacancia y finaliza con un gobierno legal pero ilegítimo que termina avalando a un congreso detestado por la población. Así, se genera una reacción popular democrática en defensa de lo que, en un inicio, era un voto por el cambio.
Estos tres elementos identitarios, territoriales y democráticos, se manifiestan en la fuerza de la protesta social. Menciona que, a pesar de los cambios positivos importantes en los últimos años en las sociedades rurales (como el incremento de la esperanza de vida, el ingreso familiar per cápita, alto dinamismo de capital empresarial, crecimiento sostenido de producción interna, entre otros), se mantiene como una población sin condiciones de desarrollo. En otras palabras, se han encontrado procesos de cambio con grandes esfuerzos, pero aún hay un déficit enorme en la satisfacción de necesidades. En respuesta a ello, la población movilizada busca opciones políticas como Ollanta Humala en el 2011, Verónica Mendoza en el 2016 y logra, con Castillo, un presidente que terminó fuera del gobierno. Al acabarse las opciones económicas y políticas, solo queda la protesta que, bajo la perspectiva de la expositora, no tiene aún una organización sólida y evidencia, más bien, una sociedad fragmentada que, aunque protesta por la misma razón, no parece generar las bases de una representación social y política.
La ronda de reflexiones finales, motivada por el moderador Félix Reátegui, empezó con Caballero respondiendo a la pregunta sobre si hay convergencias entre los conflictos de antes por rentas y los del 2022 que son por disputa del poder. Mostró su perplejidad por los conflictos entre las propias poblaciones y las regiones, que deja un número alto de víctimas, por ejemplo, el que surgió a raíz del proyecto Majes Siguas entre Cusco y Arequipa, o los conflictos hídricos y los territoriales. Afirma que una de las causas reside en que las fronteras no están debidamente delimitadas, más aún si hay interés por recursos, como sucede entre Tacna y Moquegua por la renta minera. Así, se puede decir que la conflictividad no sólo enfrenta a la población contra el gobierno. Sobre los cambios que son producto del conflicto social, menciona que, por la particularidad en nuestro país, estos ocurren después del conflicto. Por último, menciona algunos elementos de convergencia en los últimos veinte años: en primer lugar, los nuevos liderazgos de las negociaciones de conflictos, líderes profesionales con capacidades de diálogo; segundo, la revaloración del rol de las autoridades tradicionales como legítimas autoridades; tercero, el control territorial producto de la cadena de conflictos.
Por su parte, la intervención de Remy responde a la pregunta sobre qué relación hay entre las movilizaciones o qué significan para los tejidos de política regional, que se encuentran casi en medio de la población movilizada y el estado nacional gerenciado en Lima. En primer lugar, responde a la intervención de Caballero mencionando que usualmente hay una gestión previa ante el Estado y luego se desarrolla el conflicto en procura de visibilidad, para luego abrirse el diálogo. Sin embargo, esta última ocasión presentó una diferencia fuerte porque no se abrió el diálogo. Uno de los problemas que esta secuencia de conflictos ha mostrado es que el Estado no ha generado políticas o cambios institucionales; es decir, ha respondido poco, como diseño institucional, a lo que genera problemas a la gente. Esto ha impulsado la demanda de cambio que hubo en la protesta actual. A esto se suma que el proceso de descentralización consistente ha fallado, que las opciones de política regional son menos claras pues se sabe de la corrupción de los alcaldes, etc., lo cual parece indicar un pase al retiro de la política regional. Así, además de la pérdida de legitimidad de la política regional, cabe pensar en un nuevo diseño de descentralización, pues este no canaliza las expectativas de la población. Por todas estas razones, concluye, el último conflicto es político porque es el poder de decisión lo que está en juego, lo que la gente cree que ha perdido.
Con estas reflexiones concluyó el segundo conversatorio del ciclo Crisis política, violencia y polarización en el Perú.
