31/03/2020

Repensando la representación del Estado y de la sociedad civil a través de sus respuestas frente al COVID-19

Por Grace Mendoza, Politóloga y miembro de la Línea Memoria, Democracia y Posconflicto del IDEHPUCP

Las acciones para prevenir el contagio del COVID-19 en el Perú rompieron gran parte de las dinámicas que considerábamos asociadas a la vida cotidiana. Nos hemos visto obligados y obligadas a repensar casi todas nuestras formas de interacción humana y a adaptarnos a esta nueva situación. Si bien estos cambios podemos observarlos en nuestra vida diaria, desde el lugar en el que nos encontremos; también, se están transformando o cuestionando las representaciones que teníamos o tenemos del Estado y de nosotros como ciudadanos y ciudadanas respecto de este. En ese sentido, en esta nota revisaremos algunas respuestas del Estado que están generando transformaciones en su representación, como que sea visto como pragmático y articulado y que, a su vez, intenta construir un sentido de comunidad para combatir el COVID-19; así como el cuestionamiento a dicha representación a través de los excesos en el uso de la fuerza y de la necesidad de rendición de cuentas que son denunciados por los ciudadanos y ciudadanas.

Transformaciones en la representación del Estado

De acuerdo con la encuesta de opinión de IPSOS (2020), el gobierno tiene una aprobación del 83% respecto de su desempeño frente al COVID-19[1]. Asimismo, las medidas dispuestas por este, como el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria, tienen más del 90% de aceptación. Si bien estas cifras se circunscriben en un contexto y acciones específicos como la pandemia del COVID-19, permiten dar cuenta de una percepción positiva frente al Estado que muy difícilmente se tiene, más aún, durante último año de gobierno. Esto podría deberse a que la representación del Estado se está transformando al presentarse como pragmático y eficaz y, a su vez, como promotor de la construcción de un sentido de comunidad necesaria para enfrentar esta problemática.

Desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú, el gobierno ha venido tomando acciones radicales, frente a otros países que demoraron en su respuesta. Si bien la explicación a ello fue evitar el desborde de nuestro sistema de salud, ya que no se cuenta con la capacidad de atención que una pandemia requiere, esto generó desde un primer momento la percepción de respuesta adecuada e inmediata. Ello se ha venido reforzando con la adecuación constante de la normativa, pero más importante con los informes diarios que brinda el Ejecutivo con las medidas adoptadas. Adicionalmente, se está dando la percepción de articulación; por ejemplo, a través de la declaratoria del estado de emergencia en Palacio de gobierno con participación de representantes de gobiernos regionales y municipalidades[2], o el énfasis en promover acciones descentralizadas que cuenten con la participación de los tres niveles del gobierno[3]. De esa manera, se está construyendo otra forma de relacionamiento que intenta ser más cercana con los ciudadanos y ciudadanas a través de esta percepción de eficacia y articulación.

Cuestionamientos a la representación del Estado

Si bien se están generando transformaciones positivas sobre la representación del Estado, también, como ciudadanos y ciudadanas estamos cuestionando esta visión constantemente. Este cuestionamiento se puede observar a través de  los casos en los que se evidencian los excesos en el uso de la fuerza y de la necesidad de rendición de cuentas que son denunciados por los ciudadanos y ciudadanas.

El uso de la fuerza, tema tratado ampliamente, es recurrente en el cuestionamiento a las acciones del Estado. La aprobación de la Ley N° 31012, Ley de protección policial[4] ha sido fuertemente cuestionada y se ha solicitado su derogación al contener anomalías que interfieren con la autonomía del Poder Judicial y por transgredir el principios de proporcionalidad que es esencial en la regulación del uso legal y legítimo de la fuerza pública[5]. Sumado a ello, se ha hecho de público conocimiento casos ocurridos a nivel nacional en el que se ejerce abuso policial contra ciudadanos o ciudadanas sin justificaciones estipuladas.

Por otro lado, en esta coyuntura se está cuestionando, también, la transparencia con la que están actuando las autoridades, específicamente a nivel regional y local. Es importante tomar en cuenta que a diferencia de la aceptación que recibe el ejecutivo, en el caso de los municipios o gobiernos regionales estos son cuestionados constantemente por su capacidad de gestión. Ello es razonable considerando que hasta el 2018 se registraron 4225 casos por delitos de corrupción en los que están comprometidos alcaldes y gobernadores[6]. En ese sentido, la relación entre estos niveles de gobierno y la sociedad civil debe de ser trabajada aún más. Las primeras acciones que podríamos observar que conllevan a ello es, por ejemplo, la invocación a brindar información para la actualización de sus bases de datos para brindar las canastas de productos básicos a poblaciones vulnerables. De esta manera se abre otro espacio para la participación. 

Estas transformaciones y cuestionamientos a la representación del Estado definen en cierta medida la relación que establecemos como sociedad civil con este. Profundizar en estos temas permitirá analizar los cambios que se generen ahora y posteriormente en las políticas públicas de los diferentes sectores. El Estado está teniendo respuestas que los ciudadanos y ciudadanas cuestionamos o validamos. La sociedad civil, también, está abriendo nuevas formas de participar e intervenir en estas decisiones. La pandemia no solo está cambiando la forma de respuesta estatal, sino que está variando nuestro relacionamiento con este y viceversa.


[1] Encuesta realizada el 21 de marzo de 2020. Ver resultados y ficha técnica en https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/encuesta_de_opinion-_cuarentena_covid-19.pdf
[2] https://www.youtube.com/watch?v=cAevIPqajak
[3] https://elperuano.pe/noticia-municipios-recibiran-s-200-mllns-93537.aspx
[4] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-policial-ley-no-31012-1865203-1/
[5] https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/editorial-una-ley-contra-el-estado-de-derecho/
[6] https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES.pdf

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