15/06/2021

Salud para migrantes, el derecho humano y la segregación social

Escribe Tessy Palacios (*)

A raíz del movimiento migratorio venezolano que tiene lugar en América Latina desde hace algunos años, y del cual el Perú es parte, siendo el segundo país receptor en la región, se han desplegado discursos que presentan a la población migrante como responsable de problemas sociales tales como inseguridad ciudadana, informalidad, limitada provisión de servicios públicos, etc. Entre ellos, la discusión sobre el servicio de salud nacional y la integración de personas migrantes cobra particular relevancia en el contexto actual de pandemia por la COVID-19.

En atención a ello, la Encuesta Nacional de Percepción sobre Migración Venezolana en el Perú aplicada en el marco del Proyecto de Investigación “Discriminación hacia la población venezolana: el rol de los medios de comunicación y autoridades políticas en la construcción de estereotipos y creencias” tenía la responsabilidad de incorporar el tema con el fin de reconocer de manera más clara qué percibe la ciudadanía peruana en un contexto crítico como este, en el que nos enfrentamos a un virus que no discrimina nacionalidad, condición social, edad ni género. Los resultados son impactantes, aunque no sorprendentes, pues concuerdan con las manifestaciones de xenofobia que identificamos en la cotidianidad.

La encuesta propone preguntas muy pertinentes para desagregar los vínculos entre acceso a salud y la consideración hacia las personas migrantes. Entre ellas, por ejemplo, plantea si este sector de la población debería gozar de acceso a servicios públicos de salud, a lo que un porcentaje considerable respondió que sí. No obstante, existe aún un 23,7% que se muestra en desacuerdo. Es alarmante que casi una cuarta parte de la población tenga esa opinión.

Adicionalmente, los datos permiten reconocer en qué grupo etario está más marcada esta postura y, en primera instancia podríamos deducir que existe mayor grado de apertura en generaciones más jóvenes hacia la integración de la población migrante en los servicios públicos como la salud, no solo como receptores del servicio, sino también como prestadores del mismo, como se muestra en los resultados de la pregunta sobre la incorporación de profesionales venezolanos/as al personal de salud en la lucha contra la COVID-19.

 

Sin embargo, esta proyección esperanzadora se diluye ante la pregunta de acceso igualitario a las vacunas tanto para población migrante venezolana como para peruanos/as: la postura a favor del acceso igualitario se presenta de manera más frecuente en personas de 60 años a más, mientras que son las generaciones más jóvenes las que señalan que se debe dar prioridad a peruanos/as. Se requiere, en ese sentido, de un análisis integral para interpretar adecuadamente los resultados de esta encuesta, el mismo que se detalla en el presente boletín como muestra de la compleja naturaleza del fenómeno migratorio en su etapa de integración en las sociedades receptoras.

Lo cierto es que en la construcción de la percepción sobre la migración venezolana se conjugan distintos factores que es necesario identificar. Ello permitiría contrarrestar los discursos predominantes que, en el Perú, legitiman la xenofobia, para trabajar en aras de una integración social positiva y respetuosa entre peruanos/as y migrantes que no subestime las problemáticas presentes en la sociedad, pero que sí las vea de la manera más objetiva posible, remitiéndose a la historia que nos antecede y apelando a las responsabilidades que recaen en autoridades, entes gubernamentales e, incluso, en cada ciudadano/a como parte del colectivo.

Revise el Boletín N° 3 aquí.

(*) Integrante del área de Comunicaciones.

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