Entre 1996 y 2000, el Estado peruano aplicó una campaña de esterilizaciones quirúrgicas, sobre todo a mujeres, en las zonas rurales más pobres del país. Este programa se cumplió sin que se brindara a sus posibles beneficiarios la información sobre sus consecuencias y su carácter irreversible, siendo la única preocupación el cumplimiento de cuotas númericas de operaciones por región. También se registró el fallecimiento de dos decenas de personas, por las precarias condiciones de higiene en las que se practicaban dichas intervenciones.
El caso ha sido declarado como complejo, debido a la trascendencia de los hechos, su gravedad y la amplia cantidad de testigos y agraviados.
En la investigación están comprometidos los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, así como otros funcionarios de este sector.
